En los alegatos del juicio civil que se lleva a cabo en la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, interpuesto por los denunciantes del ahora exsacerdote Fernando Karadima, el abogado Juan Pablo Hermosilla dio a conocer una carta enviada por el cardenal Francisco Javier Errázuriz al entonces nuncio apostólico en Chile, Giuseppe Pinto, el 1 de febrero de 2009.
En el documento, un año y dos meses antes de que el caso estallara públicamente (21 de abril de abril de 2010), el arzobispo emérito se refirió a cómo enfrentó las acusaciones en contra del expárroco.
La carta se titula «Un problema grave, que afecta la comunión del presbiterio y de la arquidiócesis de Santiago», y que el cardenal Errázuriz había enviado en junio de 2008 al entonces prefecto de la Congregación para los Obispos, Giovanni Battista Re. Eso sí, el correo enviado al nuncio en 2009 contenía «ejemplos más recientes».
Al referirse a las denuncias en contra de Karadima, Errázuriz reconoció en dicha carta su intención de proteger al núcleo del ex párroco ante las denuncias: «Hay acusaciones de hechos ocurridos hace algunos años, que pesan contra este sacerdote carismático (…) Pues bien, el hecho de que procedí conforme a lo acordado por la Conferencia Episcopal me significó el reproche indignado de dos hermanos obispos ‘por dar crédito a los acusadores, y haber pedido la intervención de un promotor de justicia’. La verdad es esta: era necesario pedir la intervención del promotor de justicia, conforme al acuerdo de la Conferencia Episcopal. La presentación de denuncias ante el promotor normalmente calma la agresividad de los acusantes. Por respeto al P. Karadima, no le pedí al promotor que lo interrogara; solo le pedí a Mons. Andrés Arteaga su parecer. Él consideró que todo era absolutamente inverosímil. Como se trataba de hechos prescritos, cerré la investigación. Así quise protegerlos, consciente de que mi manera de proceder, si los acusadores llevasen algún día el caso a la prensa, se volcaría contra mí».
Cercanos al cardenal Errázuriz manifestaron que «ese párrafo tiene errores, pero de ninguna manera es un encubrimiento».
CARTA A LOS FIELES
Un año y dos meses después que escribiera la carta divulgada ayer, y cuando el caso ya era público, el cardenal Errázuriz envió una misiva a los fieles de Santiago, denominada «En oración, justicia y caridad».
En dicho documento, del 25 de abril de 2010, el prelado expuso: «Las primeras denuncias formales, firmadas por ellos mismos, de tres personas que aseguraban haber sido víctimas del sacerdote, llegaron paulatinamente a partir de mayo de 2005. Las entregamos, como lo piden las normas de la Conferencia Episcopal, al Promotor de Justicia de ese entonces. Sobre los presuntos hechos echaba su sombra la prescripción que establece el Derecho Canónico. Por otra parte, existían innumerables y contundentes testimonios a favor del P. Fernando Karadima. Después de una primera investigación, y de encauzar las cosas de manera adecuada, dejé en suspenso la causa, esperando nuevos antecedentes, profundizando los ya obtenidos y haciendo nuevas consultas a peritos en materia jurídica canónica».
Lo que hacen ver los cercanos a Errázuriz es que cuando él escribió en febrero de 2009 que «cerró la investigación», mientras que en 2010 planteó que la había «dejado en suspenso», pasó un lapso de varios meses, en que sí se reabrió la causa. «También fue un error evidente», señalan ahora, sobre haber utilizado estos términos.
LOS PROTEGIDOS
Respecto de quiénes eran los que el cardenal quería proteger, como dijo en su carta, los cercanos aseguran que él aludía «al grupo de sacerdotes en torno a Karadima».
¿A quiénes se refería? En la misma carta de 2009 aludió a los casi 45 sacerdotes ordenados al alero de Karadima, entre ellos, los obispos Horacio Valenzuela (emérito de Talca); Tomislav Koljatic (Linares); Juan Barros (emérito de Osorno); y Andrés Arteaga (auxiliar de Santiago).
Errázuriz destacó en la carta que los sacerdotes formados por Karadima eran «piadosos, con buena base intelectual», debido que tenían años de estudios universitarios o una profesión. Además, escribió, eran «capaces de trabajar en todos los medios socioeconómicos, con un nivel cultural sobresaliente, decididos y fieles al obispo y sus compromisos sacerdotales. De hecho, es inusualmente alto el índice de perseverancia».
Pero el cardenal apuntó también a los problemas que encontró con este grupo de sacerdotes y obispos de El Bosque: por ejemplo, ninguno de los que pertenecían a la ahora extinta Unión Sacerdotal -que Errázuriz denomina Fraternidad- asistió a la ordenación episcopal de monseñor Ignacio Ducasse (hoy arzobispo de Antofagasta), y les molestaba cualquier cosa que pudiera ser interpretada como una crítica a su formador, Karadima.
«Un número considerable quedó muy molesto con uno de nuestros obispos auxiliares, simplemente porque afirmó que la dirección espiritual no tiene la tarea de educar a la dependencia del director espiritual, sino a la libertad de los hijos de Dios (…) (Sintieron que el obispo había criticado al P. Karadima)», expresaba el cardenal.
Lo que más preocupaba a Errázuriz era que la dirección espiritual de Karadima era de «obediencia» y de dependencia hacia él. «Esto explica la cantidad de veces que sus dirigidos lo llaman por teléfono para consultarlo».
Errázuriz también se refirió a Karadima: «Con el paso de los años, he llegado a una conclusión. El P. Fernando Karadima es un sacerdote muy piadoso, no muy inteligente, y sumamente afectivo, que necesita lealtades incondicionales no solo hacia Jesucristo, sino también a su persona».
LOS DENUNCIANTES
La Corte de Apelaciones está revisando el rechazo a la demanda de $450 millones interpuesta en contra del Arzobispado de Santiago por tres demandantes de Karadima, James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, por su presunta responsabilidad en encubrimiento de abusos sexuales en este caso.
«Está claro que mintieron», dijo ayer el abogado Hermosilla durante sus alegatos.
La carta de 2009 llegó a manos del abogado, debido a que también es querellante en el caso que investiga la Fiscalía Regional de O’Higgins por supuestos encubrimientos de autoridades de la Iglesia Católica en los abusos sexuales cometidos por algunos de sus integrantes. (El Mercurio)
