¿Qué pasaría si —contra todas las encuestas de los últimos cuatro meses— se impone el Apruebo en el plebiscito de salida? No basta con responder esta pregunta en términos jurídicos, diciendo que se deroga la Constitución vigente. Porque la interrogante obviamente apunta a los efectos previsibles del Apruebo en un país como el Chile actual, considerando no solo el texto de la Convención, sino también las lecciones que dejan los primeros meses del gobierno del Presidente Boric. En términos esquemáticos, puede decirse que —de vencer el Apruebo— Chile vivirá uno de los momentos de mayor incertidumbre institucional de su vida republicana.
Por un lado, una parte de la izquierda reconoce que, aun en ese escenario, sería indispensable reformar cuestiones vinculadas con la plurinacionalidad, el sistema político, la regulación del Consejo de la Justicia y un largo etcétera de materias de primer orden. Por otro lado, hay en la izquierda una segunda alma —silenciada con mayor o menor éxito estos días— que dominó la Convención y que tiene presencia en el Ejecutivo, que es reacia a cualquier modificación. En este contexto, ¿cómo alcanzar dos tercios o cuatro séptimos más plebiscito para reformar asuntos sustantivos del nuevo texto? En rigor, nada asegura que esos cambios profundos lleguen a buen puerto. Articular dichos cambios implicaría algo así como la ruptura de la coalición gobernante, con todas las consecuencias del caso.
Cabe agregar, además, que el nuevo pacto constitucional del Chile postransición tendría poco y nada de pacto. Políticamente se trata de un texto avalado en forma exclusiva por fuerzas de izquierda, y que dividiría al país en dos mitades durante mucho tiempo. Ya lo decía Enrico Berlinguer, el histórico jefe del PC italiano: para emprender transformaciones profundas, se requiere de algo más que una mayoría aritmética circunstancial (inflada, en este caso, con el obsceno bombín intervencionista del Gobierno). El oficialismo parece cerrar los ojos a esta realidad.
Pero hay más. La precaria legitimidad que tendría una Carta Magna aprobada en las circunstancias descritas estaría acompañada de una enorme presión por implementar la propuesta de la Convención. Esa presión tendría una dimensión estrictamente política: aquellos que rechacen las grandes modificaciones que necesita la propuesta alegarían que la prioridad es precisamente implementarla (algo de esto ya se observa en varios diputados de Apruebo Dignidad). Y dicha presión, además, tendría un componente legal: desde la hipotética aprobación del nuevo texto comienzan a correr una serie de plazos dignos de una distopía.
¿Exageración? Nótese: tres meses para la implementación de las iniciativas populares de ley; un año para adecuar la legislación electoral, crear el registro electoral indígena, convocar la consulta sobre la creación de las regiones de Chiloé y Aconcagua, presentar el proyecto de ley sobre los nuevos sistemas de seguridad social y de cuidados, y convocar las comisiones de transición ecológica y de asuntos territoriales (restituciones) indígenas; dieciocho meses para presentar el proyecto sobre el nuevo sistema nacional de salud; dos años para enviar los proyectos sobre sistemas de educación, defensoría del pueblo, defensoría de la naturaleza, vivienda digna y ciudad, entidades territoriales y autonomías territoriales indígenas; etcétera.
Como dato, recordemos que solo la implementación de la reforma procesal penal tomó cinco años. ¿Es viable implementar todo esto? ¿Es posible reformar en paralelo? ¿Qué capacidades tienen nuestro Estado y La Moneda para conducir ese proceso?
En efecto, las preguntas solo aumentan si advertimos que este inédito proceso de refundación del Estado sería dirigido por el mismo gobierno que, cualesquiera sean sus intenciones, desde la fallida entrada a Temucuicui el 15 de marzo pasado, ha tenido severas y diarias dificultades de gestión política y operativa, incluyendo errores diplomáticos y vencimiento de plazos judiciales. De hecho, solo durante la última semana el Ejecutivo tuvo problemas con Gendarmería, la (no) promulgación de una ley, el (mal) cálculo del CAE y la (no) aprobación del proyecto de infraestructura crítica —para no agregar el incordio con Chayanne—.
Ninguna de estas tensiones e inconvenientes debe ser considerada en abstracto, sino que en el marco de un país que literalmente sufre por la inflación y el orden público; y en el contexto de una coalición gobernante que exhibe diferencias de fondo frente a gran parte de los temas aquí expuestos. Si acaso es cierto que la sociedad chilena anhela cambios profundos, pero con estabilidad y certeza —seguridad en las distintas dimensiones de la vida—, nada indica que el Apruebo sea el camino. (El Mercurio)
Claudio Alvarado R.
Instituto de Estudios de la Sociedad
Daniel Mansuy H.
Universidad de los Andes
