Un tenso comienzo de año vivirá la minería nacional. O al menos eso se espera en el proceso de negociación colectiva entre trabajadores y administración de Escondida, el mayor yacimiento de cobre en el mundo, operado por BHP Billiton.
Los antecedentes para augurar una negociación compleja son varios: a diferencia del acuerdo alcanzado por Codelco en Chuquicamata, las tratativas en Escondida son regladas y no se conversó de manera anticipada. El sindicato ha tomado una posición más dura, negando la existencia de una crisis en la minería.
Lo que complicaría más a la minera serían las altas expectativas de los trabajadores, quienes habrían pedido un bono que, sumado a los préstamos blandos, llegaría a los $ 25 millones, según publicó El Mercurio de Antofagasta.
Esta cifra sería todavía más elevada que el de la última negociación colectiva ocurrida a comienzos de 2013, cuando en pleno boom de las materias primas, BHP Billiton pagó $ 23 millones, entre bono y préstamo blando. Éste se convirtió en el más elevado pagado por una minera en el país.
El lunes de la semana pasa el sindicato N° 1 de Escondida -que agrupa a más de 2.500 operarios- entregó su petitorio y, con ello, iniciaron de forma oficial el proceso de negociación colectiva.
A través de una declaración pública, el sindicato entregó los principales puntos que buscaban abordar en la negociación, pero también aprovecharon de marcar diferencias con Chuqui y el acuerdo anticipado conseguido con Codelco.
“En Escondida somos tres veces más productivos que en Chuquicamata, condición que haremos valer en nuestra negociación”, señalaron.
Agregaron que “desde el año 2013 a la fecha, hemos sido capaces de mantener la producción en cerca de 100 toneladas de cobre por trabajador a tiempo completo, mientras que las demás empresas muestran un promedio de 45 toneladas, registrando Codelco cerca de 40 toneladas y Chuquicamata menos de 30”.
El nuevo contrato colectivo que negociarán las partes será por el periodo 2017-2019 y entre los puntos centrales levantados por los trabajadores está la estabilidad laboral y el establecimiento de planes de egreso, regulación de las compensaciones variables y mejoras de beneficios sociales.
UTILIDADES CAEN 43%
Escondida informó sus resultados a septiembre, en donde se evidenció la caída del precio del cobre.
La minera obtuvo ganancias por US$ 671 millones, menor en 43% respecto a los US$ 1.176 millones del mismo periodo de 2015.
En el ejercicio, la mina operada por BHP Billiton, consiguió ingresos ordinarios por ventas de US$ 3.777 millones, 30% menos a los nueve primeros meses del año anterior, cuando alcanzó US$ 5.420 millones.
La producción de cobre fue de 762.384 toneladas métricas, 18% menos en 12 meses producto de una menor ley.
COLLAHUASI LLEGA A ACUERDO
Los abogados que defienden a los trabajadores estaban felices. Los de los empleadores, preocupados. Esa era la sensación en el mundo legal luego que la Corte de Apelaciones de Santiago, en octubre de 2015, reconociera de manera explícita la plena validez del ejercicio del derecho a huelga más allá de la negociación colectiva, en el marco de un “paro de brazos caídos” en la firma Actionline.
El dictamen, que posteriormente fue ratificado en dos ocasiones por la Corte Suprema, sentó un precedente en materia laboral, que por ende, afectó a otras causas de características similares.
Tal fue el caso de minera Doña Inés de Collahuasi, que se vio enfrentada a un grupo de trabajadores que realizaron una huelga de brazos caídos en protesta por el supuesto incumplimiento de parte de la empresa de medidas de seguridad y materias que fueron zanjadas en la última negociación colectiva.
En abril de este año la jueza del Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, Marcela Díaz, falló contra la empresa y decretó reintegrar o indemnizar a 27 operarios que habían sido despedidos por haber participado en la paralización extralegal.
“La manifestación sindical (…) tiene causa justificada, no constituye contravención legal, incumplimiento de deberes contractuales ni infraccional, sino que se enmarca en el ejercicio del legítimo derecho a manifestarse sindicalmente y a la acción sindical expresada en el derecho”, rezaba la sentencia de primera instancia.
Collahuasi contraatacó e interpuso un recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones de Iquique. Incluso durante ese proceso el abogado de la firma, Florencio Bernales, de Cariola Diez Pérez-Cotapos, encargó un informe en derecho al abogado y profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica, Sebastián Soto, denominado: “El derecho a huelga y la imposibilidad de ejercerlo fuera del contexto de la negociación colectiva”, con el fin de desestimar la procedencia del “paro de brazos caídos”.
Sin embargo, en el contexto de la jurisprudencia que ya había fijado la Corte Suprema en materia de huelga extralegal, y tras quedar en acuerdo la causa, la ministra de la Corte de Apelaciones de Iquique Mónica Olivares citó a las partes a una audiencia de conciliación, que concluyó en un avenimiento con los trabajadores para poner término anticipado al juicio, archivándose el fallo de primera instancia.
Tras varios meses de negociaciones, las partes acordaron que la causal del término de los contratos de trabajo de los demandantes es la contenida en el artículo 161, inciso primero del Código del Trabajo, esto es “necesidades de la empresa”. De ese modo, quedaron sin efecto las demandas interpuestas en contra de Collahuasi por tutela de garantías fundamentales con petición subsidiaria de despido injustificado.
También los trabajadores renunciaron a cualquier otra acción laboral, civil, penal o infraccional contra la empresa.
A cambio de todo lo anterior, Collahuasi accedió al pago en bonos por concepto de indemnizaciones, por un total de $833 millones, repartidos en partes desiguales entre los 27 trabajadores afectados. El monto de la mayor indemnización que contempla la transacción asciende a $72 millones, mientras el más bajo llega a $17 millones.
El acuerdo también considera la repactación del saldo insoluto de créditos hipotecarios que algunos de los operarios despedidos suscribieron con la minera.
Asimismo, Collahuasi asumió el pago de las costas personales de los abogados de los demandantes, representados por Hans Mundaca, que ascienden a $95 millones.
Considerando ese último ítem, el costo monetario del avenimiento alcanza los $928 millones para la compañía.
Collahuasi indicó a PULSO que “se trata de un juicio al cual las partes le pusieron término a través de un avenimiento. Dicho acuerdo se logró en el marco de un llamado a conciliación efectuado por parte de la Corte de Apelaciones de Iquique”.
GÉNESIS DEL CASO
El litigio data del 15 de junio del año pasado, cuando 481 trabajadores de minera Doña Inés de Collahuasi realizaron una paralización de actividades de 24 horas.
La protesta se dividió en dos fases: un grupo marchó por las calles de Iquique y otro se manifestó en un “paro de brazos caídos” en las instalaciones de Collahuasi.
Tras la movilización, la firma ordenó el despido de 31 operarios. Dos recibieron indemnización y otros dos fueron reincorporados. Los 27 restantes presentaron una demanda en el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique contra la minera, buscando impugnar la desvinculación.
Durante el juicio la compañía calificó el paro de “ilegal” por no enmarcarse en una negociación colectiva reglada y esgrimió que la paralización significó “un grave daño” en las faenas.
Los trabajadores tildaron el despido como una “represalia arbitraria y selectiva”, pues a su juicio, por una parte, no reconoció la plena validez del ejercicio del derecho a huelga más allá de la negociación colectiva y por otra, no se sancionó a todos los involucrados en la movilización. (DF-Pulso)
