La Iglesia católica española aprobó este martes un plan para reparar a las víctimas de abusos sexuales en su seno, una iniciativa que espera esté operativa en algunos meses pero que cuenta con la oposición del Gobierno, que lo considera unilateral e insuficiente.
Este anuncio se produce ante la creciente presión del gobierno del socialista Pedro Sánchez, que presiona a la Iglesia católica, criticada por las víctimas por su opacidad y la falta de avances hacia las indemnizaciones, para que compense a los afectados.
«Hemos aprobado las líneas generales de este llamado plan de reparación integral de víctimas de abusos», anunció en rueda de prensa el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.
Los obispos crearon un comité para evaluar cada caso y decidir el nivel específico de compensación, que empezará a funcionar «cuanto antes, a ser posible a partir de septiembre», dijo Argüello.
«Es un día significativo», porque en la Iglesia «hemos abierto una puerta» a la «reparación integral» de las víctimas, se congratuló Argüello. Pero el Gobierno, que en abril propuso la creación de un fondo estatal para indemnizar a las víctimas sufragado por la Iglesia, se opone a la iniciativa de la CEE.
«El gobierno no aceptará en ninguna circunstancia un sistema unilateral como el propuesto» por la Iglesia, sostuvo el ministerio de Justicia el lunes, en un comunicado publicado después de que el ministro Felix Bolaños recibiera a asociaciones de víctimas.
«El plan de la Iglesia no cuenta con presencia de las víctimas, no es obligatorio para las diócesis y sus resoluciones no tienen carácter vinculante, por lo que no se garantiza en ningún momento la reparación», añadió el texto.
«Parodia pura», tuiteó Juan Cuatrecasas, miembro fundador de la asociación de víctimas Infancia Robada, sobre la rueda de prensa de los obispos. Varias organizaciones de afectados han denunciado que no han sido tomados en cuenta por la Iglesia para preparar el plan de reparaciones.
Tras años de negarse frontalmente, la Iglesia católica española accedió en 2022 a indagar sobre los abusos sexuales a menores en su seno, lo que ya había hecho la Iglesia en otros países como Francia, Alemania, Irlanda, Estados Unidos o Australia.
Un informe de una comisión independiente encargado por el Parlamento español estimó, basándose en una encuesta, que, desde 1940, más de 200.000 menores sufrieron abusos sexuales por parte de religiosos católicos, cifra que aumentaría a 400.000 si se cuentan los abusos cometidos por laicos en ámbitos religiosos.
La Iglesia encargó una auditoría a un despacho de abogados que contabilizó al menos 2.056 víctimas. Pero la CEE, crítica por igual del informe de la comisión independiente como de la auditoría, emitió su propio informe, que da cuenta de 1.057 «casos registrados» en sus distintas diócesis, pero con solo 358 «probados» o «verosímiles».(Emol AFP)
