Un excomandante en Jefe del Ejército ha sido procesado por un posible mal uso de gastos reservados, por cerca de $ 3.500 millones. Creyendo, como creo, en la presunción de inocencia, no tengo ninguna intención de anticipar condenas. Para efectos de emitir juicios definitivos, lo justo es esperar que la defensa del general (R) procesado haga sus descargos y que los tribunales competentes vayan tomando las decisiones que correspondan. No necesitamos, sin embargo, esperar a tener sentencias definitivas para llevar adelante un debate a fondo sobre lo que parece ser una extendida y grave confusión sobre el sentido de los gastos reservados.
La ley define los gastos reservados como aquellos que, autorizados por la Ley de Presupuestos, pueden realizar ciertas autoridades para el cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa, y el orden público del país y a las funciones inherentes a la jefatura de Estado, y que por su naturaleza requieran de reserva o secreto. Los gastos reservados solo pueden emplearse para fines públicos legítimos que razonablemente suponen confidencialidad. De estos egresos, en todo caso, se rendirá cuenta anual, en forma genérica y secreta, al Contralor, considerando una desagregación por rubros que permita ilustrar a éste sobre el contenido fundamental de dichos gastos e incluyendo una declaración jurada sobre su correcto uso.
No quiero entrar ahora, sin embargo, a examinar los aspectos estrictamente jurídicos de los gastos reservados. Quiero, más bien, traer a colación un recuerdo histórico que puede servir para ponerle marco ético al problema. Fue a fines de 1878 que uno de los hombres de armas más notables que ha tenido nuestra Patria, Arturo Prat, recibió directamente del Presidente Pinto el delicado encargo de ir a Buenos Aires a observar, de manera discreta, la capacidad militar de la escuadra argentina. Se vivía un momento de tensión con el país vecino y nuestro gobierno quería contar con información de primera mano sobre su fuerza bélica.
El capitán Prat cumplió su misión de inteligencia exitosamente. Sus informes sobre la Armada argentina y el clima político en el país trasandino son completos y agudos. Concluida su misión y retornado a Chile, Prat entregó a nuestro gobierno un registro detallado de todos los gastos en que había incurrido. Y es aquí donde algunos historiadores, como Gonzalo Vial, entregan el dato adicional que quiero destacar. Prat había recibido una cierta cantidad de dinero de libre disposición, para llevar adelante su “misión de inteligencia”. Imposible pensar en gastos más reservados que éstos. El punto es que el balance de Prat, que evidentemente nadie en Chile podía corroborar, revelador de su austeridad, arrojó un saldo en favor del fisco chileno. Prat, un oficial joven, en cuyo hogar (con dos hijos) se vivía la estrechez económica, se adelantó en devolver al Estado más de la mitad de los fondos reservados que se le habían confiado. Su decoro puntilloso retrata a Prat como un ejemplo de espíritu republicano. (La Tercera)
Patricio Zapata
