La cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que en lo esencial libera de pago los primeros 150 minutos de estacionamientos en centros comerciales, clínicas y hospitales. Otras disposiciones recientes de igual carácter son las que obligan, uno, a las radios a dedicar un porcentaje de sus programas a la música chilena, y dos, a los teloneros a ser de nacionalidad chilena. Estas normativas legales, que a muchos les parecerán de menor importancia, son -junto con la reciente reforma educacional- indicios de una tendencia preocupante en el país por restringir los derechos de propiedad privados y las libertades individuales.
En el caso específico de los centros comerciales, ¿acaso no son los propios operadores aquellos que con mayor propiedad pueden determinar cuál es el número óptimo de estacionamientos que deben construir y qué es lo que deben cobrar -si algo- por su uso? En la actualidad, la ocupación de la mayor parte de este tipo de estacionamientos son gratuitos, porque todavía existe exceso de capacidad. A medida que en algunos centros este exceso se ha ido agotando -como ha sucedido en el oriente de Santiago- se ha racionado su uso vía precio. Es sabido que como no estamos racionando el uso del auto en nuestras ciudades, nos quejamos de la aguda congestión. Análogamente, si el proyecto que estamos comentando se aprueba en el Senado, las mismas personas que hoy se quejan por el cobro, se van a quejar luego amargamente por la falta de estacionamientos y la necesidad de hacer viajes más largos para llegar a aquellos centros en que sí puedan estacionarse.
¿Qué lógica tiene entonces, al margen de la populista, que el Estado expropie -porque de eso se trata en el fondo- una parte, aunque muy menor, del patrimonio de algunos centros comerciales para beneficiar económicamente a un número de automovilistas de clase media más bien alta? Pareciera que ninguna. En el corto plazo el número de autos que van a hacer uso de los estacionamientos no va a aumentar significativamente, dado que en general sólo se está cobrando cuando la capacidad de los correspondientes estacionamientos se está agotando. Pero en el mediano y largo plazo este uso va a disminuir relativamente, porque será menos rentable construir nuevos estacionamientos. Y como el sistema no beneficia a las personas que no tienen automóvil, la medida en comento ni siquiera puede justificarse por motivos redistributivos.
En resumen, la ley que libera de pago a los primeros 150 minutos de estacionamientos en los centros comerciales es el resultado de una ingeniería social que no parece tener justificación alguna, salvo una populista. Limita, estrictamente hablando, el derecho de propiedad y es ineficiente. Restringe además -tal como lo hacen la recientemente aprobada ley que pone fin al lucro, al copago y a la discriminación en la educación, y las disposiciones sobre música chilena y los teloneros-nuestra libertad para emprender y escoger. El Senado todavía puede y debe rechazar -al menos por simbólica- semejante aberración. (La Tercera)
