Rodrigo Valdés era uno de los pocos ex ministros de Hacienda que aún no manifestaba su postura de cara al Plebiscito del 4 de septiembre, pero eso cambió este domingo. Tras varios meses de reflexión, y luego de analizar las propuestas de las dos opciones, quien fuera el titular de la cartera en el segundo mandato de Michelle Bachelet anunció que votará Rechazo.
En una columna de opinión publicada en El Mercurio, Valdés comienza diciendo que «en política, el peso relativo de cada argumento es subjetivo . Personas que estimo y admiro concluyen lo opuesto a mí con, prácticamente, la misma información. A diferencia de ellos, considero que es mejor para Chile rechazar la propuesta constitucional en el plebiscito del 4 de septiembre».
CONTENIDOS PROBLEMÁTICOS
El economista inicia su argumentación destacando algunos de los aspectos positivos del texto emanado de la Convención Constitucional: «Es evidente que la propuesta tiene elementos valiosos; sin embargo, también hay temas de alta complejidad que no serán fáciles de reparar y que dificultarán nuestro desarrollo. Entre lo positivo está convertir a Chile en un Estado social, democrático y de derecho (aunque me parece, que en las dos últimas ya lo es) y otorgar reconocimiento y derechos a distintos grupos que hemos postergado por demasiado tiempo. Son paradigmas ya cristalizados y que, con seguridad, estarán en la próxima Constitución que organice nuestra convivencia».
Sin embargo, afirma que «los problemas, no obstante, también son varios. Algunos ya fueron identificados en el acuerdo de reforma de los partidos del oficialismo. Por ejemplo, la importancia de restablecer la iniciativa exclusiva del Presidente, eliminar la reelección presidencial inmediata y precisar el rol del consentimiento indígena. Son cambios que reducen la probabilidad de que extraviemos el rumbo».
«Pero hay otros problemas que serán muy difíciles de cambiar y que, en mi opinión, producirán grandes inconvenientes. Por ejemplo, más allá de su composición, el Consejo de Justicia concentra un poder excesivo y arriesga politizar el sistema. Más allá del tema del endeudamiento local, el modelo de descentralización deja muchos cabos sueltos. La imposibilidad de comercializar las autorizaciones de uso de agua generará un grave costo de eficiencia. Y que la ley no pueda restringir la huelga (excepto en casos excepcionalísimos) abrirá una caja de Pandora», añade.
Valdés continúa con sus cuestionamientos a la propuesta, aseverando que «por otro lado, hay asuntos que, aunque puedan ser del agrado de unos, no deberían ser parte de la Constitución. Parecen, más bien, amarres ideológicos (como los muchos que dejó la dictadura). Como un péndulo, pasaremos de un régimen en que la titularidad sindical es inconstitucional a uno en que es inconstitucional no tenerla. Lo mismo con el 7% de las cotizaciones de salud y un fondo común. La manera en que la nueva Constitución trata estos asuntos trasluce desconfianza en la capacidad de la democracia para encontrar las mejores políticas públicas». (Emol)
