Cerca de 100 indicaciones ingresó la oposición al proyecto de migraciones del Ejecutivo, cuyo debate en la comisión de Gobierno Interior se retoma la próxima semana. La iniciativa fue revisada de forma exhaustiva, en un trabajo conjunto entre todos los sectores de oposición, desde donde advirtieron que se trata de un proyecto deficiente y que en las condiciones que se encuentra no lo apoyarán, independiente de los tiempos del Gobierno.
«Es un tan mal proyecto, que compromete responsabilidad internacional para el Estado y asegura el crecimiento de la migración irregular. Como fuerzas de oposición, trabajamos juntos en la interposición de más de 60 indicaciones que, esperamos, puedan aportar», aseguró la diputada y miembro de la comisión de Gobierno Interior, Catalina Pérez (RD).
«Tenemos al menos unos 50 artículos con indicaciones, quizás más. Proponemos mejoras en el Consejo de Política Migratoria, incorporando más ministerios a él», añadió la también integrante de la instancia, Joanna Pérez (DC). Su par PPD Andrea Parra agregó que «este proyecto tiene muchas dificultades, poco rigor y serios problemas jurídicos. Espero que el Gobierno no se espante con todas las indicaciones que hicimos».
El plazo para ingresar cambios terminaba ayer a las 12 de la noche y al cierre de esta edición algunas minutas internas de los equipos jurídicos de las bancadas contaban cerca de 100 indicaciones al proyecto.
La acción de los diputados opositores se da en medio del debate respecto del ritmo legislativo y luego que el Gobierno acusara un bloqueo a la agenda legislativa. Actualmente, el proyecto tiene urgencia simple; sin embargo, se encuentra entre los proyectos prioritarios del Ejecutivo.
Las propuestas opositoras apuntarían principalmente a cuatro temas: el proceso de selección para otorgar residencias, que consideran funciona de forma encubierta; la discrecionalidad que aseguran regiría en la ley para proveer servicios básicos al migrante; la situación de los apátridas o personas que quedan sin nacionalidad y el procedimiento de expulsión de migrantes, donde cuestionan las 48 horas que tienen para presentar su defensa. (El Mercurio)
