La Presidenta Michelle Bachelet ha hecho un nuevo cambio de gabinete con el único propósito de reemplazar a los ministros y ministras que han, a su vez, decidido postular al Parlamento.
Esos son los hechos.
En un cuadro político caracterizado por un gobierno con baja aprobación; una coalición de gobierno muy fragmentada; una relación entre gobierno y coalición deteriorada; un resultado electoral en las municipales que, sin ser una derrota a lo menos electoral, sin duda no fue un triunfo político; con la campaña presidencial 2017 en pleno desarrollo; con una creciente desafección y mala evaluación de la ciudadanía hacia la política, los partidos y sus liderazgos, la Presidenta Bachelet se ha jugado por la mantención del equipo central de gobierno; es decir, su comité político.
Las expectativas de una parte de la Nueva Mayoría y de la oposición era un cambio más sustantivo. Sin embargo, los hechos más arriba señalados demuestran lo contrario.
En este cuadro, es imprescindible que el gobierno realice de verdad un nuevo trato con su coalición política que la respalda. La principal prioridad de esta relación debe ser un acuerdo político que contemple la jerarquización de la agenda legislativa en torno a un tercio de los proyectos de ley, en actual trámite, que le den viabilidad política y legislativa a dicho compromiso.
En mi opinión, los contenidos de ese nuevo trato entre gobierno y coalición debieran contener como un piso mínimo el sacar adelante -antes de que termine la actual administración- la reforma a la educación superior y la desmunicipalización de la educación básica y secundaria. Asimismo, en este sector se debiera seguir avanzando en la cobertura preescolar, en el fin del copago en la educación básica y media y en el aumento sostenido de la gratuidad en la educación superior.
Otro contenido esencial en este nuevo trato debe ser el buscar el respaldo político para seguir desarrollando en el sector salud la nueva infraestructura hospitalaria, el fortalecimiento de la salud municipal e ir resolviendo el tema de los especialistas.
Otro elemento importante en los próximos 15 meses es lo que denomino agenda de las libertades. Y en eso me remito a dos proyectos: uno en trámite legislativo y el otro por ingresar. Me refiero a que hay que lograr el éxito político de aprobar el proyecto de aborto terapéutico en las tres causales, y enviar lo más pronto posible el proyecto de matrimonio igualitario.
Asimismo, debe ser tema de este nuevo trato el inicio de la reforma al sistema de pensiones, enviando un proyecto de ley al Parlamento que garantice que el 5% de aporte patronal, ya definido por la Presidenta, sea gestionado por una agencia pública, y no por las AFP; así como determinar qué porcentaje de ese nuevo aporte va a la cuenta individual de cada trabajador y/o a reforzar el Pilar Solidario.
Por otra parte, es necesario un acuerdo entre el gobierno y la coalición para la elección de los nuevos gobernadores regionales, así como el traspaso de nuevas facultades y atribuciones a dichos gobiernos.
La tarea para la Presidenta y el gobierno es muy compleja, por el contexto político antes reseñado, pero a su vez es imprescindible para que el gobierno y la coalición cumplan con el mandato mayoritario que la ciudadanía les entregó en 2014, tanto en la elección presidencial como parlamentaria.
Todo esto es muy difícil, pero no cabe otra que respaldar las decisiones de la Mandataria, reconociendo los errores cometidos y buscando un nuevo trato efectivo y eficiente entre el Ejecutivo y la Nueva Mayoría. Si no lo hacemos bien, que nadie derrame «lágrimas de cocodrilo» cuando la derecha vuelva a La Moneda el 11 de marzo del 2018. (El Mercurio)
