En noviembre de 2020, los dueños de un terreno ubicado en Viña del Mar presentaron un recurso de protección, por la toma ilegal de este.
En el escrito señalaron que «con motivo de una visita de rutina», se dieron cuenta de que «terceros ajenos han ingresado al predio, a la fuerza y con rompimiento de puertas, cercos y cierros en general, para proceder a tomarse el inmueble (…) donde han comenzado con movimientos de tierra y construcción de viviendas«.
El recurso fue desestimado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero luego la Corte Suprema revirtió esa decisión.
Sin embargo, el máximo tribunal acogió el recurso de protección «sólo en cuanto se dispone que los propietarios de los terrenos involucrados, Carabineros de Chile, la Municipalidad de Viña del mar, la Seremi de Salud de la región, el Servicio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Desarrollo Social deberán coordinarse a fin de que, de manera conjunta, se otorgue una solución global y efectiva a la situación que viven los recurridos, de manera tal que sus derechos sean igualmente resguardados».
Decisión que generó debate entre los especialistas, quienes aseguran que el fallo podría «incentivar» la toma ilegal de terrenos.
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