Fijar un tope legal al endeudamiento público de Chile es la novedosa apuesta que plantean el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el economista fundador y socio de Econsult, José Ramón Valente.
En una columna en La Tercera, titulada “Para recuperar la confianza fiscal”, ambos economistas advierten la delicada situación fiscal que dejará como herencia el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que en apenas cuatro años aumentó la deuda pública en más de US$30 mil millones y en más de 12 puntos porcentuales del PIB.
Ello llevará a una casi segura baja en la clasificación de riesgo de Chile por primera vez en 25 años, lo que tendrá un negativo impacto que llegará a cada consumidor chileno, ya que subirán las tasas de interés de todos los créditos que se pidan (hipotecario, comercial, de consumo, etc.), e importantes empresas internacionales no podrán invertir en Chile por el alto riesgo, castigando fuertemente la inversión.
Esta propuesta, además, surge 15 años después de que la dupla del ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y el entonces asesor y actual ministro, Rodrigo Valdés, implementaran en 2001 la regla de balance estructural, que plantea fijar el nivel de gastos totales en un nivel tal que el balance estructural del sector público sea equivalente a un mismo porcentaje del PIB en todos los años, que fue inicialmente de 1% al actual 0% del PIB.
Esto significa que, cumpliendo esta regla, el balance efectivo debe ser menor a 0% del PIB cuando las condiciones cíclicas sean desfavorables, y superior a 0% del PIB cuando las condiciones cíclicas sean favorables al presupuesto fiscal.
Esa regla, sin embargo, no se ha cumplido en esta administración, pese a que Bachelet prometió en su programa de gobierno que parte de la reforma tributaria se usaría para financiar el déficit fiscal heredado en 2013.
La propuesta de la fijación de un techo legal es explicada en extenso a “El Líbero”por sus autores, Felipe Larraín y José Ramón Valente, quienes, además, le ponen nombre y apellido a los responsables de que Chile retroceda en su clasificación de riesgo.
– ¿Cuál es la necesidad de fijar un límite legal a la deuda pública?
– Desafortunadamente, la regla de superávit estructural ya no es suficiente garantía de buen comportamiento. El actual gobierno prometió llevar el déficit estructural a cero al final de su periodo. Para ello también prometió utilizar un tercio de la reforma tributaria para lograr dicho objetivo. Pero la realidad dista mucho de la promesa. El gobierno de Michelle Bachelet recibió un déficit fiscal estructural de 0,5% del PIB, y lo va a entregar con un déficit estructural de 1,5% del PIB. El gobierno de la Nueva Mayoría erosionó la credibilidad en la regla de superávit estructural, y en el compromiso de Chile con un manejo responsable de sus finanzas públicas. Para mostrar al mercado un renovado compromiso con una política fiscal responsable, Chile debe adquirir nuevos compromisos de buen comportamiento y un consenso político amplio en torno a la responsabilidad fiscal. Una forma de lograr esto es fijando un límite máximo al endeudamiento del país en relación a su PIB.
– ¿Cuáles serían las consecuencias para Chile de no fijar un límite legal a la deuda pública?
– El déficit fiscal de Chile para este año será superior a 3% del PIB. Esto implica que el fisco se está endeudando en más de US$ 8 mil millones al año para financiar dicho déficit. Como consecuencia de lo anterior, en los últimos tres años el fisco chileno ha acumulado más de US$ 30 mil millones de nuevo endeudamiento. La deuda del sector público ha subido desde un 12% del PIB a fines del 2013 a un 25% del PIB, proyectado a fines del 2017. De seguir endeudándonos a este ritmo, Chile podría triplicar su endeudamiento público en los próximos 10 años y arriesgaría perder su estatus de país “investment grade”. Es decir, pasaría a ser un país apto solo para inversiones especulativas.
– ¿Por qué se fija el límite en 35% y no en otra cifra?
– Nuestra propuesta es fijar un límite que le permita a Chile, al menos, mantener los niveles de clasificación de riesgo que tiene actualmente. Nuestro país tiene varias desventajas respecto de otros países de alta clasificación de riesgo, que lo obligan a ser especialmente cautelosos en términos de su nivel de endeudamiento. Entre ellos, destacan el hecho de que los commodities, especialmente el cobre, representan una fuente de ingresos importantes para nuestro país. Como sabemos, este tipo de bienes tiene pronunciados ciclos de precios que hacen más impredecibles los flujos de ingresos de países como Chile. Por otro lado, a pesar de los avances de los últimos 30 años, Chile sigue siendo una economía pequeña y de ingreso per cápita inferior a la de los países desarrollados. De acuerdo a los criterios de las clasificadoras de riesgo, ello nos hace un país más vulnerable. Por todas estas razones, Chile debe mantener niveles de deuda inferiores a los que observamos para otros países clasificados en el rango de AA-. De hecho, cuando analizamos los países comparables con Chile, que tienen clasificaciones de riesgo A o mejor, llegamos a la conclusión de que nuestro endeudamiento no debiera sobrepasar el 35% del PIB, si es que queremos mantener nuestra clasificación de riesgo actual.
– ¿Es una medida inédita o se aplica en otros países? ¿Qué resultados ha arrojado?
– No hay muchos países que se autoimpongan medidas como ésta. Sin embargo, EEUU tiene una medida aún más restrictiva. Ellos fijan un máximo al nivel absoluto de su deuda. Es decir, al monto máximo de endeudamiento en dólares. Nuestra propuesta es técnicamente más robusta, toda vez que permite mayor endeudamiento en la medida que el país va creciendo. Si nuestra economía creciera al 5% al año como lo venía haciendo en el gobierno anterior, el límite que estamos proponiendo para la relación deuda pública/PIB no sería para nada restrictivo. El limite se hace restrictivo solo si crecemos muy poco y nos endeudamos mucho, como ha sido la tónica durante el actual gobierno.
– Si se respetara el balance estructural, ¿igual se requeriría fijar un tope legal a la deuda?
– Creemos que ya es tarde para eso. Por su puesto que hay que respetar el compromiso de déficit fiscal, pero desafortunadamente este gobierno no cumplió su palabra y erosionó la credibilidad de la regla de superávit estructural. Con el tiempo dicha credibilidad se puede recuperar. Pero, por el momento, Chile necesita mostrar un compromiso renovado con el buen manejo de sus finanzas públicas. Para eso, nuestra propuesta de fijar un límite al endeudamiento del sector público es una herramienta que creemos sería muy importante y significativa.
– En caso de que se rebaje la clasificación de riesgo de Chile, a su juicio, ¿quién o quiénes serán los responsables?
– La rebaja de la clasificación de riesgo de Chile es inminente. De hecho, el mercado ya tiene internalizada dicha disminución. Los precios a los que se transa la deuda publica chilena son consistentes con un país clasificado en A, y no con la clasificación AA- que tenemos hoy. El tema es si ésta será la única rebaja o entraremos en un espiral de disminuciones en nuestra nota. El responsable de la baja en la clasificación de riesgo de Chile es el manejo laxo y casi irresponsable que el actual gobierno hizo del gasto fiscal, particularmente, pero no exclusivamente, durante el tiempo en que Alberto Arenas fue ministro de Hacienda. Es bueno recordar que solo meses después del terremoto del 2010, las clasificadoras de riesgo elevaron la clasificación de riesgo de nuestro país como premio al buen manejo financiero que el gobierno chileno realizo durante dicha crisis. El contraste con lo ocurrido durante el actual gobierno es más que evidente. (El Líbero)
