El 25 de noviembre pasado, la encarcelada abogada María Leonarda Villalobos declaró ante el fiscal jefe de Alta Complejidad y Crimen Organizado de Las Condes, Miguel Ángel Orellana, por el caso Factop, profundizando en su relación con algunos personajes involucrados y lanzando al persecutor una pequeña bomba de racimo: el eventual financiamiento a políticos con dineros provenientes del factoring.
Al respecto, la abogada comentó que “no es novedad que los políticos pidieran préstamos a los factoring” y, de hecho, la Fiscalía clasificó uno de sus ítems de preguntas como “campañas políticas”.
Villalobos –formalizada por lavado de activos, estafa y delitos tributarios– ya había comentado en una declaración anterior que una vez le preguntó a Alberto Sauer, el patriarca del clan familiar que fundó Factop, si era cierto que Rodrigo Delgado, exministro del Interior de Piñera, había ayudado en algunas gestiones con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). “Me dijo que sabía por Daniel que sí, que estaba hablando con alguien”, declaró la abogada, en referencia a Daniel Sauer.
En julio de este año, Rodrigo Topelberg, otro de los socios de Factop, también había declarado que le llamaba la atención el vínculo “entre los Sauer y Rodrigo Delgado”, aseverando que “desconozco la naturaleza de las inversiones que tenía en Factop o el vehículo societario por medio del cual ingresó, pero sé que su intermediario más usual; es decir, el que actuaba en representación de Delgado normalmente, se llamaba Felipe Heresi”, precisó.
El otrora socio de Factop aseguró que este último lo llamó varias veces después que estalló el caso, almorzando con él un par de veces, y que desconocía si Delgado se reunía con los hermanos Sauer fuera de la oficina.
Fuentes cercanas a Rodrigo Delgado aseguraron a El Mostrador que el exalcalde de Estación Central efectivamente habría invertido en el factoring, hace alrededor de 10 años, transformándose en acreedor de la compañía, pero negaron algún tipo de financiamiento de campaña política.
Además, Villalobos agregó que “hubo querellas de giro doloso de cheques, de una tal Asunción Lavín junto a su pareja Isaac Givovich. Recuerdo alguna cercanía que tenían con Rodrigo Delgado, él era inversionista, al parecer es cercano a la colonia Palestina”, aseguró, en referencia a su segundo apellido (Mocarquer).
Asunción Lavín es hija del abanderado presidencial de la UDI, Joaquín Lavín (hermana del diputado del mismo nombre) y Givovich su esposo, quien estuvo implicado en el caso Caval, aunque nunca fue formalizado. Villalobos también dijo que Andrea Molina y Asunción Lavín actuaban en el factoring asesoradas por Jorge Peralta y Givovich.
Ariel Sauer, en tanto, aseguró en su declaración que la exdiputada de la UDI Andrea Molina le pidió al factoring $120 millones para su campaña a senadora por Valparaíso, el año 2017, y que la deuda no se había cancelado.
El otro nombre político que apareció en esa escena, aportado por Villalobos, fue el de “una tal Coca“, en una posible referencia a la exsenadora y expresidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe, quien acaba de ser designada como candidata a la vicepresidencia de su partido en una lista de unidad.
El Mostrador se comunicó al respecto con la psiquiatra, quien respondió que no conoce a los involucrados y que, por ende, la referencia no sería respecto de ella.
ÁLVARO JALAFF
A la consulta de la Fiscalía respecto de si le entregaron un listado de sociedades de Álvaro Jalaff para consultar en el SII –tal como aseguró en su declaración el exgerente de Grupo Patio, Marcelo Medina–, Villalobos dijo que efectivamente se reunió con el directivo en su oficina de Alonso de Córdova y que la instrucción venía de Álvaro Jalaff, por indicación de Luis Hermosilla.
“Luis Hermosilla instruyó a los Jalaff que realizaran informes para justificar las facturas que ellos emitían”, agregó la abogada en su declaración.
Villalobos aseguró que esta solicitud era debido a que la intención de Álvaro Jalaff era “pagar esas facturas”. “Entregué personalmente a Marcelo Medina un listado hecho a mano con las empresas que Álvaro solicitó, con cantidad, fecha y monto de aquellas facturas”, aseguró.
RENATO ROBLES
Leonarda Villalobos asegura que al funcionario de la Tesorería General de la República, Renato Robles –imputado por cohecho reiterado–, lo conoce desde el año 2017, a través de una gestión que realizó para una empresa, accediendo a diversas sugerencias de este sobre cómo realizar convenios.
La abogada señala que “en la mayoría de los casos” ella indicaba a sus clientes que podía obtener información ante el organismo fiscalizador, a través de un contacto, o haciendo pasar a alguna persona cercana como un alto funcionario de la entidad, tal como lo reveló la Unidad de Investigación de El Mostrador en un reportaje anterior.
“De a poco me di cuenta que podía realizar las gestiones sin pagar supuestamente a mi contacto de la TGR y me quedaba con el dinero”, relató sobre el “blufeo” realizado a sus clientes.
Villalobos aseguró que la única información relevante proporcionada por Renato Robles era anticiparle las resoluciones y que el funcionario también la ayudó a consultar sobre las empresas de Munir Hazbún, pero que los dineros que le pagaron “nunca llegaron a Robles”.
LA SOCIEDAD DE TONKA
La abogada que grabó el audio en la oficina de Luis Hermosilla declaró a Fiscalía que este último solo solicitaba audiencias con altas autoridades de los servicios y que ella hacía el trabajo en terreno. “Siendo busquilla y catete lograba resultados”, explicó.
En este contexto, durante marzo de 2023, Luis Hermosilla le pidió que revisara la situación tributaria de las empresas de Tonka Tomicic, accediendo a sus claves del Servicio de Impuestos Internos, además de gestionar una carta poder para regularizar una de las empresas de la animadora, llamada Diamond.
Hermosilla le solicitó la acreditación de actividad y regularización del domicilio de la empresa de Tomicic, gestionando ella el trámite con Patricio Mejías, funcionario del Servicio de Impuestos Internos que se encuentra con arresto domiciliario total.
La dirección propuesta fue la oficina del abogado, pero esta alternativa fue rechazada por el SII, debiendo realizar un contrato de arriendo entre inversiones DAS, representada por Ariel Sauer, y la empresa Diamond.
Villalobos asegura que su vínculo con Tomicic era a través de Hermosilla –salvo una vez que conversó con ella directamente–, y que el pago efectuado a Mejías fue por la gestión que realizó el funcionario respecto a la empresa Diamond, situación de la cual el exabogado del Ministerio del Interior estaría al tanto, aseguró Villalobos.
“En relación al pago realizado a Patricio Mejías con fecha 29 de junio de 2023, desde la cuenta de mi empresa Steuern, puedo decir que corresponde al pago de las gestiones que Mejías me hizo en relación con la empresa Diamond”, señaló Villalobos.
La gestión la habría realizado, reconoce la abogada, bajo condición de que Tonka Tomicic pagara una deuda que tenía con una clienta suya, Gladys González Núñez, la “Cuca”. “Cuestión que cumplió, pagando en cuotas”, aclaró.
TOPELBERG
En el contexto de la falta de liquidez para enfrentar las deudas de Factop, Villalobos cuenta que Luis Hermosilla comentó que él tenía un “amigo cliente” que contaba con la liquidez necesaria para ayudarlos, debido al incumplimiento de pago de Álvaro Jalaff, pero que desconocía cómo “financiaron finalmente esas operaciones”.
La abogada declaró que fue ella quien le solicitó tomar un “rol más activo” a Rodrigo Topelberg, sugiriéndole incluso que tomara la gerencia general durante el proceso de ordenamiento ante la CMF, respondiendo este último que tenía disposición, pero que debía conversarlo con su familia, particularmente con su esposa Yael Speisky.
Leonarda Villalobos señaló que, al otro día de los alegatos en la CMF, se reunió con Rodrigo Topelberg, quien le confesó que “él siempre supo que la plata que le solicitaban transferir a STF tenía por objetivo la manipulación de los índices para informar a la CMF” y que Daniel Sauer le comentó que Topelberg también se financiaba con la emisión de facturas falsas de “The Barbers, La Vinocracia, Apart Hotel Ñuñoa, inversiones Ilihue, entre otras”.
Villalobos aseguró que, a través de la declaración de Daniel Sauer ante la CMF, ella se enteró “para qué usaban Inversiones Guayasamín”. “Esta empresa hacía operaciones ficticias en STF, utilizando para ello cheques, los que me llamaron la atención porque eran correlativos y tenían la misma letra, pero distinta firma, la que me pareció irrisoria”, explicó. (El Mostrador)
