“Efectivamente, la instalación no ha sido fácil”. Esas fueron las palabras de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, para referirse el miércoles a las dificultades que han transmitido algunos ministros y autoridades del Ejecutivo sobre el proceso de instalación.
En el marco de una actividad en Puente Alto, la titular de la Segegob abordó los cuestionamientos de algunos personeros del oficialismo debido a la imposibilidad de desvincular gente de la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet y, por ende, de realizar nuevos contratos. Esto, principalmente debido a dos fallos que ha emitido la Corte Suprema y que al interior del oficialismo los han calificado como “fallos de amarre”.
Uno de ellos establece que existen restricciones para poner término a los empleos a contrata para personas que han tenido renovaciones por más de dos períodos, lo que se traduce en “relaciones indefinidas por el Estado”.
“Estas dificultades se producen, primero, por la no voluntad de muchas personas, muchos de los cuales son activistas políticos, que nadie sabe para qué estaban en las pegas y no quieren irse de las pegas. Segundo, esto de alguna manera fue ratificado o se generó también producto de un fallo de la Corte Suprema que salió sólo a unos días de asumido el gobierno del Presidente Piñera”, dijo el martes el ministro de Minería, Baldo Prokurica.
Ante esto, Pérez insistió en que “no ha sido fácil (la instalación), a lo largo de todo Chile, los testimonios están”.
Por esta razón, la secretaria de Estado anunció que “cada uno de los ministerios va a llevar a cabo auditorías, y esas serán dadas a conocer al país”. Y añadió: “Creemos que la transparencia es una virtud que nuestro país tiene que tener y que fomentar. Sin perjuicio de todas las dificultades, vamos a trabajar con esfuerzo”.
En el Ejecutivo comentan que la decisión de llevar adelante las auditorías es para revisar todos los contratos que hay hasta el momento y el estado de los gastos que hay en cada una de las carteras. Las mismas fuentes añaden -sin definir un plazo para tener los resultados- que esperan que los informes estén lo antes posible.
“La instalación de los distintos ministerios no ha sido fácil, porque la Nueva Mayoría dejó amarrados algunos contratos, los que uno sabe son de confianza y, por lo tanto, deberían quedar a criterio de la nueva administración”, dijo el miércoles la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo. En ese sentido, y en sintonía con lo dicho por la ministra Pérez, Bravo recalcó que “vamos a iniciar una auditoría interna precisamente para hacer las cosas bien”.
En las auditorías, además, se revisará la ejecución de programas y convenios. Así, el ministro de la cartera, Felipe Ward, agregó que “es preciso realizar auditorías para determinar la eficiencia de ciertos procesos y convenios. El resultado será determinante en la selección de las medidas a implementar”.
ANEF
Dificultosa ha sido la instalación administrativa del Gobierno. De acuerdo a lo que informó La Tercera, al interior del poder ejecutivo apuntan a que han existido inconvenientes para formar los equipos en las diversas reparticiones, los que se han acrecentado por dos sentencias laborales que le denominan “fallos de amarre” de la Corte Suprema.
Sin embargo, el concepto de “fallos de amarre” no gustó nada al presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Carlos Insunza. En especial, por la argumentación que hizo el ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien señaló ayer que “estas dificultades se producen, primero, por la no voluntad de muchas personas, muchos de los cuales son activistas políticos, que nadie sabe para qué estaban en las pegas y no quieren irse de las pegas” y que “esto de alguna manera fue ratificado o se generó también producto de un fallo de la Corte Suprema que salió sólo a unos días de asumido el gobierno del Presidente Piñera”.
“Me parece que el ministro va a tener que terminar reconociendo que se equivoca. Habiendo sido senador, él sabe de sobra que las organizaciones sindicales hemos venido desplegando un proceso de respeto de los derechos de los trabajadores del Estado. Y se ha ido asentando jurisprudencia, que a estas alturas no es novedosa“, respondió Insunza en La Tercera.
Agregó que “los fallos son importantes porque vienen a ratificar lo que los tribunales laborales o cortes de apelaciones han expresado limitando las facultades de las autoridades respecto de los trabajadores del Estado. Estas sentencias sólo ordenan que se cumpla la legislación vigente”.
“Es un absoluto despropósito puede deberse a alguna ofuscación. Es improcedente, una falta de respeto con organizaciones sindicales y con el poder judicial”, recalcó.
Sobre el hecho de que al interior del Gobierno estudien la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional para revocar estos dos “fallos de amarre” de la Corte Suprema, Insunza expresó que “buscar por la vía judicial establecer que los trabajadores públicos no tienen derechos es una señal de preocupación. Yo espero que no pase más allá de ser una expresión desafortunada”.
“Es improcedente. Son fallos a firme. No pueden ser revocados. El Poder Judicial ha estado mandatando para que se cumpla la ley”, añadió.
LA CLÁUSULA
Por otro lado, y según fuentes de Gobierno, a algunos funcionarios se les modificó el contrato, sacando de sus cláusulas la expresión “exclusiva confianza”, lo que -aseguran- se hizo de manera discrecional para evitar que fueran desvinculadas.
“Puede que haya una dificultad administrativa. Los cargos de confianza están delimitados. Lo que hemos monitoreado es que hay ministerios y subsecretarías en que no se han nombrado a todos los cargos de confianza, por ejemplo los jefes de división, y hay funcionarios de carrera que están subrogando”, respondió Insunza.
“Me parece que si hubiera situaciones en que alguna autoridad tiene dudas sobre la materia, corresponde que recurra a la Contraloría General de la República para que tome medidas”, adicionó.
En este sentido, reflexionó: “No corresponde que se siembre una duda general. Lo que percibimos es que se está instalando un discurso que justifique el despido de trabajadores de línea, permanentes”.
Al mismo tiempo, advirtió que “vamos a asumir un rol de defensa del empleo público en el rango que corresponde al empleado permanente”.
“En los casos que detectemos despidos arbitrarios, vamos a utilizar todo el instrumental disponible, iremos a la Contraloría General de la República y, cuando corresponda, iremos a los tribunales de justicia”, sentenció. (La Tercera)
