La ministra de Justicia, Marcela Ríos, presentó este jueves el «diseño participativo» del Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura, programa que fue anunciado por el Presidente Gabriel Boric en su primera Cuenta Pública.
La propuesta inicial del Gobierno fue introducida a familiares de víctimas y representantes de organizaciones y sitios de memoria de todo el país en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, instancia que a su vez sirvió como el primer encuentro nacional participativo para aportar a esta política, dado que la cartera busca iniciar un espacio de discusión que permita ajustar el proceso.
De momento, se prevé establecer cinco ejes -divididos en al menos 35 acciones- y líneas temáticas que servirían para estructurar el proyecto en base a las obligaciones internacionales, recomendaciones de la sociedad civil y experiencia comparada, con el objetivo de dar con el paradero de al menos 1.159 víctimas que aún son buscadas.
Por ahora, pretenden sistematizar todos los datos disponibles en distintos estamentos; cruzar información; analizar las carpetas que se mantuvieron sin revisar en la Subsecretaría de Derechos Humanos; hacer una georreferenciación de sitios de exhumación, y realizar una campaña de toma de muestras de sangre, entre otras ideas.
La Tercera PM consignó que el plan también contempla una mesa intersectorial, por lo que la ministra Ríos sostuvo que «todas las instituciones del Estado tienen que estar al servicio de este trabajo; lo hemos conversado con la ministra (de Defensa) Maya Fernández y, una vez que tengamos diseñado este plan en conjunto con las organizaciones, vamos a poder tener una conversación más detallada con las Fuerzas Armadas para pedir colaboración en casos específicos«.
Por otra parte, la secretaria de Estado recalcó que «miles de chilenos y chilenas tienen algún familiar que aún está desaparecido o desaparecida y no sólo no han logrado hacer un entierro, una despedida, como toda persona merece, sino que también en muchos casos no conocen toda la verdad; no saben en qué circunstancias sus familiares fueron detenidos y desaparecidos o ejecutados y, en la mayoría de los casos, tampoco se ha logrado justicia respecto de quienes perpetraron estos terribles crímenes contra la humanidad».
LOS CINCO EJES INICIALES
En primer lugar, el Ministerio de Justicia planteó la necesidad de adoptar todas las medidas apropiadas para la búsqueda, el respeto y la restitución de los restos de las víctimas, todo esto con la participación activa de sus familiares. En ese sentido, las autoridades proponen establecer un mecanismo de consulta online sobre el estado de búsqueda de una persona, así como entregar apoyo psicosocial y fijar un protocolo de atención con enfoque diferencial, entre otras medidas.
Al ir a las metas concretas, se habla de «conocer el universo total de víctimas de desaparición forzada en Chile, tanto en lo concerniente al número de personas detenidas desaparecidas como aquellas ejecutadas políticas sin entrega de restos», para lo cual sugieren elaborar un estudio que sistematice y determine aquella población; confeccionar un listado de víctimas de desaparición forzada cuyos restos han sido encontrados, identificados y entregados; tomar muestras de sangre en todo el territorio nacional; periciar las osamentas que se encuentran en dependencias del Servicio Médico Legal, y confeccionar una ficha con los datos ante mortem de las víctimas.
Asimismo, se propone recopilar, sistematizar y analizar los antecedentes ya contenidos en diversas instituciones públicas y privadas, por ejemplo, sentencias judiciales firmes dictadas en procesos criminales en los que se investigaron secuestros u homicidios; información contenida en los Consejos de Guerra realizados durante la dictadura, y las carpetas de los soldados exconscriptos.
Posteriormente, se habla de investigar el paradero de las víctimas de desaparición forzada y eventualmente realizar las diligencias para recuperar sus restos, identificarlos y entregarlos a sus familiares. Con ese fin, ofrecen elaborar un catastro de todos los sitios conocidos de inhumaciones y exhumaciones ilegales, georreferenciando su ubicación; solicitar al Poder Judicial que instruya los trabajos de arqueología forense; abrir un mecanismo para que familiares y agrupaciones entreguen datos sobre posibles lugares de interés, entre otras medidas.
Por último, la cartera señala que se debe investigar judicialmente sus paraderos, y para ello, propone confeccionar un catastro de causas criminales en las que actualmente se indaga el delito de inhumación y exhumación; determinar el universo de víctimas respecto de las cuales se interpondrán querellas; definir la estrategia judicial, como también fijar mecanismos y procedimientos de articulación, coordinación e intercambio de información «doble vía» con el Poder Judicial.
LOS PLAZOS DE LA INICIATIVA
La subsecretaria de DDHH, Haydee Oberreuter, explicó que si bien esperan tener el plan consolidado a inicios de 2023 -cuando se cumplen 50 años desde el golpe de Estado-, hay disposición a tomarse todo el tiempo que se requiera para concordar con los familiares el mejor camino, pues todas estas ideas están supeditadas a los acuerdos que se tomen con ellos, en el marco de encuentros que se desarrollarán en cada una de las regiones.
A juicio de la autoridad, ellos interpretaron el anuncio del Presidente como una señal de que «por fin hay un compromiso por la verdad, la justicia, la reparación. El Mandatario nos marcó un mandato de tomar las riendas de este proceso y hacernos cargo de la deuda que el Estado de Chile tiene ya por medio siglo».
De todas maneras, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, planteó al vespertino que «tenemos esperanzas, pero también expusimos claramente que no entregamos toda nuestra confianza. Vamos a ir viendo lo que se diga y lo que se haga, por la experiencia que hemos tenido de todos los gobiernos. Pero hasta ahora, por la forma en que el Presidente Boric se ha pronunciado, tenemos esperanza«.
En tanto, Flor Lazo, presidenta de la Agrupación de Detenidos y Desaparecidos de Paine, resaltó que «no conocíamos un plan de esta envergadura para encontrar los restos de nuestros familiares. Siento que efectivamente aquí hay un compromiso real con los Derechos Humanos».
«Han sido 49 años de muchísimo sufrimiento y de búsqueda de justicia; ha sido muy injusto lo que hemos vivido, las primeras iniciadoras de esta agrupación ya han fallecido, pero ahora tenemos la esperanza de poder tener la verdad más cerca que nunca», cerró la dirigente. (Cooperativa)
