La semana pasada el Gobierno planteó un fast track para acelerar la tramitación de leyes relevantes en las cuestiones cruciales de la agenda: seguridad y economía. La oposición ha manifestado su negativa a legislar conjuntamente ambos paquetes. Afirma que se deben priorizar los de seguridad, dejando para más adelante los económicos. Y eso que el Gobierno en iniciativas legales en torno a seguridad puede mostrar logros relevantes: 55 leyes aprobadas, cifra sin parangón si se compara con cualquier gobierno democrático de nuestra historia.
Enfrentamos una situación grave en materia de amenaza criminal, y aunque la aprobación de nuevas de leyes colabora a la tarea, sabemos que es apenas un instrumento, pues el complejo combate al crimen requiere de más elementos que la sola arquitectura legislativa. Exige instituciones eficientes, policías competentes, fiscalías que hagan bien su trabajo, tribunales diligentes, funcionamiento en red y una sociedad activa ejerciendo su derecho a ver resultados. En síntesis, en el caso del Chile actual, es indispensable la unidad nacional detrás de una estrategia compartida. Sin embargo, esta no es la única urgencia que enfrenta el país.
El fast track económico que la oposición quiere postergar incluye iniciativas para apuntalar el crecimiento, modernizar el Estado y sus políticas públicas, reducir la burocracia que traba inversiones y allegar más recursos para alcanzar objetivos sociales apremiantes.
El pacto fiscal y otras medidas en el área económica son fundamentales para enfrentar los desafíos acumulados en salud, pensiones, vivienda, infraestructura escolar y requiere la conjunción de acuerdos políticos sustantivos, cooperación con el sector privado y generación de más recursos, pues las carencias son mayúsculas.
¿Por qué la oposición se niega a priorizar las leyes relativas a la economía en circunstancias que ha venido criticando la falta de iniciativas al respecto desde que se inició el gobierno? ¿Por qué separa la seguridad del crecimiento si es de sentido común que un país que progresa en su economía y da más oportunidades a su gente establece una barrera indirecta contra el crimen?
La única respuesta, brutal pero simple, es que la oposición está apostando al bloqueo legislativo: impedir que el Gobierno tenga algún logro. Todo movimiento que no pavimente futuros triunfos electorales es desechado.
La alternancia destructiva es la tesis que domina los ciclos políticos de nuestra nación en los últimos años. Se trata de una dañina miopía de los que están en la oposición. Porque si Chile Vamos logra ganar las presidenciales con la candidata Evelyn Matthei, que hoy encabeza las encuestas, esta manera de actuar puede costarle muy caro. No es evidente que esta cultura política negativa pueda proveerle más gobernabilidad que la del último gobierno de derecha.
A quien todo esto sirve, y le viene como anillo al dedo, es al P. Republicano, cuyo negocio político consiste en polarizar la vida pública y transformar la dinámica Ejecutivo-oposición en una suma cero, creando un ambiente de confrontación que destruya toda posibilidad de moderación. El que pierde, a las finales, es el país.
La democracia política implica competencia y disputa. También oposición fiscalizadora. Pero impone, para ser fructífera, momentos de cooperación en materias que suelen llamarse asuntos de Estado. Eso es lo que está faltando cuando se resta apoyo político a estas urgencias del fast track, que son las urgencias de Chile. (El Mercurio)
Ricardo Solari
