Una de las principales preocupaciones sobre el proyecto de fin al CAE que presentó el Gobierno concierne a las instituciones de educación superior. Esto porque la propuesta del nuevo sistema, denominado Financiamiento de Educación Superior (FES), contempla que las instituciones solo podrán cobrar copago a aquellos que «estén en el 10% de mayores ingresos», según indicó el Presidente Gabriel Boric en cadena nacional, eliminando así el copago para los deciles 7,8 y 9.
El problema que voces del circuito académico detectan es que la propuesta atenta contra la sostenibilidad financiera de las casas de estudios. En conversación con El Mercurio, el exministro de Educación, Harald Beyer, señaló que «el aspecto más complejo es que se extenderían los criterios de la gratuidad para los nueve deciles de ingreso. Incluso, según el anuncio, es más estricto el criterio que la gratuidad» ya que este beneficio «permite cobrar a los deciles 7 a 9 por encima del arancel regulado con tope».
«Indudablemente, si siguen primando los criterios con los que se ha definido la gratuidad, esto deja en posiciones más inestables a las universidades», advirtió, agregando que «también complica a las instituciones que hasta ahora no han ingresado a la gratuidad. Es muy posible que se incorpore también la regulación de vacantes fosilizando la movilidad universitaria».
A su vez, el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, indicó que «el sistema universitario se equilibra gracias al aporte que realizan familias de los cuatro quintiles más ricos. Al eliminar el aporte de los quintiles 7,8 y 9 el monto total pagado a las universidades por las familias se reducirá drásticamente«.
«Esto pondrá en serios aprietos a las mejores universidades del Cruch, especialmente del G-9 y a varias instituciones privadas masivas. El impacto sobre los cientos de miles de estudiantes de estas instituciones no fue considerado al analizar los efectos de este cambio radical», reparó.
Por su parte, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, criticó que «esto sería un grave atentado a la autonomía y a la sostenibilidad financiera de las universidades del país«, y subrayó que «esta propuesta de nuevo financiamiento, al eliminar el copago en estos deciles intermedios, pone en riesgo a nuestras universidades».
CATALDO: «UN IMPACTO MAYOR EN ALGUNAS INSTITUCIONES»
Esta fue una de las inquietudes por las que fue requerido el titular del Mineduc, Nicolás Cataldo, esta mañana en el Foro Griego de la Universidad de Santiago de Chile. «Lo primero que hay que hacer es evaluar cuál va a ser realmente el impacto de institución en institución», apuntó.
«Lo cierto es que hoy día el CAE tiene arancel regulado y lo que nosotros estamos planteando es un esquema distinto de cálculo, que es el arancel de referencia. Además, hoy día las instituciones de educación superior que adhieren al CAE, tienen que pagar todo lo que es la compra de las carteras de los estudiantes que desertan antes de terminar la carrera. Ese es un gasto que ya nos van a tener que incurrir para las instituciones del Cruch«, sostuvo.
Además, relevó que el proyecto «va a liberar también los recursos del Fondo Solidario, por lo tanto, van a tener acceso a esos recursos para usos que están establecidos en la ley también. Por lo tanto, yo diría que esto no es una discusión vis-a-vis». «Algunas instituciones puede que tengan un impacto mayor que otras, pero en su gran mayoría las instituciones van a ver o equilibrada la situación financiera, o mejorada incluso la situación financiera», precisó.
En esa línea, relevó que «hay instituciones, por ejemplo, en regiones completas, que tienen congelados los aranceles hace mucho tiempo en arancel de referencia y van a poder llegar hoy día a arancel regulado, que es muy por encima de aquellas. La mayor parte de las universidades, además, tienen aranceles bajos, sobre todo aquellas que pertenecen a las universidades del Estado. Por lo tanto, no es lineal el tema de que va a haber un impacto negativo, sino que más bien esto hay que mirarlo en general con respecto a todo el sistema de cuotas del Cruch».
En la línea de Cataldo va uno de los insumos difundidos sobre el proyecto, que apunta que «el actual sistema también ha sido gravoso para las instituciones de educación superior, a las que les corresponde cubrir ante los bancos las garantías de los créditos de estudiantes que por diversos motivos abandonan sus programas de estudio. Desde la asignación de los primeros Créditos con Aval del Estado, estas instituciones han pagado casi 600 mil millones de pesos por garantías«.
TRAMITACIÓN
Como en el Gobierno ya se ha explicado, el proyecto ingresará al Congreso durante la jornada de este martes y no tendrá suma urgencia, para dar tiempo a un debate que se prevé complejo. De hecho, voces del Ejecutivo plantean que acelerar la discusión sería «un suicidio».
Con esa consideración, la expectativa del Mineduc es que el proyecto sea aprobado en su primer trámite constitucional cerca de marzo del próximo año, ya que es en la Cámara donde se vaticina la fase más ardua de la iniciativa.
De tal forma, la idea de la cartera es que el proyecto pueda ser despachado a ley a mediados del 2025. Así las cosas, Cataldo advirtió que «mientras más tiempo nos demoremos, más caro va a seguir siendo para el Estado y más complejo va a ser para las familias. Por lo tanto, espero que esta discusión se allane para que nos pongamos de acuerdo».
«Sabemos que esto lo tenemos que discutir, que seguramente van a haber opiniones distintas, que vamos a tener que enfrentar esas opiniones distintas con propuestas, con ajustes a la normativa que estamos proponiendo, en lo más parecido a legislar un proyecto y esperamos que eso sea lo que ocurra», añadió.(Emol)
