El martes 14 de marzo, el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 de TECHO-Chile reveló una cifra histórica: 113.887 familias viven en campamentos. Los datos manifestaron un aumento de 39,49% en la cantidad de hogares en relación a la medición anterior, realizada entre 2020 y 2021.
Dos días después, a través de una carta al director publicada en El Mercurio, el arquitecto, urbanista y director de la oficina Atisba, Iván Poduje, afirmó que no sólo la pandemia y el alza de los precios eran la causa del incremento de familias en estas condiciones. Según estudios de Atisba, otras de las razones fueron el estallido social de 2019 y «la acción de grupos delictuales que usurpan terrenos privados y fiscales, abren calles con maquinaria pesada para vender o arrendar sitios».
Este negocio ilegal, detectó la oficina de urbanismo, representaría un 38% del crecimiento de los campamentos entre 2018 y 2022.
En su columna en Plaza Pauta, de Radio Pauta, la arquitecta y socia de Atisba, Caroline Iribarne, explicó que «en 2020 realizamos el Reporte Monitor de campamentos en Santiago, y cerramos con dos temas nuevos. Uno de ellos es el regreso de los mega campamentos, y el otro era que algunos campamentos presentaban diseños geométricos muy regulares y tamaños prediales sobre los 400 metros cuadrados incluso. Habían sido ejecutados con maquinaria. Eso lo dejamos reportado como una alerta».
«Ese mismo año, seguimos realizando trabajos en terreno y vimos que esto se repetía en la Quinta Región, pero ya identificábamos que era un comportamiento distinto. Estos desarrollos de campamentos no tenían una ocupación de un 100%, había terrenos disponibles, cosa muy rara en la forma tradicional que nosotros conocíamos», añadió.
Así, Atisba comenzó a chequear «hacia atrás» y detectó que «estos proyectos eran literalmente loteos con etapamiento de terrenos que se iban ampliando con el tiempo». Este fenómeno ocurría, también, en Arica, Alto Hospicio, Viña del Mar, Quilpué, Copiapó, entre otras ciudades.
«Nos dimos cuenta de que estábamos en presencia de mafias de usurpación de terrenos y loteos informales. Esto lo veníamos estudiando tras conversaciones con otros investigadores latinoamericanos, y estábamos viendo un fenómeno que en Centroamérica es muy común, que son negocios ilícitos millonarios», aseguró.
La arquitecta comentó que «este fenómeno está reportado hace más de 20 años por una serie de investigadores en Latinoamérica. Saben las causas, pero también saben los efectos que tienen ciertas políticas urbanas formales que también impulsan el desarrollo de estas mafias, como la lentitud de estos procesos».
Por ejemplo, relató, en San Antonio «confirmamos que estas mafias llegaban con maquinarias y camiones para poner las mediaguas, para evitar el desalojo e instalarse rápidamente». Una situación parecida ocurría en Viña del Mar, donde incluso se observaba un «mercado de segunda vivienda».
«Generalmente, son grupos extranjeros que organizan la toma y la entrega de mediaguas para evitar el desalojo, y además tienes gente a la que puedes venderle en verde los terrenos. También proveen mediaguas vacías, distribuyen las manzanas y cercan los sitios. Venden todo en redes sociales», denunció.
Las bandas, declaró Iribarne, tendrían «vínculos con mafias internacionales conocidas, como el Tren de Aragua, que ofrecen un paquete completo». Además, dijo, hay un nexo con la inmigración irregular, dada la «vulnerabilidad que tienen los migrantes, el hecho de que no están formalizados en el sistema nacional, no tienen antigüedad para optar a casas, y tienen un desconocimiento completo de la legislación local».
Para la socia de Atisba, el fenómeno se explica también porque «es más barato y el producto es mejor que un departamento, que es lo que ofrece principalmente el Estado. Pueden tener una casa en un terreno de hasta 700 metros cuadrados incluso con vista al mar. Y saben que mientras más grande es la toma, el Estado va a tener más dificultad para desarmarla, y van a entrar en un proceso de radicación».
«Otro factor es que las familias ya no pueden esperar más. La vivienda es una necesidad vital. El promedio de espera en Chile es de 10 años y más, incluso hay casos de 20, y las familias ya no resisten el hacinamiento en el que están. Entonces, optan por pasar su plata a un personaje, entregarle todos sus ahorros y olvidarse de que ese personaje es una pieza de una mafia de un terreno usurpado», planteó.
«Eso es francamente alarmante y confirma que estamos ante mafias», aseveró.
Iribarne recalcó que «estas usurpaciones son la principal amenaza que tienen nuestras ciudades. Las usurpaciones son muy violentas y muchas veces se realizan sobre terrenos que pueden estar en zonas de riesgo o incluso humedales. Terrenos donde no se mitiga absolutamente nada, es un negocio muy rentable y rápido, y se resuelve el déficit en un plazo mínimo. Es un mercado negro que se lleva un porcentaje de la demanda de hogares vulnerables».
«Si el Estado no se pone las pilas para frenar esta industria y acelerar los planes de vivienda social, estamos en una complicación sobre el futuro de nuestras ciudades», sentenció.
En esa línea, la socia de Atisba expresó que «el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está 100% enfocado en proveer y habilitar suelos para enfrentar la crisis habitacional. Pero creemos que el Estado tiene que evitar las tomas rápidas. Hemos visto respuestas de la autoridad legal que llaman a ponerse de acuerdo con quienes se toman los terrenos. Es un tema de seguridad al 100%. El Estado tiene que ser mucho más duro y ponerle coto».
Entre las soluciones están, para la arquitecta, que «la autoridad tiene que cambiar la ley de usurpaciones, aumentar el periodo para ser desalojados y tiene que perseguir a las asociaciones ilícitas y las mafias dedicadas a esto, además de los profesionales que se prestan para esto». (Pauta)
