Es una de las zonas más complejas para la persecución penal, debido a que cotidianamente deben enfrentar atentados incendiarios con imputados que actuando sobre seguro, en zonas alejadas, se escabullen impidiendo en la mayoría de los casos la acción de la justicia. A eso se suma que muchas veces, como en la investigación por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, su hipótesis sobre acciones terroristas han encontrado la negativa de los propios tribunales, que han desechado ese carácter de los ataques que ocurren en La Araucanía.
Ante este escenario, el fiscal regional de esa zona, Roberto Garrido, tiene un temor y es que todo se vuelva más cuesta arriba con los cambios que está proponiendo la Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional y que a su juicio “está poniendo en serio riesgo una persecución penal eficaz en delitos tan complejos como los que tramitamos acá”.
¿Qué le preocupa en particular?
Lo primero es decir que yo respeto la autonomía de la Convención para diseñar una propuesta de Constitución y creo que la gente que integra las comisiones está haciendo su mayor esfuerzo para hacer la mejor propuesta posible, pero también creo muy responsable para quienes integran el Ministerio Público hacer, desde la experiencia nuestras observaciones con el propósito de mejorar este proceso. En este caso concreto, desde la realidad que me toca enfrentar me preocupa algunas propuestas de normas constitucionales que a mi juicio debilitan al Ministerio Público y esta debilidad del órgano persecutor se va a traducir en un mal funcionamiento del sistema de justicia criminal.
¿En qué lo prevé?
En general las propuestas son una muy mala solución para el diagnóstico que surge de la propia convención o de algunos convencionales. ¿Por qué? Porque en investigaciones complejas como las que enfrentamos generalmente en La Araucanía y que hemos enfrentado en el pasado, por ejemplo, caso Catrillanca o las diligencias de allanamiento a dependencias de Carabineros como lo que ocurrió en el caso Huracán, desde mi punto de vista, nada de eso se podría haber realizado si hubiera existido en esa época la estructura que están proponiendo algunos constituyentes como es este consejo de siete personas que tendrían que haber adoptado ese tipo de decisiones.
Y la eliminación del fiscal nacional… en esa estructura…
Exacto. En el caso Huracán fue clave el que el fiscal nacional Jorge Abbott respaldara directamente al fiscal regional de la época, Cristián Paredes, en diligencias tan complejas como allanar la unidad de inteligencia de Carabineros. Se necesitaba actuar rápido, una vez que habíamos encontrado evidencias de falsificación de pruebas por parte de la policía y si hubiera existido ese consejo, quizás la decisión se habría demorado y no se habría logrado actuar como se debe ante delitos de tal complejidad y gravedad. Esa vez hubo un contacto permanente del fiscal nacional con los equipos que estábamos trabajando y eso fue incluso durante la diligencia, es decir se requería adoptar decisiones en cuestión de minutos y eso se consiguió porque era una persona, la máxima autoridad del Ministerio Público, quien respaldaba las diligencias que adoptaban en la región.
¿Es necesario, entonces, concentrar en una figura ese poder?
Evidentemente si usted sustituye esa figura por un cuerpo colegiado, que tiene que reunirse para tale efecto, que tendrá que sopesar las diferentes visiones que hay en el mismo, eso lo va a hacer mucho más ineficiente, diluye responsabilidades y además lo hace más permeable a otro tipo de intereses, mucho más que si se tratara de un órgano unipersonal.
¿Cómo lo que pasó en Huracán, cuando el gobierno que era querellante en el caso no creía en la hipótesis que levantaron ustedes del “montaje”?
Es un buen ejemplo. Este consejo, por lo que ha surgido como idea, va a estar integrado por fiscales adjuntos, que son elegidos por sus pares, por tres representantes del Congreso plurinacional, es decir nombramientos con un origen político y por un representante de los funcionarios. Es decir, es un consejo que representa intereses gremiales por una parte y políticos por la otra. En el caso Huracán la postura del gobierno de la época era contraria a la que sostenía el Ministerio Público, ellos en ese momento decían que no habían antecedentes para decir que las pruebas eran falsas y se oponían a la decisión de la Fiscalía. ¿Y porqué pudimos actuar? porque gozábamos de autonomía constitucional y no había influencia de otros intereses, como de carácter político o gremial que podrían existir.
¿Un hecho similar ocurrió en el caso Catrillanca?
Exactamente, ahí el fiscal regional de la época creó equipos especiales que se dedicaron preferentemente a la investigación frente a diversas aristas de los ilícitos que ahí se cometieron. Actuamos con rapidez y respaldados por el fiscal nacional, lo que nos permitió esclarecer los hechos en poco tiempo: las versiones que faltaban a la verdad de parte de Carabineros y los intentos de sus jefaturas por encubrir el homicidio, situándolo en un contexto falso que era el enfrentamiento. Entonces, cómo no va a importar que ante esos casos se valore la estructura actual del Ministerio Público.
A parte de la creación de este consejo, ¿Qué le parece la autonomía que se quiere dar a fiscales adjuntos?
Vuelvo a pensar que no está acorde al diagnóstico que se ha hecho del trabajo de nosotros. Lo de los fiscales adjuntos es casi improbable que se pueda hacer, porque privaría al fiscal regional de su facultad de dirección de las investigaciones y de la política criminal. Va en contra de un trabajo que se viene mejorando desde la creación del Ministerio Público y del funcionamiento del nuevo sistema de justicia criminal que tiene que ver con la uniformidad de los criterios y no solamente de un fiscal regional, sino en todo el país y la propuesta va en contra de las posibilidades de uniformar criterios y formas de trabajo.
En concreto, ¿Cómo podría impactar esta propuesta?
Lo que podría pasar es que por ejemplo un fiscal adjunto de mi región puede estimar que no es necesario perseguir las usurpaciones, entonces no se van a perseguir y su decisión no va a poder ser evaluada por el fiscal regional porque estaría en contra de esa autonomía constitucional que se busca que la nueva Constitución le consagre a los fiscales adjuntos. No tiene lógica. Y esto puede ser aún más grave, si sumamos que una de las facultades del Consejo Superior del Ministerio Público es evaluar a los fiscales adjuntos, estaría entonces centralizándose la evaluación y el desempeño de los fiscales adjuntos en el país, transformando la figura del fiscal regional en un ente administrativo, sin ninguna posibilidad de control. Y eso es muy extraño, porque una de las críticas que se hace al Ministerio Público es una supuesta ausencia o falta de control efectivo sobre la actuación de los fiscales adjuntos y la norma constitucional propuesta está eliminando cualquier posibilidad de control efectivo.
¿No tendría sentido?
Le reitero, estas propuestas no son las soluciones adecuadas si el diagnóstico es la mejora de la institución.
¿El tema de la duración del fiscal regional que baja de ocho a cuatro años?
Creo que es importante hacer presente que los plazos que se establecen son plazos bastante breve. Otra cosa mala que tienen es que coinciden con épocas electorales y van a generar otro factor de politización y no tiene respaldo técnico esa idea. Va a generar rotación, va a afectar la eficiencia en cuanto a poder implementar política de persecución criminal a largo plazo y poder evaluarla. Hoy día los mismos argumentos que se dan para extender el periodo presidencial se pueden aplicar a la realidad de la Fiscalía. Si consideramos que van a haber fiscales que van a tener que hacer campaña para poder ser elegidos por sus pares y eso va a durar cuatro años, vamos a estar permanentemente en campaña para poder componer el consejo y después esos fiscales van a tener que evaluar a sus electores. Es una situación bastante irregular, no se trata de un modelo que exista en ninguna parte del hemisferio occidental y desmantela un trabajo que viene de mucho tiempo y estudio. La Fiscalía surge en la reforma procesal penal como una institución que está respaldada por un estudio técnico extenso y por eso transversalmente la academia ha señalado que es una mala propuesta y nosotros esperamos que se corrija. Tengo confianza en que eso va a suceder, porque la Fiscalía cumple un rol fundamental en el funcionamiento del sistema de justicia y hacer realidad el acceso a la justicia y es por eso necesario que su diseño se mejore, pero no que se debilite. (La Tercera)
