El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, se convirtió hoy en el nuevo blanco de la mayor investigación por corrupción en la historia del país, tras ser trasladado por la Policía desde su casa para prestar declaración en una comisaría.
El exmandatario, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT), fue trasladado hoy por agentes de la Policía Federal para prestar declaración por su supuesta implicación en el escándalo de desvíos en la petrolera estatal Petrobras, lo que generó un duro intercambio de acusaciones entre simpatizantes y detractores del ex jefe de Estado.
Tras declarar durante unas tres horas, Lula abandonó la comisaría y buscó el apoyo de sus correligionarios en la sede del PT en Sao Paulo, donde criticó enérgicamente la «lamentable» actuación del Poder Judicial y confesó estar «íntimamente afligido, ofendido y ultrajado» por la operación en su contra.
«Si quisieron matar a la cobra, no le dieron en la cabeza, le dieron en el rabo. Y la cobra sigue viva», alertó Lula, quien visiblemente indignado y respaldado por los militantes del PT confesó que se había sentido «como un prisionero».
La operación contra el expresidente, considerado uno de los líderes más carismáticos de Brasil, agitó los ánimos de sus defensores y críticos, quienes llegaron a enfrentarse en las puertas de la casa deLula, un antiguo obrero metalúrgico que llegó a la Presidencia tras presentarse cuatro veces como candidato.
Procedente de una humilde familia de campesinos del noreste del país, el expresidente arremetió contra aquellos «disconformes» con el ascenso de los pobres al poder y los que impiden que su sucesora en el cargo, Dilma Rousseff, pueda gobernar con tranquilidad.
El expresidente, quien llegó a calificarse a sí mismo como «el alma viva más honesta de Brasil», insistió en que el objetivo de la operación policial fue ofrecer un espectáculo a los medios de comunicación ya que él «jamás» se negó a prestar declaración.
«El juez (Sergio) Moro (responsable del caso) no necesitaba haber mandado a la Policía a mi casa, solo tenía que haberme invitado (a declarar), insistió Lula.
La Fiscalía cree que el conjunto de indicios contra el exmandatario es «bastante significativo» y que el Instituto Lula, presidido por el líder político, recibió cerca de 20 millones de reales (unos 5 millones de dólares) en donaciones de las cinco empresas más implicadas en los desvíos en Petrobras.
El fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, responsable de la investigación del caso Petrobras, agregó que el ex jefe de Estado recibió de esas mismas cinco empresas cerca de 10 millones de reales (unos 2,5 millones de dólares) como pago por conferencias que dictó tanto en Brasil como en el exterior.
Lula, en su respuesta, precisó que la operación realizada este viernes ha sido necesaria para que el Partido de los Trabajadores «empiece de nuevo» su lucha.
El PT convocó a su militancia y a los movimientos sociales para defender a quien consideró «el hijo más ilustre de Brasil», mientras que la oposición brasileña echó fuego a la hoguera encendida desde hace meses contra el Gobierno de la presidenta Rousseff.
El senador Aécio Neves, uno de los principales líderes opositores del país, afirmó que «Brasil merece saber la verdad» sobre Lula, al tiempo que el jefe del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en la Cámara baja, Antonio Imbassahy, señaló que lo ocurrido hoy «es el principio del fin» del Gobierno de Rousseff.
Aludió así al proceso con miras a la destitución de la mandataria que tramita la oposición en el Congreso y que está suspendido por «errores de procedimiento» detectados por la Corte Suprema.
El PT, en cambio, consideró que la operación contra Lula supone una «escalada golpista» para «desestabilizar» a Rousseff, reelegida en 2014 para un segundo mandato en unos comicios en los que derrotó a Neves por escasos tres puntos porcentuales.
Lula salió en defensa de su ahijada política: «Nadie quiere que ella gobierne, porque están sitiando la libertad de esa mujer».
Rousseff también echó un capote a su antecesor y calificó de «innecesaria» la operación contra Lula, al tiempo que exigió «respeto» a los derechos individuales y «responsabilidad» a las instituciones.
«En mi calidad de jefa de Estado, considero necesario ponderar que todos nosotros, agentes públicos, independientemente del Poder en que actuamos, debemos tener profundo sentido de responsabilidad respecto al cumplimiento de nuestras competencias constitucionales», señala una nota oficial firmada por la mandataria.
También manifestó su «inconformismo con el hecho de que un expresidente de la República que, varias veces compareció voluntariamente para prestar declaración a las autoridades competentes, sea sometido a un innecesario traslado coercitivo para prestar declaración».
