Fue el 25 de enero pasado cuando la Fiscalía Regional de La Araucanía anunciaba el cierre y la decisión de no perseverar contra ocho comuneros que estaban imputados por asociación ilícita. Así partía el primer vuelco de lo que Carabineros denominó como Operación Huracán, o la “primera” operación de Inteligencia que resultaba con “éxitos” en investigaciones por violencia rural en la zona. Ese día, el Ministerio Público emitía la primera alerta de tener serias sospechas de que las pruebas recopiladas por policías para incriminar al líder de la CAM Héctor Llaitul y a otras siete personas, eran falsas.
A casi dos meses de esa decisión, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, va más allá de las sospechas y decidió imputar una asociación ilícita que operó en unidades de Inteligencia de Carabineros fabricando pruebas falsas para incriminar a diversas personas. El investigador ingresó hoy, según constató La Tercera PM, un escrito al Juzgado de Garantía de Temuco en que -según fuentes de tribunales- asegura que dichas sospechas se transformarán ahora en una imputación penal formal: nunca hubo un software que interceptara conversaciones de los comuneros imputados, se fabricó pruebas para incriminarlos.
El investigador pidió a la justicia que fije audiencia para formalizar por los delitos de asociación ilícita, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público al retirado general de Inteligencia Gonzalo Blu Rodríguez. Éste último presentó su renuncia al cargo el viernes 9 de marzo, al fragor de los cuestionamientos a la labor de las unidades de inteligencia de Temuco a su cargo.
La importancia de la imputación de asociación ilícita es que el Ministerio Público contaría con información que apunta a que los actos delictuales imputados fueron coordinados, contaban con una organización jerarquizada, permanente en el tiempo, y que intentó ocultar sus actuaciones durante el período que se les permitió a los policías actuar con los permisos de la Ley de Inteligencia.
Blu es el oficial de Carabineros de más alto rango al que el fiscal Carlos Palma decidió imputar en el marco de esta investigación, en que el Ministerio Público buscará probar que todos los informes de Inteligencia “liberados” por el ex Director Nacional de Inteligencia son completamente falsos, en su contenido y confección. En base a diligencias de investigación, y peritajes de la PDI, la Fiscalía llegó a la convicción de que el alto oficial no sólo firmó los reportes cuestionados, sino que además los revisó, y monitoreó desde el inicio de su confección.
Junto con él, será imputado también el ingeniero Álex Smith quien se hizo conocido por haber sido el civil que contrató la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) y que habría creado el software Antorcha, con el que supuestamente se podían interceptar conversaciones de Whatsapp y Telegram, principal sustento para apuntar a una presunta “asociación ilícita terrorista”. Al único civil imputado en el caso se le atribuirá autoría en la falsificación de la prueba con que se mantuvo presos a Llaitul y otros comuneros, además del reporte de Inteligencia que buscó acusar falsamente de filtración a una abogada del Ministerio Público.
La lista de formalizados la engrosa el mayor (R) Patricio Marín y el capitán (R) Leonardo Osses, además del jefe de Inteligencia de La Araucanía, el general Marcelo Teuber. Con esta decisión, el fiscal Palma asesta un duro cuestionamiento al corazón de los operativos de Inteligencia en la zona de violencia rural de La Araucanía.
Otro de los formalizados será el oficial de la UIOE Cristián Pérez. quien participó en la confección de los informes de Antorcha, y los peritos del Labocar Marvin Marín, Manuel Riquelme y Marcos Sanhueza. (La Tercera)
