Funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, llegaron ayer hasta las oficinas de la filial de la Sociedad Química y Minera de Chile, SQM Salar S.A., para incautar los libros contables de la empresa desde 2009 a 2014. La documentación fue entregada de forma voluntaria por la minera.
La diligencia, que según fuentes ligadas a la investigación se ha efectuado también en días anteriores, fue instruida por la Fiscalía Nacional.
En los últimos días, Salar S.A. ha adquirido notoriedad pública luego de que se conociera que la empresa Asesorías y Negocios SPA. (Ay N) de propiedad del geógrafo Giorgio Martelli, tenía una relación comercial con esta filial de SQM.
Martelli es un reconocido operador y recaudador político vinculado a la Nueva Mayoría y fue administrador de la primera campaña de la Presidenta Michelle Bachelet en 2005. También prestó colaboraciones durante la contienda de 2013.
En ese sentido, con esta pesquisa los persecutores comienzan a indagar la contabilidad de SQM Salar y sus presuntos vinculos con campañas políticas.
La semana pasada, el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, reveló que tuvo una relación laboral con la sociedad AyN.
Entre enero de 2012 y marzo de 2013, el actual director del SII sostuvo tres contratos con la firma de Martelli, que estipulaba un pago mensual de $1.111.111 y que consistía en la elaboración, de parte de Jorratt, de informes en materia tributaria.
A su vez, el ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, también reconoció haber realizado asesorías a la sociedad de Martelli. En 2012, el secretario de Estado emitió cuatro boletas de $4 millones cada una a la firma AyN.
Sin embargo, tanto el ministro como el director del SII han enfatizado que no hubo irregularidades ni desvíos de dineros a campañas detrás de las asesorías prestadas a la sociedad.
OTRAS EMPRESAS
El Ministerio Público solicitó que otras empresas también entregaran información de forma voluntaria. Se trata de Ripley, Alsacia y Corpbanca. Estas, aún no entregan la documentación.
Las tres firmas fueron mencionadas en una denuncia que presentó el Servicio de Impuestos Internos (SII) el 23 de marzo pasado en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por supuestas declaraciones de impuestos maliciosamente falsas contra el nuevo gerente general de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), Patricio de Solminihac; el ex gerente de la empresa, Patricio Contesse; y el vicepresidente de finanzas, Ricardo Ramos.
La acción judicial también fue dirigida contra los representantes legales de dos firmas que emitieron y facilitaron, según el SII, 19 presuntas facturas falsas para el eventual financiamiento de la campaña a senador de Pablo Zalaquett (UDI) en 2013, por un total de $ 67 millones.
Una de la firma contra la que se querelló el servicio es Reactor SPA, representada legalmente por Iván Correa, Felipe Cádiz y Rodrigo Polidura. De acuerdo al SII, la sociedad habría emitido 16 posibles facturas ideológicamente falsas para la campaña de Zalaquett. Según la acción legal, entre los receptores de estos documentos están SQM, con tres facturas por $ 2,5 millones cada una; Eurocorp, con dos facturas por $ 2,5 millones cada una; y Eccsa S.A. (perteneciente a Ripley) con tres facturas de un millón de pesos cada una. A estas empresas, se suman Inversiones Alsacia S.A. con una factura por $ 2 millones; Empresas Penta S.A. con una por $ 15 millones; Inversiones El Bosque S.A. con una por $1,5 millones; y Asesorías e Inversiones La Manada -de la cual es socio Zalaquett- con dos facturas, por $ 1,6 millones y $ 2,3 millones, respectivamente.
Otra de las empresas querelladas es Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL, representada legalmente por Cristina Zúñiga, quien, de acuerdo al servicio, emitió en 2013 cinco facturas -cada una por un monto de $ 3,5 millones- a SQM y otra por $ 10 millones a Corpbanca.
PRISIÓN PREVENTIVA DE DÉLANO Y LAVÍN
El magistrado Juan Manuel Escobar, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fijo ayer para el 22 de abril, a las 14 horas, una audiencia para revisar las medidas cautelares impuestas a los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
Ambos empresarios se encuentran en prisión preventiva en el anexo Capitán Yaber desde el 7 de marzo pasado, luego de que fueran formalizados -junto a otros ejecutivos del holding- por delitos tributarios y soborno.
La defensa de Délano y Lavín ya habían solicitado -sin éxito- la revocación de la medida cautelar el 13 de marzo, cuando apelaron del dictamen del juez Escobar a la Corte de Apelaciones de Santiago.
“La prisión preventiva está siendo utilizada en este caso como una pena anticipada”, argumentó entonces el abogado de los controladores de Penta, Julián López.
En tanto, en la arista SQM del caso Penta, ayer declaró en la Fiscalía Nacional Clara Bensan, socia de Asesores en Gestión Integral, empresa denunciada por el Servicio de Impuestos Internos (SII). El ejecutivo de la minera, Luis Saldías, quien será formalizado el 30 de abril, también fue citado a declarar ayer. Sin embargo, guardó silencio. (La Tercera)