Literalmente “lo dio vuelta”. Así, en jerga futbolística, describen en el Congreso lo que está ocurriendo con el fiscal del Senado, Javier Norero, quien había sido desvinculado del Parlamento en noviembre del año pasado por el secretario de la corporación, Raúl Guzmán.
El viernes 13 de septiembre el abogado ganó un recurso de protección en la Corte Suprema, que ordenó el retorno de inmediato a su trabajo y declaró ilegal su despido, y este jueves la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó el fallo de primera instancia que había declarado inadmisible una querella presentada contra el otrora fiscal regional metropolitano sur. Con esta determinación, se acogió a trámite el libelo y la Fiscalía de Valparaíso está obligada a investigar eventuales ilícitos cometidos por la autoridad de la Cámara Alta.
En la acción criminal se describen una serie de hechos que a juicio del abogado Mauricio Suazo serían constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y falsificación de instrumentos públicos. Lo que pone en una incómoda situación a Guzmán, quien en el pasado -de hecho- fue también miembro del Ministerio Público. Pasó entonces de perseguir a, ahora, ser perseguido, comentan quienes tuvieron conocimiento de la determinación de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
En el libelo se detalla que “en el mismo momento en que es despedido, a don Javier Norero se le bloquea su credencial institucional que permite el acceso al edificio, y a la oficina en la que resguardaba toda la información referida a su trabajo; se le solicita entrega de notebook personal, en el cual almacenaba digitalmente miles de archivos, y se cancela el acceso al respectivo correo institucional”.
Cabe destacar que Norero es funcionario de carrera y cumple roles en el Senado desde 2003. Guzmán, en tanto, arribó a la corporación en 2019, poco antes de terminar su periodo como fiscal regional metropolitano sur. De hecho, no pocos levantaron ciertos reparos con su nominación, en ese entonces, por provenir del Ministerio Público. Sin embargo, gracias a apoyos políticos transversales consiguió su puesto en la testera en un cargo que algunos plantean no tiene contrapesos.
Es en base a esto último que dictó la resolución Nº P-205/2023, de fecha 29 de noviembre de 2023, que puso término anticipado al contrato de Norero, desatando la molestia de las asociaciones de funcionarios de la Cámara Alta, las que se enfrentaron al secretario administrativo.
EL INCÓMODO GUZMÁN
Tras ser despedido, Norero dio inicio a una batalla en tribunales denunciando que su desvinculación era arbitraria e ilegal. En medio de la interposición del recurso de protección, que ganó en primera instancia en el tribunal de alzada porteño, fue que se “enteró” que era objeto de un sumario, el cual nunca le fue notificado mientras cumplía funciones en el Senado. Así lo relata su abogado en la querella, acciones que deberán ser aclaradas en la investigación de la Fiscalía.
“El día lunes 27 de mayo de 2024, esto es casi 6 meses después de haber cesado en sus funciones mi representado, y por tanto obviamente extinguida cualquier responsabilidad administrativa de Javier Norero, y ante la inminencia de una posible sentencia favorable, se apersonan en el domicilio de mi representado Ximena Amigo López y Ximena González, con el objeto de notificar una formulación de cargos en un sumario administrativo en el cual jamás fue citado a declarar como inculpado mi representado, y que tampoco durante su investigación se dirigió en contra de Javier Norero”, se lee en el documento.
El caso es que al tener Norero impedido su acceso a archivos de su trabajo en el Senado y sus credenciales para ingresar incluso a su oficina, se desprende de la acción penal en curso que se habrían cometido una serie de infracciones con el propósito de enfrentar los fallos desfavorables, incluido el que llegó después de la Corte Suprema que acogió su protección, y todo lo que sobrevino con la desvinculación del entonces fiscal de la Cámara Alta.
La situación, dicen algunos de los senadores consultados, pone en una incómoda posición a Guzmán. Sobre todo en estos tiempos en que se tramitan acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, algunos de los cuales -como Jean Pierre Matus- han sido llevados al proceso de remoción por el solo hecho de no haber admitido sus conversaciones con Luis Hermosilla, hoy preso por corrupción. “Si estamos indagando conductas éticas, va a ser complejo tener al secretario imputado en una causa penal, más si nosotros después actuamos como jurado en las acusaciones que revisa la Cámara de Diputados”, dice uno de los congresistas consultados.
La querella, que por jurisdicción debe investigar la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, plantea que al iniciarse un sumario, seis meses después de que Norero fuera desvinculado, es decir, además fuera de plazo, “Guzmán incurrió en una infracción al principio de abstención” y -por ende- en un delito.
En definitiva se acusa a Guzmán por no abstenerse de abrirle un sumario a Norero, pese a que él tenía un “interés personal en el asunto”, ya que estaba siendo blanco de un recurso de protección y además existe -según los querellantes- “enemistad manifiesta”.
Por el momento la causa penal se tramitará en la jurisdicción del puerto principal, pero todo quedará en manos del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien puede invocar el artículo 19 -como lo ha hecho en otros casos- y cambiar al fiscal regional que tramite el caso.
Con todo, esta batalla recién comienza, aseguran en el entorno de Norero.
