El fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, requirió al Servicio de Impuestos Internos (SII) la entrega de antecedentes tributarios de 20 compañías. La solicitud se hizo en el marco del caso Penta, donde Guerra junto a los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, investigan presuntos delitostributarios ligados al financiamiento irregular de lapolítica.
Según el oficio reservado número 23 del 9 de febrero, se pide “copia de los antecedentes relacionados con las rectificatorias, como también las rectificatorias mismas, de impuestos a la renta presentadas desde 2010 a la fecha, respecto de los contribuyentes que a continuación se detallan, con indicación expresa de los emisores, montos, facturas y boletas que formen parte de la rectificatoria”. Se dio un plazo de 20 días para que el ente fiscalizador entregue una respuesta, algo que aún está pendiente.
En la nómina aparecen varias empresas vinculadas al presunto financiamiento irregular de la campaña del ex candidato presidencial Laurence Golborne. Esto, luego de que el empresario Tomás Carrasco -quien será formalizado por presuntos delitos tributarios el miércoles 30- declarara a la fiscalía que emitió a través de sus empresas facturas falsas a estas sociedades por un total de $ 160 millones.
Entre las empresas que nombra Carrasco, y que se encuentran en la solicitud del Ministerio Público, están la acerera CAP, representada por Fernando Reitich; la Inmobiliaria Ecomac, de la familia Mas; Inversiones Paso Nevado e Inversiones Longovilo, sociedades ligadas al grupo Hurtado Vicuña; GT Advisors, de Guillermo Tagle; y la constructora FFV, de Eduardo Fernández León.
Para estas firmas -según consta en el oficio- el Ministerio Público solicitó “información actualizada para el evento que el SII haya recibido alguna solicitud de rectificación posterior a lo informado a la fiscalía el 7 de diciembre pasado”.
Otras de las compañías que aparecen en la nómina que la fiscalía envió al SII son las ligadas a los presuntos pagos de bonos irregulares al ex director ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre. Se trata de Aguas Andinas, Pampa Calichera y Asesorías Ilihue, de José Cox. Según declaró De Aguirre, estas firmas le pagaron -junto con SQM- $ 146 millones, luego de que, de acuerdo a su declración, ejecutivos de Bancard le pidieran emitir -a través de Inversiones La Música- facturas por presuntos servicios inexistentes para pagar sus bonos y asesorías. Además, la lista incluye a Andes Task Consulting Ltda., empresa que también habría pagado presuntos bonos irregulares al ex gerente general de CHV Mario Conca.
El documento también incluye empresas que habrían realizado pagos a personas ligadas al senador UDI Iván Moreira. Estas son Agrícola Ariztía Ltda; Desarrollo y Servicios Melipilla Ltda.; Automotores Gildemeister S.A. y AMC Consultores Ltda. Según antecedentes de la investigación, Rodrigo Molina, chofer del senador, y Andrea Schultz, secretaria, registran pagos contra boletas de honorarios de parte de Desarrollos y Servicios Melipilla, relacionada con Empresas Ariztía, por $ 5,5 millones y $ 5,6 millones, en 2013. En tanto, los dineros aportados al ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, llevaron a la fiscalía a solicitar las rectificaciones de otras cuatro empresas: banco Corpbanca, Inversiones Alsacia, Eurocorp e Inversiones El Bosque.
Abogados tributaristas dicen que el SII ha estado requiriendo en los últimos meses información detallada sobre emisores y documentos entregados a numerosos contribuyentes asociados a pagos políticos. (La Tercera)
