No sólo la entrega de polémicos préstamos a diputados -sin intereses ni reajustes- integra la nómina de observaciones realizada por la consultora Ossandón & Ossandón al ejercicio contable de la Cámara Baja realizado entre diciembre de 2013 y junio de 2015.
La auditoría también repone en el debate la existencia del denominado fondo solidario -reeditado hace 10 años-, de carácter transversal y en el que participa la gran mayoría de los diputados, a quienes se hacen descuentos mensuales de su dieta con el objetivo de entregar una suerte de indemnización a quienes pierdan la reelección u opten por el retiro de la Cámara de Diputados.
Entre las 34 observaciones, divididas en temas financieros y administrativos, la consultora advierte sobre la existencia de una cuenta bancaria de la corporación en la que se iban reteniendo descuentos de las dietas de los parlamentarios, cuyo fondo -a fines de 2014- fue traspasado a una cuenta independiente del Banco Santander.
En específico, se cuestiona que esos dineros debieron registrarse en la contabilidad de la Cámara como un pasivo -una deuda que se tenía con los parlamentarios- y no como recursos ya cancelados.
“Nosotros retenemos las platas de los parlamentarios y luego las traspasamos. Se trata de un fondo absolutamente privado, creado por ellos, que paga todos sus impuestos. Lo que se hace es que con una instrucción voluntaria de cada uno de ellos, nosotros lo descontamos, lo pasamos a una cuenta y lo dejamos fuera del presupuesto de la Cámara”, explicó el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, quien desestima cualquier irregularidad sobre estos recursos.
A la observación sobre la administración del fondo solidario se sumaron los préstamos por casi $ 150 millones a parlamentarios como “adelantos” de su dieta -Jaime Pilowsky (DC), Claudio Arriagada (DC), Marisol Turres (UDI), Cristián Campos (PPD), Jenny Alvarez (PS) y Diego Paulsen (RN)- y el no registro de obligaciones y servicios ejecutados en el período 2014, pero registrados en el período 2015, por un total de $ 1.700 millones.
La auditoría -que revela “debilidades significativas en el sistema de control interno” de la Cámara de Diputados- fue encargada a fines de 2014 por el entonces presidente de la corporación Aldo Cornejo, en estricta reserva, junto al propio Landeros.
La idea era hacer frente al escándalo desatado luego que trascendiera la existencia de una cafetería exclusiva para los parlamentarios con un costo de $ 772.032.939 justo en momentos en que se había anunciado una política de austeridad financiera de la Cámara Baja.
“Por primera vez una asesoría externa confiable pone de manifiesto la manera sobre cómo se están administrando recursos que son públicos. En segundo lugar, es una foto sin que la Cámara estuviera preparada para una auditoría de esta naturaleza. Quedan al descubierto las dificultades de la Cámara y cómo corregirlas”, señaló Cornejo a Reportajes.
Pese a que el informe de la consultora Ossandón & Ossandón fue enviado el 11 de agosto del año pasado a la Comisión Revisora de Cuentas de la Cámara, presidida por el diputado DC José Miguel Ortiz, la instancia no había sido convocada desde el 29 de julio del año pasado, fecha en la que se registra su última sesión, por lo que no se conocía su contenido.
Apenas trascendieron -sin embargo- algunas observaciones, en particular la discrecionalidad en los préstamos a los parlamentarios, la comisión que preside Ortiz se reunió el miércoles 6 y jueves 7 para analizar el tema. La conclusión: en los próximos días se emitirá un informe oficial.
FONDO SOLIDARIO
Según pudo constatar Reportajes, actualmente el denominado fondo solidario -la apodada “AFP de los parlamentarios”- es una iniciativa en la que participan 115 de los 120 diputados, que funciona ininterrumpidamente desde hace 10 años y que es administrada por tres de los legisladores: Enrique Jaramillo (PPD), Jorge Ulloa (UDI) y José Miguel Ortiz (DC), quienes fueron escogidos por sus pares para realizar esta labor.
La fórmula es simple y se comunica a cada nuevo parlamentario que comienza sus funciones para ser incorporado al mecanismo: mes a mes, la Tesorería de la Cámara de Diputados descuenta por planilla a cada uno de los legisladores $ 350 mil de su remuneración de $ 6 millones 580 mil.
Aunque en un inicio, en 2005, el monto de cada cuota era de $ 300 mil pesos, con el tiempo el aporte fue en aumento.
Varios diputados consultados explicaron que el dinero recolectado va directo a un depósito a plazo, que es gestionado por una administradora vinculada al Banco Santander.
El fondo fue concebido como una suerte de respaldo financiero para todos aquellos parlamentarios que pierden la reelección -ante la eventualidad de cancelar deudas de campaña- o deciden abandonar la labor legislativa -para tener cierto respaldo financiero mientras se reinsertan en sus nuevas labores.
El retiro de los fondos, sin embargo, cumple un ritual que fue definido por sus integrantes: quienes lograron “cotizar” durante un período parlamentario (cuatro años) reciben alrededor de $ 15 millones, quienes llegaron a dos, unos $ 24 millones, y los que alcanzaron tres -el tope máximo-, cerca de $45 millones.
Una de las características más llamativas del mecanismo no sólo es la reserva con la que se maneja, sino que también el carácter transversal de sus integrantes y de su administración. De hecho, todas las bancadas tienen un representante: a Ulloa (UDI), Ortiz (DC) y Jaramillo (PPD) se suman Germán Becker (RN), Lautaro Carmona (PC) y Marco Espinosa (PR). Y aunque existe un balance periódico que entrega la entidad bancaria que administra el fondo, está acordado que éste no trascienda a terceros.
Varios diputados contactados para este artículo aseguraron no tener ningún balance impreso de los recursos.
“Hay un balance que tiene la empresa, pero nosotros tenemos acordado que esto no trascienda a terceros”, explica Jaramillo, dejando al descubierto el celo con el cual los parlamentarios administran estos recursos.
La idea del fondo solidario, en todo caso, no es nueva. Durante la administración del DC Gutenberg Martínez -que presidió la corporación entre 1996 y 1999- se constituyó una mutual de los diputados, organización sin fines de lucro, con personalidad jurídica y que tenía un representante legal: el ex diputado de Renovación Nacional Maximiano Errázuriz. Con el tiempo, la mutual fue perdiendo vigor, y con la salida de Errázuriz de la Cámara por el delito de fraude al Fisco, la entidad quedó en nada. Eso sí, según fuentes del Congreso, en el papel esa orgánica sigue viva, pero sin actividades y con un puñado de miembros que recién por estos días se enteraron de su existencia.
En la UDI también tenían un fondo similar, y de ahí que el diputado Ulloa calificó para ser el principal administrador de los recursos de sus pares.
Ambas iniciativas terminaron fusionándose para la creación del fondo único.
La administración de los recursos, en todo caso, no ha estado exenta de polémicas. Una de las más duras se registró en el inicio del período parlamentario 2014-2018 y obligó a la modificación en la liberación de los recursos.
Según señalan fuentes parlamentarias, los diputados que ganaron un escaño en el Senado en la última elección reclamaron un porcentaje del dinero aportado, a pesar de que, según el estatuto que regula internamente estos recursos, no les correspondía. La disputa fue subiendo de tono, e incluso algunos parlamentarios amenazaron con llevar el reclamo a otras instancias externas.
Finalmente, y para evitar un desencuentro público que dejara al descubierto la existencia del Fondo Solidario, los senadores debutantes recibieron el 50% de lo que aportaron durante su estadía en la Cámara de Diputados.
En la corporación, en todo caso, señalaron que la auditoría no estableció reparos sobre el carácter y la existencia de este fondo -a diferencia de lo sucedido en el caso de los préstamos-, sino más bien sobre el hecho de que la Cámara se involucre en su administración. Así justifican el que hoy siga funcionando como una iniciativa “netamente privada”, aunque los descuentos operen de todas formas por planilla.
OTROS REPAROS
La discrecionalidad en la entrega por adelantado de las remuneraciones de los parlamentarios es de larga data.
Según explicó Landeros a Reportajes, hay que diferenciar entre tres modalidades: adelantos, anticipos y préstamos.
Un adelanto se produce cuando se entrega el sueldo al parlamentario en una fecha anterior a la que está estipulada en un mes. Esta es una práctica -se reconoce- habitual en la Cámara y sólo es necesario que el diputado la solicite.
Un caso distinto es el del anticipo, en el que se adelanta parte de la remuneración o ésta completa en un mes distinto al que corresponde. Esta habría sido -según la corporación- la figura utilizada por los cinco parlamentarios mencionados en la auditoría de Ossandón & Ossandón, ya que por préstamo las autoridades de la Cámara entienden que se tendrían que entregar recursos no provenientes de los sueldos parlamentarios, situación que no fue la advertida en el informe.
En la Cámara de Diputados existe un ejecutivo por cada 30 parlamentarios. Este funcionario es el encargado de analizar los respectivos estados financieros y evaluar las peticiones de adelantos. En el caso de los anticipos, quien resuelve la situación es el director de Finanzas, en coordinación con el secretario de la corporación.
Así y todo, tanto Landeros como el presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez, señalaron que la práctica de los adelantos había sido finalizada en enero de 2015 y que los diputados que habían solicitado el beneficio cancelaron sus cuotas totalmente.
Un tercer elemento que forma parte de las objeciones de la auditoría es el desfase encontrado entre los presupuestos de la corporación entre 2014 y 2015, que alcanzaría los $ 1.700 millones.
Según detectó la consultora, una práctica habitual en la administración de los recursos es el pago diferido de gastos realizados en 2014, pero que fueron cancelados con recursos del presupuesto del año siguiente.
Una de las razones por las que se produjo este desacople -que inicialmente encendió alarmas, porque se creía que existía un millonario déficit de recursos- se explicaría, según las actuales autoridades de la corporación, por la construcción de la polémica cafetería VIP que originó la auditoría.
“Lo que pasó es que durante 2014 se realizaron obras que se financiaron con los presupuestos de ese año y del 2015”, explica Landeros.
Con todo, un grupo de parlamentarios pedirá mañana que se libere la información de la auditoría, e incluso, varios diputados ya preparan proyectos para subsanar las objeciones detectadas por Ossandón & Ossandón.
Una de esas iniciativas será que, en el corto plazo, todos los presupuestos que se manejan en el Parlamento sean auditados anualmente íntegramente por la Contraloría.
