En medio de las denuncias de la oposición de despidos de funcionarios públicos en los últimos días, el Gobierno envió el martes un instructivo a las reparticiones públicas, expresando los criterios a los que debe estar sujeta la desvinculación de personal a contrata, cuyos contratos se renuevan usualmente cada fin de año.
«Las eventuales no renovaciones de las contratas deben estar limitadas solo a casos debidamente fundados, que impidan discriminaciones arbitrarias. Los criterios deben basarse en la evaluación de desempeño o la no continuidad de programas y planes», dice la nota firmada por el ministro Felipe Larraín (Hacienda), pidiendo «especial atención con años de servicio, funcionarios en edad de jubilar o enfermedades catastróficas».
En la centroizquierda, los reclamos comenzaron el lunes cuando el PPD acusó 2.700 despidos en el sector público desde inicios de este año. «Una gran mayoría de estos casos se judicializarán, con un gran costo para el Estado», advirtieron, dando cifras similares a las entregadas por la ANEF. En el sector, explican que los despidos que han conocido estos días son por las no renovaciones de contratas a fin de año, aunque el grueso de la cifra es por desvinculaciones en los meses anteriores.
QUEJA DEL SENADO
El planteamiento fue hecho en el Senado, durante el debate presupuestario, por Alfonso de Urresti (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD), entre otros. De Urresti acusó una » razzia política inhumana» -afirmando que varios despedidos tenían positivas calificaciones de desempeño-, y Lagos Weber comentó: «Uno se siente pistoleado. Si así la gente quiere cuidar los climas cuando no tienen mayoría en el Parlamento, va a ser difícil».
«¿Quiere decir algo de los despidos?», le consultó desde la testera el presidente del Senado Carlos Montes (PS) al ministro Gonzalo Blumel, quien tomó la palabra solo para valorar la aprobación del erario. Molesto, Montes señaló: «Ministro, lo de los despidos nos duele».
Para contrarrestar las críticas, el Gobierno difundió el criterio fijado por Hacienda a legisladores opositores que pidieron explicaciones. El miércoles, la bancada DC -que ha apoyado varias iniciativas del Ejecutivo durante este período- se reunió con el subsecretario Claudio Alvarado.
«Le manifestamos que esto genera un clima político complejo, que dificulta las relaciones con el Ejecutivo y favorece un cambio de giro a una oposición más dura», dijo el diputado Raúl Soto, tras la reunión. El presidente del partido, Fuad Chahin, llamó al Gobierno a no ver al Estado como un «botín político». (El Mercurio)
