No fue bien recibida por el Ejecutivo la aprobación de una indicación de la oposición para instalar el principio de la «no devolución», en el marco de la Ley de Migración actualmente en trámite en la comisión de Gobierno de la Cámara.
El reclamo del Gobierno apunta a que la propuesta impide la expulsión de extranjeros del país; en su reemplazo se propone mantener ese principio en el estatuto del refugiado, tal como hoy ocurre.
Tal como informó ayer «El Mercurio», dos diputados PS, un PPD e igual número de la DC, del PR, RD, además de un independiente, aprobaron la controvertida indicación. «Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto a su país», dice lo aprobado.
Para Andrés Chadwick -quien hasta ayer se desempeñó como Vicepresidente debido a la gira del Presidente Piñera a Centroamérica y Estados Unidos-, se cometió «un error grave y profundo con la indicación que se ha aprobado en el día de ayer (martes). Chile, al igual que cualquier Estado, tiene el más legítimo derecho de poder expulsar de su territorio a aquellas personas extranjeras o migrantes que han ingresado a él faltando a la ley, no cumpliendo con los requisitos de ingreso al país y que puedan tener, además, conductas delictuales o prontuarios criminales. Ese es un derecho irrenunciable para el Estado de Chile».
La propuesta se encuentra en primer trámite, por lo que Chadwick «espera que los sectores de la oposición reflexionen sobre la indicación aprobada en el día de ayer que impide la expulsión y puedan acompañar el proyecto del Gobierno, que lo que busca es una cosa: el legítimo derecho del Estado de Chile de poder expulsar a los extranjeros que ingresan al país en forma ilícita o vienen a cometer delitos».
Al hacer un análisis de lo sucedido, la autoridad consideró una «confusión» que la oposición aprobara la indicación. «Confunden lo que es asilo o el refugio político con lo que es el ingreso ilícito al país. Es una confusión que deben resolver, porque la forma como presentaron la indicación genera una traba o un impedimento muy serio, muy severo respecto de la capacidad del Estado para expulsar a los extranjeros que hayan ingresado de manera ilegal o estén o hayan cometido delitos», explicó Chadwick.
AUTORA
Entre quienes promovieron y aprobaron la polémica indicación está la presidenta de la comisión de Gobierno, la diputada Daniella Cicardini (PS).
La parlamentaria plantea hacerse cargo de un «principio internacional en el que si hoy un extranjero siente alguna vulneración respecto a que no pudo ingresar al país y está en peligro su vida, podríamos ser demandados ante la Corte Interamericana de DD.HH., por lo cual el país se debería hacer cargo. Lo que nosotros no queremos es que pasemos a llevar tratados internacionales suscritos por Chile».
La diputada añadió que no están por no expulsar; se entiende que en otros acápites del proyecto se pondrán las causas y criterios para aplicar la expulsión de una persona, explicó. Sin embargo, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, desestimó el argumento de Cicardini al señalar que al tratarse de un «principio, eso no lo entendieron quienes votaron a favor de la indicación, cuando es un principio, ese debe ser coherente con todos los artículos que vienen después».
La comisión de Gobierno continúo ayer la tramitación del proyecto sobre migración. Entre otros aspectos se debatió el derecho laboral y previsional de los extranjeros y como el beneficiario accederá a ellos.
No obstante, se anticipó otra controversia entre el Ejecutivo y la oposición respecto de los derechos sociales de los inmigrantes. Ese capítulo será discutido la próxima semana; sin embargo, la fecha de su aplicación provocó una divergencia.
Por una parte, el Gobierno postula que el «acceso a la seguridad social y beneficios de costo fiscal» rija después de dos años desde la llegada del migrante; pero la oposición quiere que ese plazo se reduzca y coincida con la obtención de la visa temporal y no permanente, lo que deberá ser zanjado en la sesión del próximo martes. (El Mercurio)
