El dictamen de Contraloría que modifica el procedimiento a seguir en el caso de los funcionarios públicos a contrata que quieran alegar legítima confianza ante despidos, no solo derivó en una movilización que agrupó a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y al Colegio de Profesores, sino también en duras críticas desde el Partido Comunista.
Este martes, las organizaciones llegaron a la puerta del entre contralor en Teatinos 56, para entregar una carta en la que solicitan a la contralora Dorothy Pérez que reconsidere el cambio en el reglamento.
Los gremios de funcionarios alegan, en concreto, por la eliminación de la interpretación laboral que regía hasta la administración del excontralor Jorge Bermúdez, quien robusteció el rol de la confianza legítima.
Esto se traduce en que si a un trabajador público se le extendía el contrato por más de dos años, entonces ese funcionario gozaba de la confianza legítima de que se iba a actuar de la misma forma, es decir, renovar su contrata. Esto, con el objetivo de contribuir a la estabilidad del empleo público. Además, estableció que en el caso de despedidos la Contraloría debía pronunciarse sobre estos requerimientos.
Con su llegada, Pérez derribó este reglamento. De esta manera, la contralora estableció que aquellos trabajadores que quieran alegar confianza legítima ante despidos en la administración del Estado ya no podrán hacerlo en el ente contralor, sino que deberán realizarlo vía recurso de protección en las cortes de apelaciones.
Las quejas de los gremios fueron respaldadas en esta jornada por el Partido Comunista a través de las declaraciones de su timonel, Lautaro Carmona. “Estoy absolutamente de acuerdo con que los gremios de los trabajadores del mundo público reivindiquen y defiendan sus derechos”, comentó el líder oficialista en Cooperativa, relevando que “se trata de una medida que pone en jaque la posibilidad de una básica estabilidad laboral, que la tiene todo el mundo”.
El presidente del PC además apuntó que con esta medida se aumenta la precarización e inseguridad laboral “de un sector tan importante para el país como son los trabajadores del sector público, y desde esa mirada, valoramos y respaldamos las iniciativas que tienen los gremios de trabajadores del sector público”.
EJECUTIVO REITERA AUTONOMÍA DE LA CONTRALORÍA
La postura del Ejecutivo ante la controversia fue fijada también este martes por la ministra secretaria de Gobierno, Camila Vallejo.
La secretaria de Estado participó junto al Presidente Gabriel Boric y a su par de la Mujer, Antonia Orellana, de la presentación de avances en materia de responsabilidad parental y pago de pensión de alimentos, donde fue inquirida por las advertencias realizadas por la ANEF respecto a ciertos fallos de Pérez y los cuestionamientos desde el PC, su colectividad.
“Lo que puedo decir como gobierno es que el Poder Ejecutivo es un poder autónomo de la Contraloría”, expresó.
La portavoz del Ejecutivo planteó que “la Contraloría no le responde ni define en función de lo que hace, opina o decide el gobierno. Son instituciones separadas y es la Contraloría y su contralora la que determina un dictamen, insisto, de manera autónoma”.
Y además, señaló que también es independiente “de las opiniones y las críticas que puedan tener parlamentarios, dirigentes de partido, dirigentes sindicales que en una democracia se expresan, se pueden expresar y está bien que así sea”.
“De hecho, en el propio Parlamento han habido distintos parlamentarios que han mostrado su preocupación por aquello. Pero estas son decisiones de un ente autónomo del Poder Ejecutivo”, zanjó. (La Tercera)
