Hace prácticamente un año, el gobierno ingresó un proyecto de ley para modernizar la normativa de compras públicas, con el fin de mejorar estándares de transparencia en las adquisiciones del Estado.
El texto, en su segundo trámite en el Senado, registró un hito en las últimas semanas, ya que el gobierno saliente, el oficialismo y la oposición alcanzaron un acuerdo para incorporar de indicaciones que suben la vara para la fiscalización del correcto uso de los recursos.
Uno de los principales ajustes es que se incluirá a las corporaciones y fundaciones municipales como parte de la Ley de Compras Públicas, lo que significa que deberán ceñirse a los parámetros de mayor fiscalización en el uso del trato directo o las licitaciones públicas para adquirir bienes y servicios. Aquello aplicará para los organismos cuyos ingresos provengan en más de 50% de fondos públicos y en los que un órgano estatal participe en su administración.
Dichas entidades han estado en la palestra ante acusaciones de malversación de fondos relacionadas a municipalidades del sector oriente, como Vitacura y Lo Barnechea.
El acuerdo establece que el uso del trato directo en las compras de parte del Estado se limitará solo a situaciones de emergencia y cuando se acredite la existencia de un proveedor único, privilegiando como norma la licitación pública.
Otro de los ajustes clave será la vigilancia que realizará la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a los directivos públicos y de ChileCompra encargados de las adquisiciones, quienes deberán entregar una declaración patrimonial actualizada cada seis meses a la Contraloría.
También se creará un mecanismo especial de compras públicas para pequeñas y microempresas, donde las compras por hasta 100 UTM de cualquier servicio público serán encargadas a proveedores PYME y locales.
A su vez, se establece la prohibición de contratar o adjudicar en toda la administración del Estado con empresas o sociedades relacionadas en que participen directivos públicos, parientes hasta tercer grado de ellos. Aquello se extenderá a las empresas públicas.
PLAZOS DE TRAMITACIÓN
El proyecto está en la comisión de Economía del Senado y se espera que la próxima semana se voten las indicaciones, para luego pasar a Hacienda y luego a la Sala. En caso de visarse, volverán a la Cámara para su tercer trámite.
El subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, espera que con el cambio de gobierno este proyecto siga avanzando, «porque la modernización, la sustentabilidad, la economía circular y la probidad deben ser políticas de Estado».
El personero destacó el avance que representan las indicaciones para promover la participación de las PYME y proveedores locales en las compras del Estado, la profundización de las normas de probidad y transparencia, el aumento de la transparencia en los tratos directos, y la coordinación del Registro de Proveedores con el futuro Registro de Beneficiarios Finales.
La senadora de la comisión de Economía, Loreto Carvajal, señala que las indicaciones recogen opiniones de gremios PYME, expertos y Contraloría, que expresaron su «preocupación» en la fase previa por las «debilidades» del actual marco normativo. «Serán un paso relevante en probidad, transparencia y políticas pro Pyme», agrega.
Mientras que su par de la comisión, el senador Jorge Pizarro, valora la existencia de un Registro de Proveedores del Estado, que identificará a los dueños finales de las empresas, «lo que permitirá evitar malas prácticas de licitaciones privadas truchas de un mismo proveedor con distintos RUT». (DF)
