Mientras la Fiscalía Metropolitana Centro Norte sigue a la espera de la declaración del general director de Carabineros Ricardo Yáñez —dado que se ha excusado en las últimas ocasiones—, su defensa busca que sea sobreseído total y definitivamente en la investigación por la eventual responsabilidad de mando en delitos contra civiles durante el estallido social, de octubre de 2019.
Y para ello, el abogado Jorge Martínez ingresó una solicitud al 7º Juzgado de Garantía de Santiago, donde solicita fijar audiencia para discutir el requerimiento.
«Las imputaciones efectuadas (…) se contienen en tres ampliaciones de querella presentadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, una querella por torturas interpuesta por el abogado Mario Rendón, que carece de hechos fácticos, y, por último, una querella interpuesta por Francisca Mendoza Vidal, por un supuesto delito de lesiones en contexto de manifestaciones violentas«, explica el documento.
Sin embargo, a juicio de la defensa, «la fiscalía de la Corte Penal Internacional, el exdirector del INDH, señor Sergio Micco, y el actual fiscal nacional del Ministerio Público, señor Ángel Valencia, han manifestado en forma pública que en Chile no ocurrieron crímenes de lesa humanidad durante el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, por ausencia de sistematicidad e inexistencia del elemento político o de una política planificada por el Estado para atacar a la población civil».
Por el contrario, estiman, «se refieren a actuaciones legitimadas que puede desplegar el Estado en protección del orden público y seguridad interior, esto es, el uso legítimo de la fuerza, reconocido en todos los estatutos internacionales», agrega la presentación.
«MANTENER EL ORDEN PÚBLICO»
Consultado sobre la solicitud, el abogado Jorge Martínez aseguró que «tal como lo hemos reiterado, Carabineros ha tenido siempre como su primera prioridad el respeto de la ley en territorio nacional. En este sentido, durante los miles de eventos que ocurrieron en Chile en el marco de la crisis social, se preocupó de mantener el orden público en cualquier lugar en que este era interrumpido».
En la misma línea, agregó que «los miles de funcionarios lesionados dan cuenta de la agresividad con que los funcionarios policiales fueron atacados. Siempre se buscó el resguardo del personal de acuerdo a los protocolos vigentes, y siempre actuando en el marco del respeto a los derechos humanos. Cuando hubo que hacer adecuaciones, estas medidas se tomaron».
«Los hechos se refieren a investigaciones de carácter doméstico y, por lo mismo, carecen de la gravedad y multiplicidad que requiere la ley internacional y chilena que tipifica estas conductas», añadió. (eMOL)
