La semana pasada viajó a La Araucanía para ver en terreno las condiciones de los más de 1.500 carabineros que cumplen labores de prevención en la Macrozona Sur; el lunes, junto a su equipo se trasladaron a Arica para patrullar la zona y participar del Consejo Nacional de Seguridad Pública liderado por el Presidente Gabriel Boric. Así, la agenda del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, no ha sido fácil. “Nunca es fácil”, advierte a La Tercera PM.
La semana la terminó en la Escuela de Carabineros, en Providencia, inaugurando un seminario este viernes para abrir las puertas de los cuarteles a visitas y fiscalizaciones del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT). Estuvo acompañado del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, y el presidente del Comité, Francisco Maffioletti.
¿Cuál es objetivo de este programa?
A través de la Dirección de Derechos Humanos se han ido generando estos lazos con diferentes instituciones que velan por el resguardo de los DD.HH., de tal manera de ir no sólo capacitando a nuestra gente, sino que esos organismos hagan un control y fiscalización de que se estén cumpliendo normas que se están exigiendo. Este tipo de actividades nos llevarán a entregar un mejor servicio a la comunidad.
¿Por qué impulsan esta estrategia, había un problema en cuanto a este tema en los cuarteles?
No, sino que firmamos distintos convenios que se vinculan con mejorar la experiencia en los protocolos y normativas internas. Tenemos que tener una mayor eficiencia en todo lo que tiene que ver con Derechos Humanos y así lo hemos venido trabajando desde hace años, y especialmente en este camino hacia la reforma institucional y el carabinero del Centenario.
¿Se han propuesto algún plazo para encaminar la reforma?
La reforma la lidera el ministerio del Interior, a través de la subsecretaría, quienes están aún trabajando en la definición de los nuevos expertos que integrarán este Consejo. En tanto, nosotros seguimos avanzando en las materias que son administrativas, donde nuestra proyección da cuenta que este proceso -a lo menos- durará ocho años. Desde que comenzamos a trabajar hemos dado cuenta de avanzar hacia la modernización y eso la ciudadanía lo está tomando en cuenta. Muestra de ello es que la CEP nos presentó dentro de las cuatro instituciones mejor evaluadas del país.
¿Cómo convive el apriete del control del orden público para contener los altos niveles de violencia y por el otro, contener de alguna manera la acción policial para no traspasar la barrera que resguarda los derechos de las personas?
Son cosas totalmente distintas y existe una conciencia absoluta. El uso de la fuerza está totalmente normado y establecido, y es legítimo que cuando el Estado hace uso de ella sea bajo condiciones predeterminadas por la ley, por lo tanto, mientras no se excedan, mientras no se salgan de esos rangos, no van a incurrir en ningún delito. Nosotros seguimos trabajando en el control y prevención de la delincuencia.
¿Y cómo están trabajando en eso, dónde están poniendo el foco?
Yo ayer le hice ver ayer al Consejo Nacional de Seguridad Pública: estamos deteniendo y arrestando a personas que cometen ilícitos, y desarrollando un importante trabajo en barrios como Meiggs o en denominados puntos críticos, a través de las operaciones del Escuadrón Centauro. En Meiggs llevamos más de 190 detenidos, Centauro en dos semanas ya lleva 90 detenidos. Eso da cuenta del trabajo de la función preventiva, cuando nosotros somos capaces de contar con nuestro medios de vigilancia en a población focalizadamente se hace mucho más efectiva la labor.
¿Y esos detenidos se traducen en menos delincuentes en la calle?
Mire, yo ayer se lo dije ayer al Presidente de la República: me llama profundamente la atención que más del 50% de los detenidos que tenemos tienen órdenes de detención vigentes, pendientes. Es decir ya los detenidos antes quedaron con medidas cautelares, o sea salieron, las rompieron, y ahora nuevamente los tenemos que arrestar. El mejor ejemplo de que estos es algo muy riesgoso y peligroso es que el cabo David Florido falleció a manos de un delincuente que tenía una orden pendiente.
¿A quién apunta, de quién es esa responsabilidad?
Es la respuesta que este Consejo Nacional de Seguridad busca, porque mientras todos los actores en materia de seguridad y judicial trabajen en un objetivo común vamos a tener mejores resultados. Nuestra labor institucional es prevenir, yo insisto, la prevención es la que le lleva tranquilidad a las personas. Es importante la investigación, pero esta se realiza después de que ocurrió el delito, cuando ya hay víctimas. Lo importante es trabajar para evitar que esos delitos ocurran.
Yáñez ha tenido más de una conversación con las autoridades de gobierno sobre los dardos que muchas veces vienen del sector político que representa el gobierno. A pesar de eso, le trasmite a sus cercanos, han establecido estrechos lazos de trabajo tanto con el Presiente Boric, la ministra del Interior, Izkia Siches, y especialmente con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
El jefe de la policía uniformada advierte que el respaldo se ha traducido en más insumos: están por llegar 300 radiopatrullas (las que vienen a reemplazar autos en mal estado), se están mejorando los equipos tecnológicos y se están liberando 100 policías más de funciones que estaban asignados al control de medidas cautelares.
¿Me imagino que cuando un policía detiene a alguien que ya ha sido arrestado antes o cuenta con órdenes de detención no es una sensación muy grata con el sistema, no?
Es frustrante. Cuando un 67% de los detenidos por robo registra más de una detención previa no es muy satisfactorio. Por eso es necesario tener cambios normativos que permitan que cuando se decreten medidas cautelares se tenga en consideración el perfil personal del delincuente, no penal. Puede que tenga 15 detenciones, pero ninguna con condena, pero claramente esa persona si yo le doy una medida cautelar de que no pueda salir de la casa, difícilmente la va a cumplir.
La ministra Siches dijo esta semana que “estamos volviendo a los niveles de delito de mayor connotación que teníamos previos al 2019″ ¿Lo perciben así también ustedes?
Yo hice una aclaración ayer al Presidente: hay que tener mucha responsabilidad cuando se hacen los análisis. Si bien aquí puede haber una discrecionalidad al interpretar los datos, no puedo hacer una comparación de los delitos del año 2021 con los del 2020, y menos 2022. Estos fueron años de pandemia con condiciones totalmente anormales, con confinamientos, estados de excepción, etc… Yo tengo que compararme con los tres años anteriores. Uno establece un umbral para sacar el promedio sobre cómo se comporta el delito. Cuando yo comparo 2022 con 2019, 2018 y 2017, estamos muy por debajo de esos niveles. En esos tres años el promedio fue de 240 mil casos de delitos de mayor connotación social, frente a los 200 mil que tenemos hoy. Por lo mismo, uno tiene que comparar manzanas con manzanas; y peras con peras. (La Tercera)
