Por primera vez, el 10 de abril pasado a las 9.25 empezó a declarar el gerente general de la Sociedad Química y Minera de Chile, Patricio de Solminihac. Acompañado por sus abogados Hugo Rivera y Sergio Bunger, fue interrogado en calidad de imputado por los fiscales Carlos Gajardo y Emiliano Arias, además de un inspector de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI y una abogada del Ministerio Público, durante tres horas y cuarenta minutos.
El resultado fue una testimonio de 11 carillas de carácter reservado -al que tuvo acceso La Tercera- donde el alto ejecutivo de la minera investigado por delitos tributarios, declaró sobre el vínculo del presidente de SQM, Julio Ponce y con el ex gerente general de la empresa, Patricio Contesse. A este último apuntó Ponce cuando los fiscales lo interrogaron el 23 de marzo pasado, diciendo que quien decidía a qué candidato se aportaba era el entonces gerente general, Patricio Contesse.
Sin embargo, según De Solminihac, Contesse era la persona de confianza de Ponce. “La relación entre el presidente y el gerente general era bien seguida, nuestras oficinas están las tres juntas en el piso seis de Los Militares o el Trovador 4285 y ellos se juntaban de manera períodica. Por supuesto, lo que pasaba al interior de las oficinas yo lo desconozco. Pero evidentemente Patricio Contesse era una persona de confianza de Julio Ponce Lerou y estaban desde que yo llegué a la empresa en el año 1988”.
En cambio, De Solminihac calificó su relación con Ponce como poco común. “Algunas veces almorzábamos juntos y me preguntaba por temas operativos (…). Pero la relación del presidente era fundamentalmente con el gerente general”.
APUNTÓ A CONTESSE
“La primera noticia de problemas por esta investigación ocurre en diciembre de 2014”, declaró De Solminihac, recordando el día en que el Servicio de Impuestos Internos (SII) notificó a la empresa para que informara sobre los pagos que se realizaron a Reactor SPA, Cristina Zúñiga EIRL y Pecado Kapital, empresas vinculadas al financimiento de campaña irregular de Pablo Zalaquett.
Luego de una revisión realizada por el vicepresidente de finanzas, Ricardo Ramos, se concluyó que no había pagos a Pecado Capital. Sin embargo, declaró que “había cinco pagos a Cristina Zúñiga y tres a Reactor, o al revés, no recuerdo bien. Se levantaron los pagos del período y estaban cargados y aprobados por Patricio Contesse en la gerencia general. Le preguntamos a Contesse y él confirmó que eran servicios que él había solicitado y que él tenía los respaldos de ellos”.
Luego, señaló que en enero hubo una reunión de directorio a la que Contesse no fue porque estaba de vacaciones. En esa instancia, “yo le informé al directorio que Contesse me había indicado que los servicios habían sido solicitados por él y eran efectivos y que de la señora (Carolina) De la Cerda no se acordaba (cuñada del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner)”, aseguró.
Sin embargo, después surgió más información. “Leí en La Tercera que salió un listado de nombres de personas que habrían emitido boletas a SQM y que tendrían relación política. Creo que eran 19 nombres (…) Resultó que todos eran gastos de la gerencia general de Contesse y que había pagos en otros meses. El directorio decide nombrar un comité ad hoc para investigar esto de manera independiente”.
Así las cosas, el ejecutivo declaró haber pedido un levantamiento de los contratos vigentes. Luego de revisarlos, decidió terminar con ellos. “Quise hacer un corte y partir de nuevo. Si hay temas interesantes para la compañía, podía partir de nuevo y así se lo hice ver a los proveedores que estaban en el centro de costos de la gerencia general”, manifestó.
Entre los contratos que terminó, estaban los suscritos con el abogado Darío Calderón, el ex ministro Enrique Correa y el ex embajador de Chile en República Checa y militante DC, Marcelo Rozas. “Esto se lo comuniqué a Darío Calderón a quien veía muchas veces en la oficina y le indiqué que se terminaba esa asesoría. También terminé las asesorías con Enrique Correa y para ello me reuní con él. Llamé a Marcelo Rozas pues a él lo habíamos visto con Contesse y rectificamos las boletas prestadas por su cónyuge Michelle Reymond y las de su hijo Daniel a quienes nunca vimos en las oficinas. A otros les mandamos cartas. A Roberto León hijo no le seguimos pagando, entiendo le mandamos una carta. A mí no me consta que haya los respaldos por servicios a la compañía. Las asesorías de los institutos no las he revisado. Terminé la Fundación Jaime Guzmán”.
De Solminhac declaró que en las oficinas de SQM veía a Pablo Zalaquett, porque Contesse le había dicho que lo había contratado para hacer una asesoría en septiembre u octubre de 2014. También dijo que creyó haber visto al ex senador UDI Jovino Novoa.
Además indicó que él personamente se reunió con el diputado UDI Felipe Ward a hablar sobre temas de trabajadores, con el senador Carlos Cantero para conversar sobre el litio y con el senador UDI Jaime Orpis sobre energía no convencional. “Nunca (conversamos) sobre temas de financiamiento de campaña”, dijo.
Pese a que negó tener conocimiento de estos pagos, De Solminihac declaró que “yo sabía que había financiamimiento legal a la política a través del Servel. Esto era por montos aproximados de un millón de dólares por campaña y en las últimas campañas llegó a ser de 1.800.000 dólares. Este tema estaba a cargo de Contesse y el directorio autorizaba un monto total. Nunca escuche que se planteara por Contesse que se iban a hacer otros aportes distintos a estos vía Servel o de otra manera”.
DECLARACIONES DE PONCE
Entre un millón y 10 millones de dólares. Ese es el monto que Julio Ponce, presidente de SQM, estimó que su empresa entregaba en periodos electorales como aporte reservado a campañas políticas en su declaración a la fiscalía.
“El directorio de la compañía decide efectuar aportes de campañas políticas mediante la ley de aportes reservados. El directorio decide, la cifra exacta no la manejo, pero debiera ser más de un millón y menos de 10 millones de dólares”, señala parte de la declaración de Ponce, publicada ayer en Reportajes de La Tercera.
Sin embargo, Ponce que si bien el directorio decide el monto, era el ex gerente general Patricio Contesse, quien decidía a qué candidatos se entregaba dinero.
Según el Servel, los topes de financiamiento electoral para personas naturales o jurídicas por periodos electorales son de 2 mil UF en el caso de los candidatos presidenciales y de 10 mil UF por cada elección (senatorial, diputados, cores), además de otras 10 mil UF para partidos políticos. En dinero de 2013, año de la última elección, un donante sólo podía aportar un máximo legal de $ 966 millones, es decir poco menos de US$ 2 millones del 2013. Pero existe la posibilidad de que este límite sea vulnerado haciendo aportes mediante diversas personalidades jurídicas de un mismo holding.
Aún así la cifra entregada por Ponce causó extrañeza. El gasto promedio de una campaña a diputados electos en 2013 fue de $ 72 millones (incluyendo aportes privados y estatales). Según los márgenes entregados por Ponce, los aportes de SQM equivalen, en términos hipotéticos, a financiar en forma íntegra entre 7 a 70 campañas de diputados.
El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, Germán Verdugo, dijo que es algo que analizarán “en la próxima reunión de la comisión”. El diputado RN, Nicolás Monckeberg comentó que esto demuestra las falencias de la actual ley, mientras el PC, Hugo Gutiérrez dice que las declaraciones de Ponce dan otro motivo para terminar con los aportes reservados y agregó que esas cifras debiesen ser investigadas por fiscalía. (La Tercera)
