Luego del traspié que se vivió en la jornada de ayer en el Senado, que dejó sin sanción el voto obligatorio, la mañana de este miércoles el gobierno anunció un veto presidencial al proyecto que apunta a realizar las elecciones municipales y regionales de octubre en dos días.
Desde el Congreso Nacional, previo a la cuenta pública de éste, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, dio a conocer la decisión del Ejecutivo, que ya había sido adelantada la semana pasada -de darse el resultado negativo en la Cámara Alta- por la titular de Interior, Carolina Tohá.
“Hemos decidido que como gobierno vamos a vetar esta iniciativa”, dijo el secretario de Estado en un punto de prensa en el hall del Parlamento.
Y luego agregó: “El detalle técnico lo vamos a entregar una vez que se haya realizado el estudio correspondiente, pero es básicamente un veto para establecer una sanción a los ciudadanos que no cumplan con la obligación constitucional de participar en las elecciones”.
El ministro recalcó que “el gobierno entonces ha decidido vetar el proyecto una vez que reciba el oficio del Congreso Nacional. Vamos a trabajar los detalles técnicos durante la semana regional o distrital. Por cierto que hay unos y otros aspectos que tendrán que ser considerados eventualmente para que la ley quede en forma y de esa manera consagrar la obligación para la participación en las elecciones conforme lo establece el mandato constitucional”.
Es que la reforma que extiende a dos días las elecciones municipales y regionales de octubre y que implementa otras medidas electorales, quedó en una especie de limbo legislativo luego de que la propuesta para destrabar la iniciativa no contara con los votos suficientes en la sala de la Cámara Alta.
Aunque las dos propuestas de la comisión mixta -grupo conformado por cinco diputados y cinco senadores con el fin de resolver los nudos de la reforma- contaron con un respaldo mayoritario de la sala, el desmarque del oficialismo fue decisivo para que no se lograra el quórum necesario de 29 apoyos.
Particularmente, la propuesta para reponer multas y rebajar los aportes fiscales a campañas electorales se cayó al contar solo con 25 respaldos. Los senadores de la alianza gubernamental, en tanto, se dividieron entre 7 abstenciones y 7 votos en contra.
La controversia está radicada en el artículo 14 de la Constitución que concede el derecho a voto a extranjeros “avecindados en Chile por más de cinco años”, sin estar nacionalizados ni tener necesariamente la calidad de “ciudadano chileno”. Es una norma antigua -que existe desde 1980- que se estableció esencialmente para inmigrantes europeos que llevaban décadas viviendo en Chile.
El problema es que esa norma señala que los migrantes “podrán ejercer el derecho de sufragio”, sin fijar un criterio obligatorio, como pesa para todos los electores. A ello se suma que la realidad migratoria es totalmente distinta a la que había en los 80. Por lo tanto, el gobierno y algunos legisladores tienen la lectura de que podría haber una interpretación constitucional conflictiva para la aplicación de la multa. (La Tercera)
