Una intensa jornada de negociaciones desplegó ayer el Gobierno para aprobar la glosa de gratuidad, becas y fortalecimiento de la educación pública, contemplada en el Presupuesto de 2017.
Así, cerca de la una de la madrugada, la comisión mixta aprobó las indicaciones elaboradas por el Gobierno -y negociadas con parlamentarios de todos los sectores- para destrabar el presupuesto de educación. Estos cambios serán revisados hoy por la Cámara y el Senado.
«Hemos avanzado en un buen acuerdo, los ministros Eyzaguirre (Segpres) y Delpiano (Educación) han estado trabajando los últimos días arduamente para conseguir una votación muy contundente, transversal, que incluye pasos en gratuidad que son de la máxima relevancia», expresó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, junto con manifestarse optimista en cuanto a la ratificación de lo acordado.
Entre las modificaciones acogidas a solicitud de Chile Vamos -y que por el momento hacen que la oposición no recurra al Tribunal Constitucional (TC)- se encuentra la ampliación en 3.500 cupos de la beca Bicentenario (que hoy solo recibe el Consejo de Rectores) a las universidades privadas.
Eso sí, estos planteles deberán tener cuatro años de acreditación y el 80% de sus alumnos de primer año deberán tener más de 450 puntos en la PSU. Según la información que manejaban ayer los parlamentarios, con esta última cláusula, los alumnos de la Universidad Andrés Bello no podrían acceder a este beneficio.
Ante la preocupación de que se entreguen recursos a establecimientos que lucren, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, planteó que la «exigencia de grados de calidad, de más de cierto nivel (…) es también una garantía de que (las becas) lleguen a las mejores universidades».
Además, la negociación establece que los nuevos cupos irán aumentando con los años, y se espera que en 2019 haya un sistema unificado de becas, sin distinción entre Consejo de Rectores (CRUCh) y universidades privadas. También hubo acuerdos para modificar las becas de los planteles técnicos, y estos beneficios llegarían hasta los $900 mil.
En cuanto a la gratuidad, otro acuerdo logrado es que elimina la exigencia de que el plantel esté suscrito al sistema único de admisión. También se suprimió la cláusula que fija que la matrícula de las universidades en gratuidad solo puede crecer 2,7%. Ésta podrá aumentar previa autorización del Mineduc y de Hacienda.
LAS ESTATALES
Previo a que se iniciara la votación, los rectores de las universidades estatales llegaron hasta el Congreso a exigir que -en medio de la negociación- que se considere un plan para fortalecer a su sector.
Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago, dijo que lo que más le molesta de la situación en que se encuentra el presupuesto es que el oficialismo, «teniendo mayoría, no logra los votos necesarios» para evitar que se cumpla la amenaza de Chile Vamos de recurrir al TC.
Mientras que el rector de la Universidad de Chile y presidente de los planteles estatales Ennio Vivaldi, envió una carta en la misma línea a todos los parlamentarios, la cual también le entregó a los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Educación, Adriana Delpiano, donde señala que «es necesario desarrollar una política específica del Estado para con sus propias universidades» , y que «nada de esto implica causar perjuicio alguno al resto de las instituciones de Educación Superior, porque de hecho el sistema requiere de esa diversidad».
Estos puntos formaron parte de las demandas de parlamentarios de la Nueva Mayoría para aprobar la iniciativa, y terminaron recogiéndose por el Ejecutivo en las indicaciones, referentes a la glosa de fortalecimiento de la educación superior pública.
De este modo, se entregarán $3.500 millones a los planteles estatales, y otros $500 millones a las universidades del G9 (públicas no estatales que están en el CRUCh), pero que están en regiones. Esto, con cargo a un crédito que el Ejecutivo pedirá al Banco Mundial que, de acuerdo a una minuta entregada por el Gobierno, se financiarán «a través de un ajuste al presupuesto de todas las partidas del Gobierno Central».
Aunque hubo concordancia en parte importante de los miembros de la comisión mixta, el senador Carlos Montes (PS) discrepó en parte de lo acordado. «Aquí la opción global es fortalecer las universidades estatales porque están muy atrasadas, son apenas el 14,8% de la matrícula, y esperábamos incrementarlo en este presupuesto. Y en vez de incrementarse lo de las estatales, se incrementa nuevamente lo de las privadas: $8.500 millones para las privadas, y $3.500 para las estatales», afirmó el parlamentario. Y añadió que «no hay una opción política clara en el Ejecutivo», junto con sentirse «maltratado» por el Gobierno.
MINUTA DEL GOBIERNO
Horas antes de que se iniciara la votación de las indicaciones, el Gobierno se reunió en Santiago con los parlamentarios oficialistas de las comisiones de Hacienda y Educación. Ahí, se les entregó un documento con los ejes del acuerdo y base de las indicaciones.
«Existe la posibilidad cierta que los parlamentarios de Chile Vamos recurran al Tribunal Constitucional por la glosa», se lee entre las primeras líneas del documento.
Se añade que ante un «resultado adverso nos enfrentaríamos a un difícil trance con la ciudadanía, ya que la única forma de sostener el resultado en los términos descritos sería recortando beneficios. En suma, este escenario nos deja expuestos a una gran derrota política, jurídica, comunicacional y de credibilidad frente a la opinión pública».
Más temprano, en la reunión con el comité político de La Moneda, los presidentes de partidos oficialistas insistieron en sus demandas, pidiendo cautelar que nuevas becas no fuesen a universidades con controladores que lucran.
CRÍTICAS DE QUINTANA
El senador PPD Jaime Quintana dijo a Cooperativa que el acuerdo alcanzado por el Gobierno y Chile Vamos para la aprobación de la glosa presupuestaria de gratuidad, evitando el paso por el Tribunal Constitucional, es «un error político de proporciones» que desmedra la reforma educacional que impulsa Michelle Bachelet.
«Yo creo que el Gobierno se precipitó a este acuerdo bajo las condiciones que le impuso la derecha. Aquí quien ganó fue la derecha y con un triunfo ideológico«, dijo Quintana a El Diario de Cooperativa.
«Esto que se hizo, con un error político de proporciones, ya lo quiso hacer Piñera cuando estaba de ministro (Joaquín) Lavín con el famoso GANE, que lo que buscaba era homogenizar a todas las universidades, decirle a los chicos: ‘Da lo mismo que se matriculen en cualquier universidad, porque todas son lo mismo’, y la verdad es que no todas son lo mismo, porque hay algunas que generan investigación, bienes públicos, que desarrollan ciencia, y hay otras universidades de tiza y pizarrón que sólo buscan lucrar y que se transan en la bolsa en el extranjero«, señaló el ex timonel.
«Con esto estamos perforando la gratuidad principal, estamos creando un sucedáneo de gratuidad que nos lleva a una fórmula donde no va a haber ningún incentivo para que estas universidades privadas que lucran (…) terminen con el lucro. En la práctica, dado que estos 3.500 cupos (adicionales) van a seguir existiendo en el tiempo –porque si tú das el primer año tendrás que hacerlo el segundo año- estas universidades (privadas) no se van a acoger nunca a la gratuidad. Por tanto, no hay incentivos a terminar con el lucro. O sea, hay una perforación de la principal política de la reforma educacional, que es la gratuidad impulsada por la Presidenta Bachelet«, insistió el parlamentario.
«EL PRETEXTO DE LOS ESTUDIANTES POBRES»
«Yo, francamente, no comparto lo que hizo mi Gobierno», continuó Quintana, que consideró «evidente que la propuesta de la derecha está hecha a la medida de ciertas universidades que, por lo demás, están siendo investigadas por la Justicia, en procesos que aún no se cierran».
«La derecha usa mucho la frase de la discriminación arbitraria (…) Bajo el pretexto de los estudiantes pobres –que es el mismo que usaron el año pasado- lo que se busca es financiar a determinados planteles privados que lucran«, dijo Quintana, que también llamó a reflexionar sobre si es válido, de parte de «la derecha, usar como un arma, como un mecanismo de presión o de extorsión a un órgano autónomo como el Tribunal Constitucional».
DEFINICIONES PRESIDENCIALES
Quintana también se refirió a las definiciones presidenciales en el oficialismo y señaló que «lo más responsable» es que el PS y el PPD tengan un candidato único, porque «querámoslo o no, hay un electorado común.
En lo que respecta al PPD, el senador espera que la reunión del consejo nacional del 14 de enero «termine con la proclamación de Ricardo Lagos», e indicó que si, finalmente, no hay entendimiento, «Lagos va a tener que escoger qué partido, si el PS o el PPD, lo lleva finalmente a la primaria del 2 de julio» de 2017 de la Nueva Mayoría. (El Mercurio-Cooperativa)
