Al inicio del año legislativo en el Congreso Nacional, el Gobierno presentó 19 indicaciones al proyecto que busca regular las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para personas de Carabineros y las Fuerzas Armadas.
La iniciativa ha estado estancada desde septiembre por falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición. Desde entonces, el Ejecutivo retiró la urgencia a la tramitación para buscar un acuerdo técnico y político que permitiera -vía indicaciones- destrabar su avance a fin de que las Fuerzas Armadas tengan un protocolo para desplegarse con mayor seguridad en el resguardo de la infraestructura crítica.
La ministra de Interior, Carolina Tohá, explicó a Cooperativa que las indicaciones «simplifican las definiciones y los conceptos de la ley, (ya que), si no, la posibilidad de tener una ponderación equivocada es muy alta».
Además, explicó, «se hace una diferenciación en el caso de los policías y las Fuerzas Armadas, considerando que los policías trabajan permanentemente en esta fricción con la ciudadanía, y las FFAA lo hacen de manera más excepcional. Entonces, en las FFAA se hacen reglas mucho más cerradas, mucho más nítidas, que dicen ‘en tal circunstancia, usted actúa así’, y que dan menos lugar al análisis y a la evaluación».
«En cambio, las policías -que están permanentemente en esto, que esta es su principal actividad, y que enfrentan una variedad muy amplia de situaciones- se manejan reglas que tienen más elaboración y que requieren más ponderación de la situación», añadió la secretaria de Estado.
LAS INDICACIONES
Una de las indicaciones del Gobierno señala que «en el resguardo del orden público y de la seguridad pública interior, la autoridad militar responsable del mando de las fuerzas implementará las siguientes Reglas de Uso de la Fuerza».
Tras lo anterior, comienza una enumeración de manera ascendente del uso de diversas reglas, partiendo por el despliegue de fuerzas, vehículos, naves, o aeronaves; luego diálogo, mediación, y negociación; empleo manual de elementos disuasivos de humo, gas pimienta, lacrimógenos, sonido, luz, agua, bastones u otros menos letales, y continúa avanzando.
También regula el uso de escopetas con munición antidisturbios y, finalmente, el uso de armamento letal, solo en el caso exclusivo de enfrentamiento con personas que utilicen o se apresten ese tipo de armas en contra de la fuerza pública.
Si bien las FF.AA y las policías ya cuentan con cierto resguardo legal en sus funciones, durante la última reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), en febrero pasado, se coincidió en la necesidad de elevar a rango legal también las reglas del uso de la fuerza.
LEGÍTIMA DEFENSA Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Sobre esto último, el presidente de la Comisión de Constitución, Raúl Leiva (PS), sostuvo que «importante es destacar que la ley Naín Retamal permite a todos las policías y también las FF.AA. que realicen labores de orden público en función de ley de infraestructura crítica o de estado de excepción constitucional, que se encuentren amparados por la legítima defensa privilegiada que establece una presunción de inocencia en sus actuaciones».
«Así que, sin perjuicio de estar debidamente resguardada esta labor de las FF.AA y las policías, se requiere este acuerdo para que le dé rango legal a las Reglas de Uso de la Fuerza», complementó Leiva.
Luego de que fueron presentadas las mencionadas indicaciones por parte del Ejecutivo, el presidente de la Comisión de Constitución, Raúl Leiva, deberá citar a las comisiones unidas de Constitución y de Seguridad para que en los próximos días se pueda retomar la tramitación de este proyecto.
Respecto a la postura del Partido Comunista (PC) frente a estas propuestas, la diputada Alejandra Placencia, de la Comisión de Seguridad Ciudadana, destacó que «se ha hecho un esfuerzo importante antes del cierre del año legislativo, por lo tanto se han recogido, entiendo por parte del Ejecutivo, el grueso de las opiniones que mejoran el proyecto«.
«Las reglas que se le ponen a las Fuerzas Armadas en estas indicaciones son básicamente las reglas que ellos ya conocen. Lo que pasa es que antes estaban en un decreto, en un reglamento, por así decirlo, no tienen un rango legal y ahora se elevan a un rango legal que les permite justamente tener mayor claridad y respaldo«, explicó la parlamentaria.
Asimismo, al retomarse la actividad legislativa, la Sala de la Cámara votará esta tarde una nueva prórroga del estado de excepción constitucional en La Araucanía.
RN: NO HAY CONSENSO
Desde la oposición, el presidente de la Comisión de Seguridad, el diputado Andrés Longton (RN), precisó esta tarde que «yo por lo menos no conozco las indicaciones, por lo tanto, el consenso -por lo menos con los integrantes de la Comisión de Seguridad y Constitución- no lo hay».
«Al menos con la bancada RN no ha habido contacto en esa línea, lo que claramente es preocupante, entendiendo de que hay un proyecto en la comisión que el Gobierno retiró la urgencia, precisamente porque no tenía los votos para poder avanzar», indicó el legislador opositor.
«Y eso ya de todo punto de vista es cuestionable, porque uno entendería que si no tienen los votos, igualmente los proyectos tienen que votarse«, agregó el parlamentario de Chile Vamos. (Cooperativa)
