La tramitación del proyecto de Data Center de Google en Cerrillos vuelve a enredarse. La firma Inversiones y Servicios Dataluna -filial de Google en Chile- comunicó a la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región Metropolitana de Santiago su decisión de no perseverar con el diseño original de la iniciativa por US $200 millones.
El proyecto de Google -calificado favorablemente en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) el 20 de febrero de 2020, tras iniciar su tramitación a mediados de 2019- sufrió un revés ante el Segundo Tribunal Ambiental en febrero de este año.
La entidad acogió parcialmente el reclamo de una representante de la comunidad de Cerrillos, que cuestionó – entre otros aspectos- el uso de agua en procesos del centro de datos de Google.
El tribunal ambiental ordenó retrotraer la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), hasta la etapa previa al Icsara (informe que consolida las consultas, aclaraciones o rectificaciones solicitadas por los servicios públicos con competencia ambiental al titular del proyecto) para que la firma incorpore el potencial efecto del cambio climático del recinto.
Lo anterior, debido a que estimó que no se consideró el componente hídrico y su impacto en el Acuífero Santiago Central, en vista del escenario de escasez de agua. Lea más en El Mercurio.
EMPRESARIOS: «ES LAMENTABLE»
Que afecta la imagen país, que urge avanzar en poner coto a la permisología y que, en definitiva, es una «mala noticia». Esas fueron algunas de las reacciones de parlamentarios y el mundo empresarial por la decisión de Google de no perseverar con el diseño original de su Data Center en Cerrillos, tras un revés en el Tribunal Ambiental.
El proyecto, que contemplaba una inversión de US $200 millones, fue detenido por un fallo judicial que cuestionó el uso de agua y la falta de consideración del impacto del cambio climático en el acuífero Santiago Central. Por eso, ahora se evalúa una nueva iniciativa que comience desde cero.
El rediseño fue valorado por el Gobierno. El ministro de Economía, Nicolás Grau, consideró que «esta noticia es positiva, porque lo que significa es que, más allá de este contratiempo que ha tenido la empresa Google producto de esta decisión judicial, la empresa mantiene su decisión de hacer este centro simplemente con un nuevo diseño de proyecto».
Asimismo, aseguró que «eso a nuestro juicio lo que ejemplifica es que la política nacional de data center que nosotros estamos impulsando es una política que es bien recibida por la inversión privada y que estas empresas, más allá de las particularidades de cada proyecto, siguen creyendo en nuestro país».
Reacciones del mundo empresarial Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), expresó su preocupación por los problemas que enfrenta el proyecto. «¿Afecta la imagen del país? Por supuesto que sí. Y si no somos capaces de mejorar nuestro proceso de tramitación medioambiental, muchas empresas no van a querer hacer proyectos en Chile», señaló a Emol, refiriéndose a la lentitud burocrática que afecta las inversiones.
Por ello, cuestionó que «vale la pena preguntarse aquí si nosotros estamos con la velocidad suficiente y si no debería ser entonces nuestro sistema un poco más amplio para dar cuenta del avance, de la rapidez del avance de la tecnología que estamos teniendo». «Somos lentos, la burocracia nos está matando (…) nos demoramos tanto en la obtención de un permiso», añadió.
Mewes también cuestionó que comunidades puedan intervenir tras años de tramitación. «Tenemos que repensar que cuando se da una autorización, si hay alguna comunidad que no le gusta, tenga plazos acotados», acotó.
Desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), su presidenta Rosario Navarro, también manifestó inquietud al respecto. «Vemos con preocupación la falta de inversión y que proyectos avanzados desistan por falta de certeza. Esto sin duda afecta la imagen país en un contexto de estancamiento económico», afirmó.
A su vez, también recalcó la importancia de agilizar los permisos sin bajar los estándares ambientales. «No pretendemos rebajar estándares, sino mejorar los procesos para agilizar plazos y dotar de mayor certeza jurídica los permisos que se obtengan», acotó.
En tanto, Carlos Soublette, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), también se sumó a la preocupación desde el mundo empresarial. «Es una lástima y un síntoma inequívoco de que tenemos un gran problema en los permisos sectoriales para reactivar la inversión en Chile», señaló.
Soublette también hizo un llamado a las autoridades a gestionar mejor la tramitación de proyectos para evitar que situaciones como esta continúen afectando la inversión. Reacciones de parlamentarios Desde el Congreso, el diputado Víctor Pino (Demócratas), presidente de la Comisión de Economía y miembro de la Comisión de Recursos Hídricos, destacó la necesidad de equilibrio.
«Es positivo que Google esté dispuesto a reformular su proyecto para minimizar el impacto hídrico, pero no podemos permitir que se vulneren los derechos de las comunidades ni la seguridad de nuestros recursos naturales», expresó.
Pino también subrayó la importancia de que Chile ofrezca un marco regulatorio claro y transparente que garantice una inversión sostenible. «Cumplir con la legislación ambiental no debe ser un obstáculo, sino una garantía para una inversión respetuosa», acotó.
No obstante, consideró que «si bien es importante proteger el medioambiente, también debemos ser claros en que Chile ofrece un marco regulatorio sólido, donde las reglas son transparentes y previsibles».
En tanto, el senador Rojo Edwards (Partido Social Cristiano) y presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Alta criticó que la reformulación del proyecto Google en Cerrillos «evidencia una vez más cómo nuestra ineficiente y burocrática tramitación de proyectos ha convertido en un gran obstáculo para el crecimiento».
«Un proyecto de esta magnitud requiere certeza y agilidad, algo que nuestro sistema no proporciona. Los países más desarrollados destacan por la solidez de sus instituciones. En cambio, en Chile no ofrecemos garantías claras sobre los requisitos ni criterios, solo ofrecemos impuestos altos e incertidumbre», manifestó a Emol.
El diputado Frank Sauerbaum (RN) también se mostró crítico respecto al impacto económico de la situación. «Esta indiferencia del Gobierno y la manera en que se trata la nueva inversión en el país es lo que nos tiene con un crecimiento cercano a cero», sostuvo, responsabilizando al Ejecutivo por la falta de incentivos claros para atraer inversiones.
«El Gobierno cree que el crecimiento se da por sí solo, pero la permisología tiene asfixiada la inversión en Chile», dijo Sauerbaum a Emol.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) e integrante de la comisión de Economía, expresó su frustración por la decisión del gigante tecnológico. «Me parece una mala noticia, porque se trata de una iniciativa que estaba bastante avanzada, que incluso incluía tecnología que reducía al mínimo el impacto hídrico», señaló, criticando que el Tribunal Ambiental no tomara en cuenta estos avances.
Calisto enfatizó la necesidad de reformas para facilitar la inversión en Chile. «En Chile tenemos un serio problema con la excesiva tramitación que deben realizar los proyectos de inversión», acotó. (Emol)
