“Creo que todos los años tienen cosas buenas y otras no tan buenas. Hay crisis, momentos complejos, momentos de alegría. Desde el punto de vista institucional, creo que el 2015 fue para nosotros un año profesional muy intenso y positivo en la capacidad de accionar del Ejército, en los tres ejes que tenemos definidos desde el punto de vista estratégico: la defensa, la seguridad y cooperación internacional y nuestra relación con la sociedad en general”.
Así se plantea el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo Arriagada (56), respecto de los 12 meses que terminan. Directo. También apasionado a la hora de explicitar el proceso de modernización que vive esta rama castrense. Y rotundo para hablar del fraude que se investiga al interior de la institución, producto de facturas falsas o adulteradas, pagadas con cargos a la Ley Reservada del Cobre. Pocas horas antes de esta entrevista, de hecho, expuso sus planteamientos en el Congreso, ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, el miércoles recién pasado.
De regreso en Santiago, en su oficina del Edificio Ejército Bicentenario, en la calle Blanco Encalada, Oviedo, ex alumno del Instituto Nacional, dialoga con La Tercera acerca de este tema y de otras proyecciones al 2016. “En lo social, el Ejército ha estado en erupciones, como la del volcán Calbuco, estados de excepción, inundaciones y terremotos. Desde ese punto de vista, ha sido un año muy positivo, porque para eso estamos. Para darle seguridad a los chilenos”.
¿Y en lo internacional?
Estamos muy contentos. Entre muchas otras cosas, fuimos capaces de mantener una fuerza de paz en Haití. Y, por primera vez, hemos desplegado dos pelotones de soldados profesionales del batallón de paracaidistas en ese país. Es primera vez que enviamos unidades orgánicas con soldados profesionales. Desde el punto de vista de la defensa, ha sido un año en el que hemos logrado estándares de mantención de capacidades operacionales. Cumplimos con los objetivos que nos habíamos puesto de los ejercicios, tanto a nivel nacional como internacional. La reciente operación conjunta Huracán, por ejemplo, fue muy bien evaluada.
¿Como toma el hecho de que el contingente para el Servicio Militar voluntario se deba completar nuevamente con el sorteo?
El Ejército requiere más del 90% de ese contingente, cerca de 12 mil jóvenes. Por ello, somos muy activos participantes de la campaña de difusión que hace el Ministerio de Defensa, a través de la DGMN (Dirección General de Movilización Nacional). La cuota de voluntarios ha aumentado, pero no en la proporción para tener una buena selección, que es lo importante. Muchas veces, algunos voluntarios no pueden quedar en el Servicio Militar, y eso hace reducir la base de selección. Por eso se ha usado el recurso legal del sorteo público. Para nosotros, el objetivo es tener a los mejores jóvenes en el servicio, sean voluntarios o por sorteo. De los sorteados el año pasado, casi un 70% se incorporó al Ejército, como soldado profesional, postulando a la Escuela de Suboficiales o a la Escuela Militar. No hay que tenerle miedo a este proceso legal.
Sin duda que en el ojo de la opinión pública, en estos últimos meses, resalta el tema del fraude.
Lo que nos ha sucedido con este fraude, del que fue objeto el Ejército, no es algo positivo. Es un tema doloroso, complejo. Me da frustración ver como algunos integrantes de la institución fueron capaces de perder sus principios, su objetividad y aprovecharse para hacer uso de estos bienes, que son importantes y que nosotros utilizamos para equipar al contingente, para tener mejor infraestructura y potenciar nuestras capacidades. Eso duele. Pero fue un grupo el que traicionó al Ejército. No representa a los 45 mil hombres y mujeres de la institución, ni a los 30 mil reservistas activos.
Se han tomado varias medidas, entre ellas la verificación de todas las facturas en el SII y la creación de un departamento de control de proyectos. ¿Es suficiente?
Queremos que las medidas sean eficientes, pero siempre hay mucho por mejorar. En cuanto a los controles administrativos, no hay que conformarse con lo hecho. Siempre debemos estar evaluando brechas para visualizar vulnerabilidades. Debemos ser más autocríticos. Desde diciembre de 2014, cuando dimensionamos el efecto de este fraude, tuvimos que hacer una revisión rápida de muchos procedimientos que tenían que ver con lo financiero, la gestión y la fiscalización. En eso hemos sido muy proactivos. Incorporamos nuevas tecnologías para ser más rápidos en la detección de problemas. Para 2016 tendremos tres elementos muy importantes: la firma electrónica para todo tipo de facturas, la incorporación de una auditoría externa, que ya está funcionando y esperamos su primer reporte en febrero próximo, y la incorporación de módulos en el sistema financiero para tener una trazablidad de los recursos más ordenada y en tiempo real.
¿Y respecto de la elección del personal…?
Es una reflexión que hemos realizado. Tenemos ciertos resguardos, como la declaración de intereses y patrimonio, pero hay otros que son incluso más estrictos. Una investigación que se hace a cada persona, por ejemplo, para ocupar un cargo sensible, a fin de determinar su idoneidad para cumplir esa tarea, su lealtad, inteligencia, moral y criterio. También se deben mejorar las evaluaciones por parte de los comandantes, sobre liquidación de sueldo, préstamos, deudas, boletín comercial y antecedentes patrimoniales. Ahí tenemos un elemento por mejorar. Obviamente, aparece de toda lógica al ver las acciones de ex cabo (Juan Carlos) Cruz, cuando él gastaba dinero de forma exagerada (NdR: lo hacía en casinos y actualmente está procesado y privado de libertad). Si hubiese estado al día eso, habría habido una alerta mucho más temprana. Pero el sumario administrativo interno, aún en curso, tendrá que detectar las responsabilidades de dónde se produjo esa laxitud del control.
¿No recibieron alertas anteriores a 2014, que es cuando el Ejército detecta la irregularidad? La Superintendencia de Casinos dice que ofició a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en 2012 sobre los gastos del ex cabo Cruz.
No, no tengo registro de que hayamos recibido información formal de él en ese tiempo, porque si no habría sido alertada la situación irregular de su comportamiento.
¿Cree que fallaron también los controles externos al Ejército?
No tengo antecedentes de cómo operan y cuáles son las regulaciones que tienen de información. Sé que hay una solicitud del ministro en visita (Omar Astudillo), para que se puedan entregar antecedentes de cómo habría operado la UAF. Yo no me voy a cerrar a la posibilidad de que esa unidad haya hecho su trabajo y nosotros no hayamos conocido la información.
A través de un dictamen, la Contraloría anunció recientemente una supervisión más detallada a los gastos relacionados con la Ley Reservada del Cobre.
Creo que es una excelente noticia, lo que también fue muy explicitado por el ministro de Defensa. Las FF.AA. no nos debemos restar a esos controles, para que todo el mundo esté tranquilo en cuanto a la transparencia de cómo se ocupan los recursos que tienen que ver con capacidades militares. Es una muy buena medida. Aunque la Contraloría sí ha ejercido, siempre, controles en proyectos de la institución, de otras formas.
¿Esto implicará cambios en algunos procesos del Ejército?
Todavía no, porque este dictamen es muy reciente, del 15 de diciembre, pero los proyectos que nosotros hacemos tienen fichas de fundamento del gasto para la autoridad de Defensa. Van al ministerio. La Contraloría puede pedir toda la información y revisarla.
En las últimas semanas, la Ley Reservada del Cobre pareciera estar en entredicho. Hay sectores sociales, de estudiantes, gremios y otros, que constantemente miran a esos recursos como para destinarlos a otras áreas. ¿Cómo justifica usted su existencia?
A mí no me corresponde defender una forma de financiamiento, pero puedo decir con firmeza que debemos ser muy cuidadosos con la mantención de la capacidad militar. En eso me apoyo en lo que ha expresado la Presidenta de la República en su mensaje nacional y en una clase magistral dictada en esta esfera. Me parece que cualquier sistema de financiamiento que se resuelva no puede poner en peligro la capacidad militar del país para su defensa. Debemos tener los recursos para que lo que definimos como capacidad militar pueda estar operativa y vigente, bien entrenada y con capacidad de actuar. El modo de solución de esta problemática obviamente está en otro nivel, no en el nuestro, pero ojalá no llevemos esta discusión a que la sociedad civil ponga en cuestionamiento lo que debe tener su ejército. Porque ésa es una definición de país, de Estado.
¿En qué sentido?
No es lo que queremos los militares, como un capricho nuestro. Cuando yo invierto en seguridad es un intangible difícil de dimensionar todos los días. Pero cuando lo necesito y no lo tengo es muy peligroso. Por lo tanto, yo trataría de ayudar a la reflexión diciendo que tenemos que invertir en Defensa. Ahora, la modalidad para hacerlo es una discusión a nivel nacional.
¿Le preocupa el destino de los dineros defraudados, aparentemente más de $ 3 mil millones?
Claro que nos preocupa. Es como en un robo personal, lo primero que uno piensa es cuánto voy a recuperar de ese patrimonio. Por eso se ha hecho parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE), para poder restituir el máximo de bienes. Me imagino que las personas que tengan responsabilidad deberán responder con su patrimonio, ya sean empresas o particulares.
¿Afecta esto el presupuesto 2016?
No es por aminorar el daño, porque es complejo, pero lo sucedido no afecta la capacidad militar, en cuanto a lo que nosotros necesitamos para mantener el potencial bélico, con importancia estratégica. Eso no está en peligro. Pero sí son recursos destinados a poder mantener la flota de vehículos en forma operacional.
¿Le molestó un correo electrónico, difundido por la prensa, del general (r) Héctor Ureta, advirtiendo sobre más responsables?
Es un correo personal y no me voy a referir a una acción de ese tipo. Lo fundamental es cooperar con el ministro Omar Astudillo y con la fiscal Ximena Chong, para que lleguen a todas las aristas del caso.
¿Podrían ser anteriores los delitos del fraude al periodo que se está investigando?
Se investiga de 2011 a 2014. Las facturas adulteradas que tenemos acreditadas son de ese período. Pero si surge información de lo que el cabo Cruz hacía en 2008 y sus gastos, puede ser parte de la investigación criminal.
La presencia del Ejército en las calles, apoyando estados de excepción por catástrofe, fue uno de los ejes de 2015.
Somos parte de un plan de la Defensa, dentro de la protección civil del Estado de Chile. Ese plan de protección tiene un componente importante, radicado en el Ministerio de Defensa, específicamente en el Estado Mayor Conjunto. Y esa es la organización que genera misiones a las fuerzas armadas. Se trata de capacidades polivalentes de las unidades. Medios militares cuya gestión primaria es la defensa, pero que tienen un subsidiario que permite generar asistencia humanitaria. Yo evalúo estas instancias como situaciones muy positivas, que nos sorprendieron con una planificación y respuesta humana acorde a las circunstancias. Para una erupción volcánica movilizamos medios desde San Fernando, Puerto Varas, Temuco. En el caso del aluvión y los desastres en Atacama se movieron recursos desde Concepción, Santiago, Talca, Antofagasta, Arica.
¿Hubo tensión por el hecho de tener militares en las calles?
No, y eso habla muy bien del entrenamiento. Cuando una unidad militar sale a una tarea distinta a de la guerra, es porque eso ya está catalogado, en reglamento, entrenado y con normas de comportamiento. Y ha resultado muy bien. Pero también la gente y su actitud ha sido extremadamente cálida y positiva. Los chilenos entienden que cuando la fuerza sale, lo hace para ayudar a los chilenos.
¿Hubo que destinar muchos recursos a esas operaciones?
Cuando hay situaciones que escapan a la instrucción y entrenamiento normal para la defensa, el gobierno, a través del Ministerio del Interior, genera recursos similares a una rendición de cuentas. Y eso se salda, conforme a un requerimiento, de forma trimestral o semestral. No hay un cargo financiero para la institución.
El senador Baldo Prokurica ha sostenido que se les adeudan recursos, habló de $ 2 mil millones.
De forma responsable puedo decir que los recursos que se emplean, adicionales a lo que nosotros tenemos como gastos de operación, el gobierno, a través del Ministerio del Interior, hace la devolución de los ítems correspondientes. A veces es trimestral o semestral, puede haber algunas demoras u otros en proceso, pero todo es saldado.
