«Hemos cumplido con las palabras que les dimos a las familias y a los estudiantes. No ha sido fácil, sin embargo, ha prevalecido la sensatez», dijo la Presidenta Michelle Bachelet, la mañana del 24 de diciembre, para destacar la aprobación exprés que tuvo el proyecto de gratuidad con que La Moneda sorteó bajo presión el traspié que vivió ante el Tribunal Constitucional (TC) con la impugnación la glosa del Presupuesto que buscaba garantizar el mismo beneficio a los estudiantes de la educación superior.
Sin embargo, más allá de las felicitaciones, los aplausos y del hecho DE que en el oficialismo respiraron aliviados al no ver caer el compromiso central del conglomerado, este capítulo dejó un gusto amargo en la Nueva Mayoría y el Gobierno en general, ante la sordera política que prevaleció en Palacio durante meses.
Desde que en noviembre se prendieron las primeras alarmas sobre el peligro real de vivir un traspié ante el TC, en el Gobierno hubo muchas críticas privadas por la errática decisión de querer aplicar la gratuidad a través de una glosa presupuestaria y no vía proyecto de ley. Altas fuentes en Palacio reconocen que no había unanimidad en La Moneda al respecto, que “era un tema opinable” y que “era discutible el camino que se tomó”, más aún cuando “era evitable lo del Tribunal Constitucional, se podía prever qué sucedería”.
Más aún, en el Gobierno y en la propia Nueva Mayoría asumen en reserva que todas las miradas apuntan a la Presidenta Bachelet, que este fue un problema que se pudo evitar, que se le advirtió en varias ocasiones a la Mandataria pero que ella insistió en una fórmula, la glosa, que fracasó y que obligó a actuar sobre la marcha y contrarreloj para sortear el fallo del TC y aprobar en tiempo récord el proyecto de ley de gratuidad antes de Navidad y del proceso de postulación a la educación superior.
Diversas fuentes de La Moneda agregan que Bachelet “no escuchó los consejos de nadie ni de la coalición ni de su propio comité político, hubo mucha obstinación de su parte”. Entre autoridades, asesores gubernamentales y parlamentarios hablan de porfía y tozudez de la Mandataria, tanto en sus métodos como en sus objetivos, que explican por su rechazo a ser dirigida por los partidos políticos, que le pongan “cortapisas” y una falta de confianza en el comité político, que redunda –añadieron– en que no escucha las recomendaciones de sus ministros.
“Es una forma de gobernar como si aún liderara las encuestas de aprobación positiva y eso hace mucho que ya no es así”, planteó un alto asesor de Palacio.
Diversos actores políticos del oficialismo vinculados al debate de la reforma educacional y la gratuidad, coincidieron en que la raíz del problema en este nuevo paso en falso que vivió La Moneda estuvo en el discurso del 21 de mayo, la última cuenta pública que dio Bachelet ante el Congreso. Ahí dijo con todas sus letras que “a partir del 2016 aseguraremos que el 60 por ciento más vulnerable que asista a Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito. Esto beneficiará a casi 264 mil jóvenes (…) muchas veces las becas no financian el arancel completo y nuestros estudiantes más vulnerables y de clase media terminan sobre endeudándose para cubrir la diferencia».
Si bien fue uno de los puntos más aplaudidos del mensaje ese día, el problema estuvo en que fue un anuncio que la Mandataria “no consultó con nadie”, que sorprendió a todo el oficialismo y cambio las reglas del juego, el cronograma de cómo se iba a llevar adelante la promesa de campaña de una educación gratuita y de calidad para todos.
Claramente fue una salida de libreto presidencial y desde el seno del Gobierno explicaron que la motivación de fondo estuvo en que la Mandataria quiso dar una señal pública y política, en momentos en que caía en picada en las encuestas y a poco de cambiar a todo su gabinete político. “Fue una mala forma de salir del paso y de la presión de los discursos moderados”, afirmaron en el Ejecutivo.
Efectivamente las principales críticas públicas han salido desde la DC. Su timonel y senador, Jorge Pizarro, dijo la semana pasada en el canal Vía X que todo “se complicó porque la Presidenta en el 21 de mayo adelantó la aplicación de gratuidad. En vez del año 2017 como estaba planteado en su programa, adelantó al menos para el 50% al año 2016 (…) en la práctica nos encontramos con este problema (…). Nosotros lo hemos dicho en todos los tonos: creemos que se tenía que ver en conjunto con la Ley de Educación Superior”.
Mismo tono que el jueves 24 de diciembre, en CNN, tuvo el senador DC Ignacio Walker, que reconoció que desde mayo hubo “un camino muy accidentado (…) nunca debimos llegar al TC si hubiéramos hecho bien la pega” y agregó que el principal problema fue que hubo “mucha improvisación en esta política pública que estuvo mal concebida desde el día uno (…) fueron siete meses de mucho ruido e incertidumbre”.
Pero no fueron los únicos. El Gobierno encargó al Banco Mundial un estudio sobre las fórmulas para aplicar la gratuidad, informe que fue entregado en junio y donde –según consignó La Tercera el sábado 26 de diciembre– ya se advirtió de los riesgos que corría La Moneda al distinguir entre universidades, CFT e IP. “La misma fórmula básica debe aplicarse a los distintos tipos de instituciones. Crear diferentes fórmulas (…) complica la operacionalización del sistema y puede conducir a inequidades, innecesarias estratificaciones o percepción de discriminalidad en la distribución de recursos”, rezaba el informe.
Si desde la DC cuestionan que “por razones ideológicas” no se quiso recurrir a las becas el 2016, para tener tiempo de incorporar la gratuidad en el proyecto de educación superior y aplicarla desde el 2017 como estaba originalmente pensado, en el resto del oficialismo hay preocupación por la sordera política de La Moneda que la lleva a cometer autogoles.
Más aún si el resultado final es una victoria a medias con gusto amargo, porque tras toda la teleserie política que significó el fallo del TC y el proyecto de gratuidad, La Moneda obligadamente tuvo que recurrir a la fórmula de las becas durante el 2016 tanto con los CFT como para los IP y en el propio Gobierno reconocen que, a pesar de las declaraciones públicas, eso es una derrota desde todo punto de vista.
Es que más allá de la supuesta porfía que desde el Ejecutivo y la coalición le atribuyen a la Mandataria, lo que hoy preocupa en las huestes oficialistas es el estilo de conducción que está imperando.
Entre las bancadas de diputados y senadores de la Nueva Mayoría no desconocen la responsabilidad de Bachelet, que se le pusieron todas las alternativas sobre la mesa, que se advirtió de las complejidades del camino que eligió, pero especialmente dirigen los dardos al ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, que en todo este episodio pecó de la misma “porfía”, que “no escuchó sugerencias”, que mostró una “mala capacidad de negociación” y que, en resumen, su cartera demostró una «alta ineficiencia».
No pasó inadvertido para nadie en el oficialismo que las últimas dos semanas fue el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el que estuvo abocado de sol a sol a este tema, desplegando funciones que van más allá de sus responsabilidades como jefe de la billetera fiscal, supliendo otros roles dentro del gabinete. “Su tarea eran informes presupuestarios, pero ha estado haciendo funciones de negociador, de Segpres, de jefe de gabinete, de titular de Educación”, advirtieron en el Gobierno.
Una forma de trabajo que no deja de levantar suspicacias, de ser calificada de “compleja” y, por lo mismo, prender alarmas en el oficialismo, porque si bien se sorteó el problema de la gratuidad en este momento, la reforma a la educación es una carrera de largo aliento y, junto con el fin de año, se cumple el plazo autoimpuesto por la propia Presidenta Bachelet, de presentar el proyecto de ley para la educación superior antes del 31 de diciembre, y no son pocos los que temen que se puedan cometer los mismos errores.
No solo los parlamentarios consideran que el tema necesita más tiempo de maduración, de trabajo prelegislativo y diálogo. En el propio Gobierno confidenciaron que varios ministros le plantearon a Bachelet la necesidad de contar con más plazo para presentar el proyecto en cuestión, pero la respuesta de la Mandataria fue –agregaron– categórica: no.
