El costo de la gratuidad universal es de 3 mil 505 millones de dólares, incluyendo un monto para becas de mantención y los recursos destinados para la creación de un fondo para el desarrollo de la investigación de las instituciones adscritas a esta nueva política pública.
Así se consigna en el proyecto de ley de reforma a la educación superior, iniciativa que ingresó ayer cerca de las 10:45 horas a la Sala de la Cámara de Diputados.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, hizo una precisión a los parlamentarios: «La parte de educación superior cuesta un punto y medio del PIB y el PIB nuestro es US$ 240 mil millones, por lo tanto 1% son 2.400 millones de dólares. Si Chile tuviera esa plata, supongamos que tenemos la suerte de que el precio del cobre vuelve a 3 dólares, la pregunta siguiente que tiene que hacerse la sociedad, y que el proyecto de ley pone sobre la mesa, es ¿queremos usar toda esa plata en educación superior o hay otras necesidades también que compiten con ésta, como salud, educación no terciaria, pensiones”.
La diputada PC Camila Vallejo respondió a los dicho por el jefe de las arcas fiscales apuntando que la gratuidad universal no estaría en duda porque fue parte del programa de gobierno: «Lo central es que el tema económico debe subordinarse a definiciones políticas. No podemos permitir que la definición de lo que es posible o no esté supeditado a criterios financieros».
Tal como consigna hoy La Tercera, en el proyecto se establece una fórmula para ir avanzando en la cobertura de los deciles, desde los cinco primeros, que hoy reciben el beneficio, al décimo. Dependerá de la capacidad del país para recaudar recursos y eso se calcula a través del PIB tendencia.
Según los economistas, esto se realiza mediante impuestos y obligaría a hacer una nueva reforma tributaria para llegar a la gratuidad universal.
“Pasar del decil seis a la gratuidad total faltan 6,5 puntos porcentuales del PIB, y uno se pregunta cómo se logra eso. No hay magia, se requiere una reforma tributaria. En tal camino hay dos salidas: hacer una reforma tributaria igual o incluso mayor que la que ya se hizo, o no hay gratuidad para todos. Y me parece una fórmula responsable del ministro de Hacienda porque de esa forma se estarían financiando gastos permanentes con ingresos que no son permanentes”, afirmó el economista de la U. Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini.
Por lo pronto, el Ejecutivo descartó que en el actual gobierno pueda haber una nueva reforma tributaria.
El Mostrador/Agencias
