Anoche lo anunció la ministra del Interior, Izkia Siches, y este martes el Gobierno hizo llegar a la Contraloría el decreto que establece el estado de emergencia -al que calificaron como «acotado- en la macrozona sur.
La herramienta constitucional anunciada por el Ejecutivo, y la cual permite el despliegue de las Fuerzas Armadas, se enfocará en rutas y carreteras de las provincias de Arauco y Biobío, además de la Región de La Araucanía. Sin embargo, esta no se focalizará en restringir garantías de la población como el derecho al libre tránsito y reunión.
Ante esta decisión, algunos gremios que representan a parte de los sectores económicos más golpeados por la violencia en sur se pronunciaron. Entre las visiones más críticas, destacó la de Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), quien sostuvo que «creemos que el estado de emergencia debiera haberse decretado en toda la macrozona sur y no estar solo acotado a las carreteras, ya que todos los habitantes de la zona están siendo de una u otra forma víctimas de la violencia«.
«Es hora de que el Gobierno empiece a actuar porque es importante que se persigan a los responsables de estos delitos e identificar quiénes están detrás y en función de eso ejercer las acciones que correspondan. Y por supuesto continuar haciendo un llamado al diálogo y a trabajar en conjunto para lograr que de una vez por todas los habitantes de la zona puedan vivir en paz», agregó.
Por otra parte, Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), expuso que «valoramos el paso que está dando el Gobierno, de avanzar en dar respuesta al problema de la violencia que vivimos en el sur de Chile. Las medidas anunciadas el día de ayer van en la línea de lo que la comunidad ha venido solicitando».
Además, resaltó que «es urgente restituir la paz a nuestros vecinos, trabajadores y sus familias, entregando soluciones concretas para el tema de su seguridad, y así poder ir recuperando de a poco y de manera sostenida las distintas actividades que se han visto fuertemente afectadas por la violencia, como es el turismo, la agricultura, la construcción y todas aquellas relacionadas con el mundo de la madera”.
Mientras que, desde el mundo de los camioneros, por medio de un comunicado la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) pidió que «los patrullajes comiencen de inmediato, pues cada día que transcurre es un riesgo para nuestros conductores«.
Asimismo, el gremio espera que esta medida tenga «alcances reales», en el sentido de «que efectivamente contribuya a la seguridad de uso y paso por las carreteras y caminos de dicha zona«.
«También quedamos a la expectativa de que no haya ‘letra chica’ para la acción de las fuerzas militares y policiales encargadas de las tareas de asegurar los tránsitos en las rutas, y de esta forma evitar atentados y acciones contra usuarios y camioneros», agregó.
A su vez, la CNDC subrayó que «sigue siendo muy preocupante que persistan las condiciones que han convertido a la macrozona sur en un pozo sin fondo de violencia. Esto ocurre porque siguen actuando organizaciones armadas guerrilleras, mientras el estado de derecho no opera para garantizar el bien público de la seguridad a los ciudadanos».
En tanto, también a través de un comunicado, la Multigremial Nacional señaló que «valoramos que el Presidente Boric haya escuchado el llamado de los gremios de conductores de camiones y trabajadores de regiones para implementar el estado de excepción, descartando soluciones parches intermedias que no solucionaban el conflicto de fondo». «Hoy era el momento de poner por delante a las víctimas del terrorismo y dejar de lado las trincheras», subrayó.
«No obstante, creemos que el estado de excepción nunca debió ser retirado de la zona cuando todos los días vemos camiones quemados, comisarías baleadas, predios usurpados y trabajadores amedrentados por grupos radicales que no están dispuestos al diálogo”, agregó. «Esperamos que esta medida no sea acotada y se extienda todo lo necesario con la finalidad de contribuir al resguardo de las familias y trabajadores de la macrozona sur«, cerró el gremio. (EMol)
