“Acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo”. Así empieza la declaración en defensa del excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (MEO), firmada por 40 líderes del Grupo de Puebla, entre los que figura el Presidente de Argentina, Alberto Fernández.
En su defensa a MEO, quien está acusado por el Ministerio Público de delitos tributarios en una de las aristas del caso SQM que se arrastra por ocho años, los líderes del Grupo de Puebla apuntan que el exabanderado del PRO “viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera. Marco ha negado éstas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones”.
Entre los firmantes de la misiva -además de Fernández-, destacan los nombres de exjefes de Estado de España, José Luis Rodríguez Zapatero; Ecuador, Rafael Correa; Bolivia, Evo Morales; Colombia, Ernesto Samper y de Panama, Martín Torrijos. A ellos también se suma el actual ministro de Defensa de Argentina, Jorge Taiana.
Otro nombre conocido es el de Baltasar Garzón, quien fue el juez español que firmó la orden de captura en contra Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998.
En el texto sostienen, además, que “fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile”.
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El último episodio al que aluden se trató, en rigor, de una suspensión decretada el pasado uno de febrero, en razón de que el auto de apertura, resolución donde el Juzgado de Garantía informa al tribunal e intervinientes la acusación y pruebas que irán al juicio oral, no habían sido revisado con sus correcciones finales. El juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que debía revisar el documento se encontraba ausente esa jornada por uso de feriado legal.
“Una justicia dilatada es una justicia denegada. La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado. Otro caso de lawfare como los adelantados en América latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado”, reza la declaración emitida por el Grupo de Puebla, instancia de coordinación regional que reúne a líderes de izquierda y centroizquierda de América Latina.
La declaración de los líderes latinoamericanos cierra asegurando que desde la organización están convencidos que “finalmente se impondrá la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos”.
La causa que lleva adelante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, mantuvo en su momento a 180 personas siendo investigadas por el ente persecutor. Sin embargo, la mayoría han sido sobreseídas o el Ministerio Público ha decidido no perseverar o suspender bajo condiciones los procedimientos. A la fecha ha habido solo 10 condenas. En el caso de MEO, la fiscalía solicita cuatro años de condena.
La mañana del pasado lunes finalmente comenzó la audiencia para dar inicio al juicio oral, que -según estimaciones de los intervinientes- el juicio podría durar al menos dos años.
REACCIONES EN EL CONGRESO: «GBNO. DEBE PEDIR EXPLICACIONES»
Nada de bien cayó la acción del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien se suscribió junto al Grupo de Puebla una carta cuestionando la imparcialidad de los jueces del caso SQM, en Chile, que tiene como imputado por delitos tributarios al ex candidato presidencial, Marco Enriquez-Ominami.
El proceso judicial que ya comenzó en 2015 fue retomado el pasado lunes luego de que, a principios de mes, fuera aplazado por falta del auto de apertura, el documento donde el Juzgado de Garantía comunica al tribunal y a los intervinientes las acusaciones y las pruebas que estarán en el juicio.
Tomás de Rementería, diputado socialista, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, señala entender «la relación que tiene Fernández con Enrique Ominami», sin embargo «me parece que es poco prudente de que un presidente de cualquier país opine sobre la justicia chilena. Ya se ha dado y hemos sido críticos cuando se ha habido intervenciones sobre lo que está pasando en Chile», mencionó, recordando así los episodios con el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa.
«Creo que no corresponde que un mandatario extranjero opine y nosotros podríamos tener una posición sobre la justicia argentina también, pero no lo vamos a hacer porque creo que una parte del respeto es respetar la autonomía de los poderes del Estado. En Chile la justicia funciona, es autónoma y funciona de manera libre sin presión política», agrega el parlamentario.
Desde esa misma instancia, Sofía Cid, subjefa de bancada de diputados RN, indica a Emol que «no es primera vez que el presidente de Argentina opina o cuestiona procesos judiciales, sobre todo cuando no son afines con sus intereses«.
Ante esa premisa, a la parlamentaria no le parece «que sean relevantes sus dichos». No obstante, dice «queda en evidencia que para un importante sector de la izquierda latinoamericana se ha vuelto incomoda la separación de poderes del Estado, sobre todo la independencia del poder judicial».
Por su parte, el jefe de bancada de senadores UDI, Iván Moreira, quien además integra la Comisión de RR.EE. de la Cámara Alta, opina que efectivamente el sistema judicial chileno tiene relaciones políticas: «Puedo entender que ha habido una persecución de algunos fiscales en contra Marco Enríquez y otros políticos con demoras de juicios hasta más de 8 años en Chile, también hay muchos fiscales políticos más de izquierda que de derecha«.
Asimismo, comprende que «como amigo, el presidente Argentina, desee darle un espaldarazo. Pero no corresponde que un presidente intervenga sobre asuntos judiciales en este caso de Chile más aún son poderes del Estado independientes».
Para Moreira, Fernández «permanentemente tiene una conducta intervencionista sobre los asuntos chilenos. Y espero (que el) Presidente (Gabriel) Boric y Canciller (Antonia Urrejola) quienes conducen la política exterior pidan explicaciones al gobierno argentino». (La Tercera-Emol)
