Una eventual simplificación de la reforma tributaria –incluida un análisis de los sistemas impulsados en la ley aprobada en 2014-, eventuales cambios al impuesto a las grandes mineras y el planteamiento de una nueva forma de hacer política cambiaria son parte de la agenda que estableció el candidato presidencial de los partidos Radical, PPD, Comunista, Socialista e Izquierda Ciudadana, el senador Alejandro Guillier, de cara a un eventual gobierno 2018-2022.
En un texto de cerca de 130 páginas, el programa del aspirante a La Moneda repasa cinco grandes temas. Bajo el título «Hacia una economía moderna, inclusiva, sustentable e inteligente, se desarrollan trece aspectos principales, entre los que destacan los siguientes:
• A mediano-largo plazo, la carga tributaria debe aproximarse a la media de los países de la OECD y la estructura tributaria hacerse más progresiva, de tal forma que los más ricos paguen más. Debe avanzarse hacia un sistema tributario/fiscal que mejore la distribución del ingreso después de impuestos y transferencias. Eso mejorará la calidad de vida de las capas medias y bajas, ofreciendo mayor igualdad de oportunidades a nuestras hijas, hijos, nietas y nietos.
• Estamos disponibles para revisar la reforma tributaria realizada el 2014, simplificándola, si así lo demuestra el balance de la Operación Renta, disminuyendo la evasión fiscal, incentivando la inversión y evaluando también espacios de apoyo adicional a las Pymes. Un gran mérito de ella es su carácter progresivo, reconocido en estudios del Banco Mundial y la OCDE. El propósito es avanzar hacia un sistema tributario que genere los recursos que Chile necesita, que distorsione lo menos posible, que sea progresivo, en el sentido que las personas de mayores ingresos contribuyan más, y que sea fácil de comprender y administrar.
• El sistema tributario debe ser progresivo y establecer incentivos a las inversiones. Por ello, se estudiará si el actual sistema semi integrado es el más apropiado para lograr estos objetivos o uno plenamente desintegrado, uno donde las empresas paguen sus propios impuestos y las personas hagan lo propio con los suyos, independiente de los pagos que haya realizado la empresa.
• El gobierno estudiará una reforma a los impuestos a la extracción de recursos naturales (royalty) para incrementar la participación del país en las rentas que generan los recursos naturales. En el caso de la Gran Minería del Cobre, los eventuales cambios se aplicarán a partir del año 2030, una vez que expire la ley del royalty aprobada durante el gobierno de Pi- ñera. Esto da suficiente tiempo para que las empresas puedan adaptar sus planes de inversión y extracción.
• Este esfuerzo de recomposición y racionalización tributaria debe ir acompañado de una reforma sustantiva del Estado. Es fundamental asegurar que los recursos impositivos de todos los chilenos sean usados de manera correcta y en los fines para los que fueron establecidos. Existe la percepción de un gradual deterioro en la calidad de las políticas públicas, en tanto los casos de apropiación indebida de recursos públicos han agravado esa percepción. Los chilenos no podemos permitir la continuada captura y erosión de las instituciones públicas (Consultar Capítulo V, 1. La modernización del estado).
• La política macroeconómica debe concentrarse en asegurar el desarrollo y no el rentismo financiero. La riqueza financiera e inmobiliaria ha adquirido una importancia cada vez más dominante en la economía chilena, lo que ha sido acompañado por la profundización e internacionalización de los mercados de capitales. Ello conlleva efectos positivos, pero también riesgos de expansión del rentismo financiero a costa de las actividades productivas, de fuga de capitales, de evasión tributaria, así como de riesgos de crisis financieras y de burbujas inmobiliarias. En este contexto, la política macroeconómica debe ampliar su alcance. Por ello el BBCH debe incrementar su coordinación con las agencias reguladoras del sistema financiero y el SII para controlar y minimizar la evasión tributaria, las burbujas especulativas y los riesgos de crisis financieras.
• La diversificación productiva y exportadora hace necesario impulsar una política cambiaria, que tenga como propósito la estabilidad del tipo de cambio real, a un nivel competitivo y funcional para la estrategia comercial y productiva del país. El manejo de la política cambiaria durante la primera parte de la década de los noventa fue efectiva para controlar las fuertes tendencias que buscaban su apreciación, esto se logró con políticas heterodoxas que desplazaban la premisa neoclásica de la libre flotación que hoy guía el accionar de la política monetaria del país.
• En cuanto a la política comercial relativa a los acuerdos y tratados de comercio con otros países o bloques económicos, el objetivo debe ser generar capacidad exportadora a través de acuerdos preferenciales de comercio sujetos a cláusulas de reciprocidad. El TPP sin Estados Unidos puede ser una oportunidad, en la medida que se excluyan de ese posible acuerdo las cláusulas que afecten los intereses de Chile, que encarezcan el acceso a medicamentos, lo dificulten respecto a servicios y contenidos digitales, y/o limiten la autonomía de la política macroeconómica.
• Es fundamental profundizar la integración de Chile con América Latina, procurando una coordinación económica que facilite nuestro crecimiento y permita fortalecer a la región como bloque económico competitivo dentro del comercio mundial. (DF)
