El dilema político que enfrenta nuestro país excede con largueza a la Convención. Se trata de las definiciones acerca de la unidad nacional, la integridad del territorio, los fundamentos de la República y las condiciones de funcionamiento de la democracia representativa. Si hasta la nacionalidad chilena se ha vuelto líquida, debido al intento de imponer una plurinacionalidad artificiosa, quiere decir que todo, o casi todo, está en juego. Quiere decir que nadie puede cruzarse de brazos.
El futuro no depende de lo que decida el grupo que controla la Convención, surgido de la aplicación de un sistema electoral nunca antes usado en Chile, el que erosionó el principio de igualdad ante la ley por medio de las listas de falsos independientes, los escaños de raza y la paridad de género impuesta mediante la “corrección” de los resultados de las urnas. Así, se distorsionó la representación ciudadana y se ofreció una oportunidad al frenesí refundacional.
Todos sabemos cómo llegamos a la actual encrucijada. “La violencia hizo lo suyo”, dijo un senador para exaltar el proceso constituyente, lo que, a fin de cuentas, refleja la turbia noción de que puede haber una violencia buena para lograr que la sociedad sea más justa. Tal condescendencia contaminó las prácticas políticas y extendió el miedo en la sociedad. No hay espacio para ambigüedades: la primera exigencia del pacto de las libertades es la exclusión absoluta de la violencia como método político.
El proyecto configurado en la Convención no disimula el propósito de descoyuntar el país con vistas a crear otro en su lugar. Es la idea de hacer la revolución a partir de un texto. Es hora de que la sociedad civil entre en escena pisando fuerte. Así lo entienden cada día nuevos sectores que están levantando la voz.
La experiencia de la Convención debería servirnos, por la vía del contraste, para valorar mejor lo que somos como nación, reconocer lo construido por muchas generaciones, apreciar el arraigo de la cultura de la libertad entre nosotros. Y debería servirnos también para identificar los errores que debemos evitar a toda costa. Lo primero es adherir lealmente a los principios y procedimientos de la democracia liberal. No puede haber fórmulas torcidas para que algunos tomen la parte de la democracia que les sirve, y desconozcan todo lo demás. El vandalismo y el terrorismo plantean un reto frente al cual el Estado democrático no puede retroceder.
Algunas personas que temen ser vistas como conservadoras sostienen que la actual Constitución, que lleva la firma del expresidente Ricardo Lagos, dejó de existir. Tomada al pie de la letra, tal afirmación significaría que nos encontramos en tierra de nadie. Casi una invitación para las soluciones de facto. Es indispensable tener en cuenta que la Constitución vigente sostiene todo el edificio de la legalidad democrática, al punto de que el nuevo Presidente y los nuevos parlamentarios fueron elegidos de acuerdo con sus normas. No se puede, entonces, darla por superada antes de tiempo. Su reforma o su reemplazo deben sujetarse a los procedimientos establecidos.
La perspectiva del plebiscito del 4 de septiembre creará forzosamente un cuadro de polarización que debemos procurar que no lesione la paz interna ni las normas de civismo. Será esencial que el Gobierno cumpla con su obligación legal de asegurar la limpieza y transparencia del proceso. El aparato estatal no puede usarse indebidamente.
En el debate sobre las implicancias de aprobar o rechazar el proyecto de la Convención, hay un aspecto llamativo. Quienes aprueban, lo hacen con argumentos generales, incluso abstractos, y evitan entrar en detalles sobre los contenidos. En cambio, quienes rechazan, lo hacen con argumentos específicos, concretos, citando incluso los acuerdos que critican. En rigor, no abundan las buenas razones para defender los contenidos del proyecto, y sobran para cuestionarlos.
¿Qué pasará si gana el Apruebo? Será necesario establecer las modalidades y plazos de la compleja transición de un orden constitucional a otro, lo que exigirá despejar en qué situación quedarán el mandatario y los parlamentarios que recién asumieron sus cargos. La infinidad de cambios obligará a estudiar numerosas leyes interpretativas. Lo más probable es que haya un interregno prolongado.
Si gana el Rechazo, el Congreso tendrá que ejercer su potestad constituyente y encauzar, junto al Presidente, el debate sobre los cambios. Será vital alentar un gran acuerdo nacional dirigido a renovar el pacto constitucional. Chile tiene fortalezas como para superar las actuales dificultades y reforzar la paz, la libertad y el Derecho. Podemos producir un nuevo reencuentro nacional en torno a los valores democráticos. (El Mercurio)
Sergio Muñoz Riveros
