La tendencia de las encuestas respecto del proceso constituyente está a la vista: la mayoría de los consultados se inclina por votar en contra del proyecto que salga del Consejo Constitucional elegido el 7 de mayo. Es, probablemente, la consecuencia de cuatro años de experimentación constitucional, lo que ha llegado al límite de la paciencia ciudadana. La encuesta Cadem N° 505 (17 de septiembre) preguntó por el sentimiento que provoca el proceso, y el resultado habla por sí solo: el 39% dijo “incertidumbre”; el 35%, “cansancio”, y solo el 20%, “esperanza”.
Después del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, el Presidente Boric pudo haberse dado un tiempo para considerar serenamente las lecciones derivadas de su derrota. Pudo priorizar el reforzamiento de la estabilidad y la gobernabilidad, y proponer que el Congreso estudiara con calma las reformas necesarias. Mal que mal, estaba descubriendo ciertas virtudes del orden constitucional y legal que desconocía. Sin embargo, reincidió en la batalla simbólica de reemplazar “la Constitución de Pinochet”, aunque sabe perfectamente que lleva la firma del expresidente Ricardo Lagos (con quien ahora se saca selfies).
La compulsión constituyente ha sido para el Frente Amplio y el PC la forma de negar mérito a la acumulación de reformas que permitió reconstruir la democracia. La violencia octubrista hizo el resto: les metió tanto miedo a los senadores y diputados, que ellos perdieron de vista la defensa de la democracia real y se refugiaron en una imaginaria.
¿Puede cambiar de aquí al plebiscito del 17 de diciembre la tendencia de las encuestas, como ya ocurrió en el primer proceso? No parece sencillo, pero es posible. Dependerá de que el texto final sea equilibrado y tenga la capacidad de defenderse por sí mismo, esto es, de que su sola lectura deje de manifiesto sus méritos. El 7 de octubre, el Consejo Constitucional entregará el texto aprobado a la Comisión Experta, la que podría plantear reparos, lo que obligaría a buscar un acuerdo entre ambos organismos. Vendrá luego el enorme reto de informar debidamente a los electores.
Hay un mundo de diferencia entre la Convención refundacional y el trabajo hecho por la Comisión Experta, que se esforzó por elaborar un texto de compromiso, y también por el Consejo que está en funciones. De los contenidos ya aprobados, vale la pena destacar lo que dice el Artículo 4 en su primera parte: “El Estado de Chile adopta para su gobierno la república democrática, con separación de poderes y régimen presidencial. La soberanía reside en el Pueblo de Chile, Nación única e indivisible, y se ejerce por este a través de elecciones periódicas, plebiscitos y de las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo, persona, institución o grupo puede atribuirse su ejercicio”.
El Artículo 11 precisa:
“1. Son deberes u obligaciones fundamentales del Estado:
a) Garantizar la seguridad de la población, promover la integración armónica y solidaria de sus habitantes y su participación en la vida nacional.
b) Resguardar y mantener la paz social y el orden público. El uso de la violencia como método de acción política es contrario a la Constitución y a la democracia.
c) Proteger la vida, libertad y bienes de las personas.
2. Todo acto que promueva la violencia es contrario al orden constitucional, y generará responsabilidades y sanciones establecidas en la Constitución y la ley”.
Todos los partidos están sacando cuentas. Algunos calculan las posibles ganancias de subirse al carro que parece ganador, pero vacilan. El diputado Tomás de Rementería, del PS, propone simplemente saltarse las reglas: “La solución es agarrar el texto de los expertos y que pase por el filtro del soberano del poder constituyente derivado, el Congreso, y que se apruebe con los 4/7 para que se convierta en la nueva Constitución” (La Segunda, 20/09).
¿Se crearía un vacío constitucional si se impone el voto en contra? De ninguna manera. El país seguiría funcionando con las actuales reglas, y nada impediría que las ideas provechosas que surgieron en el camino puedan debatirse en el Congreso.
Es hora de salir de los enredos causados por quienes, desde 2019, han demostrado cuán lejos podían llegar en el afán de ganar a río revuelto, que no otra cosa fue usar la excusa constitucional para obtener ventajas de poder. Algunos salieron trasquilados, como le consta al PPD.
Lo fundamental es fortalecer el régimen democrático, que ha enfrentado tantas expresiones de deslealtad en estos años. Esperemos que el actual proceso llegue a puerto. Algunas figuras sobre cuyas credenciales democráticas hay enormes dudas ya están en campaña por el voto en contra. Ello puede influir en el crecimiento del voto a favor. (El Mercurio)
Sergio Muñoz Riveros
