El presidente de la UDI, Hernán Larraín, comentó las declaraciones del senador gremialista, Jaime Orpis, quien reconoce que hubo irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral entre 2010 y 2013.
Al respecto, dijo que el momento de “sincerar lo que ha ocurrido en el financiamiento de la política. Tanto las precampañas, las campañas y las poscampañas, así como las primarias, han sido financiadas de una manera irregular”.
“Orpis ha sido muy valiente y transparente en reconocer los hechos en que estuvo involucrado, es la manera correcta de enfrentar estas situaciones”, aseguró el timonel de la UDI en El Mercurio, quien acotó que si bien estos hechos no son constitutivos de delito, sí son “irregularidades administrativas que deben tener las correspondientes sanciones”.
“En ese sentido, Jaime Orpis ha sido claro y preciso: El financiamiento dice relación con las deudas de su campaña y en ningún caso estos aportes han tenido como destino influir en la decisión que como parlamentario puede haber tomado en uno o más proyectos de ley”, indicó Larraín.
Por ello, apuntó a que sería “razonable que todo el sistema político asumiera estos hechos, los sincerara y pidiera las disculpas que el país se merece por haber actuado en forma generalizada”.
“Lo que dijo la senadora (Isabel) Allende, de que todos habíamos incurrido en algún resquicio, es la pura y santa verdad. Y por eso creo que llegó la hora de hacernos cargo de esta situación ante el país, terminando con todos los aportes reservados que puedan haber existido, prohibiendo los aportes de empresas y restringiendo a aportes solo de personas”, afirmó el líder gremialista.
Ante la posibilidad de que la UDI adopte acciones en contra del senador Orpis, aclaró que “las medidas de esta naturaleza, de acuerdo a la ley, las toma el Tribunal Supremo. No me corresponde a mí pautear al Tribunal Supremo”.
De todos modos, Larraín descartó por el momento la intervención del tribunal y dijo que esperarán el resultado de la investigación del Ministerio Público.
“No voy a pedir la intervención del Tribunal Supremo mientras no se esclarezcan los hechos judicialmente. Ir más allá, por ahora puede ser impropio. En este caso no habrá defensas corporativas. Las responsabilidades son siempre personales y así deben entenderse. Pero nosotros advertimos que hay responsabilidades políticas y por eso corresponde pedir disculpas”, concluyó.
BORIC
El diputado Gabriel Boric no dudó en responder de manera tajante y descartando cualquier irregularidad en el financiamiento de su campaña para llegar al Congreso.
Boric replicó que “(Larraín) termina diciendo que todo el sistema político tiene que aceptar que hubo un financiamiento irregular. Desde mi punto de vista, eso abre lugar a una posibilidad de borrón y cuenta nueva”, dijo en radio Cooperativa.
Agregó que “acá no todos infringimos la ley, no todos anduvimos pidiéndole plata a las empresas, no todos recibimos dinero para pagar las deudas porque hicimos campañas millonarias. Por lo tanto, me parece que esto tiene que ser sancionado de la manera más drástica posible para que no vuelva a suceder”.
LEY DE PESCA
El ex dirigente estudiantil aprovechó de criticar y pedir la derogación de la ley de Pesca sumándose así a varias voces disidentes. “Yo firmé y soy partidario -lo he conversado con muchos sindicatos depescadores artesanales- de que la Ley Longueira tiene que derogarse”, indicó.
“Es una ley que fue claramente tramitada bajo la influencia de empresas que utilizaron sus recursos para comprar la defensa de sus intereses. Ellos invierten y cuidan sus intereses mediante los aportes a ciertos parlamentarios. Eso es inaceptable y yo creo que pone en cuestionamiento la Ley Longueira totalmente”, añadió.
EMPRESAS DE MAGALLANES
Ocho oficios de fiscalización fueron enviados la semana pasada por el diputado Gabriel Boric pidiendo información a gerentes de empresas vinculada a Magallanes sobre un posible financiamiento de campañas políticas. Esto a partir de un reportaje publicado por Ciper Chile en que se revela una extensa lista de empresas que se han acogido al beneficio tributario exclusivo por donaciones con fines políticos.
Las empresas vinculadas a Magallanes que aparecen en esa lista son el Casino Dreams, Aguas Magallanes, Lan, Ultramar, Mina Invierno, Gasco, Ultraport y la Clínica Magallanes.
«Acá en Magallanes hemos seguido los escándalos que se han dado a conocer por la prensa, sobre la relación oscura entre política y negocios. No hay que ser ciegos, en la región no estamos inmunes a este tipo de situaciones y la mejor manera de recuperar la confianza de la ciudadanía es con transparencia. Nosotros no recibimos aportes de ninguna empresa y, si bien no es ilegal que otros políticos reciban dinero de empresas, es fundamental que esas relaciones sean de conocimiento público», enfatizó Boric.
Luego de que el senador Jaime Orpis, de la UDI, reconociera que recibió aportes en dinero desde Corpesca, la pesquera del grupo Angelini, inmediatamente surgieron las voces que piden una sanción al menos ética, contra el parlamentario. Esto, aunque Orpis se preocupó de desmentir que estas donaciones hayan implicado cohecho, es decir, que fueran un incentivo para votar a favor de los intereses de la empresa.
La petición surge especialmente porque la política que ha seguido la Corporación, según consigna hoy La Segunda, ha sido la de esperar las resoluciones judiciales para emitir un juicio. La Comisión de Ética en este caso la preside Hernán Larraín, del mismo partido que Orpis, la UDI, donde desde un comienzo han decidido esperar las resoluciones de los tribunales para sancionar a sus militantes involucrados en estos casos.
De cualquier manera , la situación se hace insostenible y públicamente el Presidente del Senado, Patricio Walker, se mostró a favor de que la Comisión de Ética emita un pronunciamiento. “Las comisiones de ética tendrán que revisar los casos que se han producido. Esperamos estar a la altura de lo que la ciudadanía espera de nosotros”, dijo Walker en alusión a los parlamentarios involucrados en casos de financiamiento irregular.
Pero como este pronunciamiento aún no se ha producido, la presión para que ocurra viene desde la Cámara de Diputados. “No comparto la posición del Senado en términos de esperar hasta la resolución judicial. No lo comparto, porque sería una reacción tardía ante un parlamentario que ha reconocido un financiamiento irregular. No somos la Justicia, pero sí tiene que haber un reproche”, dijo el diputado Vlado Mirosevic, representante de Arica, parte de la circunscripción de Orpis.
Otro legislador de la zona, el diputado del PC Hugo Gutiérrez, enfatizó que “él está reconociendo estos delitos. En consecuencia ya debiera ser pasado a la Comisión de Ética”.
En la misma línea, lo apoya el otro diputado por Arica, Luis Rocafull (PS): “Hoy el Senado tiene que considerar la transparencia frente al país. Me extraña que en este caso no haya funcionado la Comisión de Ética del Senado. Si bien hay casos con ribetes judiciales, sí le compete al Parlamento lo que tiene que ver con la ética de cada uno de componentes. Hago un llamado al Senado para que haga funcionar a su Comisión de Ética”.
En la Cámara de Diputados, ya hay un precedente, precisamente en este caso. En diciembre de 2013, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados sancionó con una moción de censura y una multa correspondiente al 10% de su dieta mensual bruta a la diputada Marta Isasi, quien recibió donaciones de Corpesca e hizo mal uso de asignaciones.
