La noticia del número de niños y adolescentes fallecidos por armas de fuego, en nuestro país, ha sido alarmante. De acuerdo a las cifras ofrecidas por la Defensoría de la Niñez, hasta noviembre de 2024 se habían registrado 48 casos, diez más que en 2023. El año pasado, entonces, fue el segundo con una de las estadísticas más altas. Le precede el 2022 con 49 niños caídos debido a lesiones por armas de fuego.
Esto es muy preocupante y lo es porque nos demuestra que la criminalidad más violenta, que nos asola desde 2021 (por lo menos), se ha ido enraizando cada vez más ocasionando la proliferación de armas de fuego, aumentando así la violencia delictual y demostrando, de alguna manera, la deficiencia de los sistemas de protección. Esta nueva estirpe de delincuentes suelen sumar a menores de edad a sus filas.
El aumento de muertes por armas de fuego entre niños y adolescentes no sólo es un problema de seguridad, sino también de justicia social. Las soluciones deben ser integrales y abarcar tanto la prevención como la intervención. Es así, como estas soluciones deben pasar por el endurecimiento del control de armas. Se requiere una fiscalización estricta y sanciones más severas para el tráfico y la posesión ilegal de armas.
También se vuelven necesarias iniciativas educativas y laborales que alejen a los jóvenes de entornos delictuales; auditorías y reestructuraciones a instituciones como el Sename; mayor presencia de autoridades en zonas vulnerables y ser mucho más proactivos y apostar por la autogestión de la seguridad.
La autogestión de la seguridad, entendida como la capacidad de individuos y comunidades para identificar riesgos y tomar medidas preventivas, emerge como una herramienta esencial en este contexto. Empoderar a niños, niñas y adolescentes para que reconozcan situaciones de peligro y actúen de manera adecuada puede ser determinante para prevenir hechos violentos.
De acuerdo a una nota publicada por El País, el pasado 7 de enero, un ejemplo ilustrativo se encuentra en Uruguay, donde personas capacitadas actúan como “interruptores de violencia” y su trabajo se concentra en comunidades vulnerables para mediar en conflictos y prevenir actos violentos.
“El programa está basado en el modelo de Cure Violence, una organización de Estados Unidos que propone un enfoque epidemiológico de la violencia, siguiendo pautas de la Organización Mundial de la Salud. Tratándola como una enfermedad contagiosa, a la violencia hay que cortarla de cuajo. Con ese cometido los interruptores salen en dupla a recorrer su barrio”, explica El País.
Con esto quiero decir que la autogestión de la seguridad, respaldada por el apoyo comunitario y políticas públicas efectivas, es una estrategia vital para prevenir homicidios y proteger a niños, niñas y adolescentes. Empoderar a los jóvenes con conocimientos y herramientas para reconocer y enfrentar situaciones de riesgo, en un entorno que promueva su bienestar, es esencial para construir sociedades más seguras y justas. (Red NP)
Gonzalo Cornejo
CEO Insight Security
