En las últimas semanas hemos sido testigos de un hecho grave e inédito. La Fiscalía denunciando abusos de parte de una de sus entidades colaboradoras, Carabineros de Chile. Se trata sin duda del hecho institucionalmente más grave desde la instauración del nuevo sistema de persecución penal. Su gravedad radica en que quienes aparecen como imputados son –ni más ni menos– integrantes de una unidad especializada de la institución encargada de dar eficacia al derecho. Es decir, del servicio público al cual el sistema judicial encarga miles de pericias para fundar acciones y pretensiones de las partes en litigio; la institución encargada de proveer las pruebas para que el ente persecutor pueda ante los jueces perseguir penalmente a ciudadanos de nuestro país.
Que ellos hayan falseado pruebas es de la mayor gravedad, ya que pone un legítimo manto de duda respecto de cientos de pericias anteriores y de las decisiones judiciales basadas en dichas pruebas policiales. Grave también porque esto podría producir una avalancha procesal de nulidades de cientos de pruebas en otras causas abiertas o recientemente cerradas, pidiendo revisión de las decisiones judiciales o medidas cautelares, según corresponda.
Creo necesario también precisar que aún hablamos de supuestos, ya que Carabineros ha rechazado la imputación de falsedad de pruebas (aunque 2 peritajes lo estarían confirmando). Por tanto, cualquiera sea el resultado de la investigación en curso, tendremos una institución muy dañada, Carabineros o Ministerio Público.
¿Por qué se podría producir la alteración de pruebas? Simplemente porque no existe control alguno sobre las instituciones encargadas de la recolección probatoria, salvo, claro está, la del Ministerio Público. Ahí me surge una segunda pregunta: ¿Qué hubiese pasado si Carabineros no sindica a una funcionaria del Ministerio Público como “filtradora” de información a algunos imputados? Quizás la Fiscalía no se habría enojado y no hubiesen periciado con la acuciosidad que lo hicieron las interceptaciones telefónicas de Carabineros y quizás usted y yo nunca nos hubiéramos enterado de la falsedad de las pruebas y los imputados hubieran sido condenados ante los ojos de todos en razón de pruebas falsas.
Esta situación amerita que de una vez por todas enfrentemos el tema de fondo. En un Estado de derecho democrático se requiere de controles externos a las instituciones. Al Ministerio Público y también a las policías. En democracia las instituciones poseen sistemas de controles externos destinados, por una parte, a mejorar su gestión y el cumplimiento de sus objetivos constitucionales y legales y, por la otra, a evitar opacidades que se presten para abusos, sean de orden administrativo, investigativo, operativo o comunicacional.
Las reformas necesarias al Ministerio Público dan para otra columna.
Con la actual realidad delictual, nuestro país debe concentrar esfuerzos en la prevención policial y no se justifica que la institución policial preventiva concentre cada día más esfuerzos en labores investigativas. Chile debe dar seriamente la discusión sobre la necesidad de contar con una policía preventiva y otra investigativa. A estas alturas necesitamos enfrentar esta discusión con perspectivas de Estado y no con defensas corporativas ni institucionales. Carabineros a prevenir y la PDI a investigar.
En materia policial, porque hoy tenemos una democracia sólida, estamos en condiciones de abordar con seriedad y responsabilidad la necesaria reforma policial de segunda generación. Una reforma que fortalezca las instituciones pero que lo haga con los necesarios controles externos del mundo civil. El Ministerio del Interior debe tener competencias especiales a la hora de velar por el control de la gestión operativa, desde el despliegue de cuarteles hasta la distribución de dotaciones policiales o la implementación de estrategias operativas para el control efectivo del delito. Necesitamos que exista un control de la gestión financiera, no meramente formal, sino de fondo, que permita controlar la asignación de recursos para los fines aprobados por el Congreso nacional. Control del sistema de salud y previsional de las instituciones uniformadas para lograr que los beneficios sociales lleguen a las dotaciones de zonas más aisladas, pero que a su vez se termine con algunos abusos propios de comisiones médicas sin controles externos. Necesitamos que en materia de licitaciones y adquisiciones se instale un sistema de control externo para evitar posible cooptación de parte de ciertos proveedores. Necesitamos también que nuestra policía incorpore el mérito en el desarrollo de carreras para premiar a quien operativamente tiene mayores éxitos policiales.
Finalmente, quiero dejar planteada una cuestión de fondo que debería acompañar a la “reforma policial 3.0”.
Con la actual realidad delictual, nuestro país debe concentrar esfuerzos en la prevención policial y no se justifica que la institución policial preventiva concentre cada día más esfuerzos en labores investigativas. Chile debe dar seriamente la discusión sobre la necesidad de contar con una policía preventiva y otra investigativa. A estas alturas necesitamos enfrentar esta discusión con perspectivas de Estado y no con defensas corporativas ni institucionales. Carabineros a prevenir y la PDI a investigar.
En la eventualidad de que esa sea la decisión, necesitaremos de un proceso gradual e intenso, ya que implicará traspaso de funciones y recursos logísticos, multiplicar la dotación de la PDI para enfrentar las numerosas investigaciones que en la actualidad lleva adelante Carabineros; en fin, será una política de Estado que superará un período de gobierno. Así las cosas, podríamos aumentar la eficacia y la eficiencia, el trabajo conjunto y propender en un futuro cercano a contar finalmente con un verdadero “sistema de seguridad” y no con instituciones y servicios que tengan metas propias y nulos controles externos más allá de lo que Chile requiere.
El Mostrador
