El abogado Isidro Solís (69 años, Santiago) fue uno de los militantes históricos del partido más antiguo de la escena política chilena, el radical, fundado en 1863. Comenzó a militar muy joven y para el golpe de 1973 tenía un cargo importante en la juventud de su organización, que formaba parte de la Unidad Popular de Salvador Allende. No salió al exilio como la mayoría de los dirigentes, militó en la clandestinidad y trabajó por la reconstrucción del Partido Radical, perseguido por la dictadura. Para el plebiscito de 1988, cuando la oposición se organizó en las urnas para derrotar a Augusto Pinochet, fue parte del equipo que organizó la campaña. A partir de entonces, fue uno de los rostros importantes de todos los gobiernos democráticos de la Concertación de centroizquierda y en el primer Gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010), ministro de Justicia. Fue, además, abogado de la familia de Bachelet en diversas causas, como la muerte por tortura de su padre en 1974.
En el plebiscito constitucional de septiembre del año pasado, cuando se sometió a referéndum un texto redactado por una Convención Constitucional dominada por la izquierda, optó por rechazarla. La propuesta fue echada abajo por el 62% de la ciudadanía. Luego dejó el Partido Radical y se sumó a Amarillos, una fuerza emergente que tomó el nombre de quienes no se ubican en ninguno de los dos lados de lo que Solís llama la grieta chilena. Secretario general del partido, en esta entrevista realizada en su oficina del municipio de Providencia, en Santiago de Chile, explica por qué aprobará el nuevo texto que será sometido a referéndum el 17 de diciembre próximo. Es un texto apoyado en pleno por la oposición –fue conducido por la derecha conservadora del Partido Republicano– y rechazado por la izquierda, donde se hallan los que fueron sus compañeros políticos por décadas.
Pregunta. Usted tiene una historia ligada a la lucha contra la dictadura. ¿Cómo se define políticamente hoy?
Respuesta. Me defino como un hombre de centroizquierda con una clara definición socialdemócrata.
P. ¿Qué es Amarillos?
R. Es un conglomerado que arranca con un momento dramático de la historia de Chile cuando se hace una propuesta constitucional extrema, casi disfuncional, que amenaza la subsistencia del Estado de Chile. En 2022, la grieta que se abre en la definición política es entre quienes están a favor o en contra de ese texto constitucional, lo que cruzó todas las coaliciones, los partidos, las historias personales y nos hizo definirnos individualmente frente al proyecto. Yo era militante radical desde hacía 52 años –es un partido que hoy está en el Gobierno de Gabriel Boric– y por manifestar mi oposición al texto constitucional anterior fui conminado a callarme o a irme. Y preferí irme antes de callarme.
P. ¿Amarillos es un partido, como usted, socialdemócrata?
R. Amarillos es todavía una fuerza en construcción. Y aquí han llegado vertientes de pensamiento que, algunas, han caminado juntas. Hay mucha gente que ha venido de la tradición del humanismo cristiano, grupos que integraron masivamente la Democracia Cristiana, hay gente como yo que viene del Partido Radical, el PPD, el Partido Socialista y otra que viene de la centroderecha que no había militado nunca en un partido.
P. Usted dijo que la propuesta anterior de Constitución, la que fue rechazada, era extraordinariamente mala y dañina para la democracia en Chile.
R. Era una suma de proyectos identitarios y lo que se busca construir a través de una Constitución es, esencialmente, una institucionalidad en que puedan armonizarse los intereses de todos. Me siento muy orgulloso que hayamos logrado frenar ese proyecto constitucional.
P. El mismo pecado de origen del proyecto anterior –que era identitaria, que no armonizaba los intereses de todos– tiene la nueva propuesta, pero esta vez por las derechas, según sus críticos. Pero ahora usted la va a aprobar. ¿Por qué?
R. Porque claramente esta propuesta de Constitución es mejor que la de Pinochet, que nos rige hasta hoy. Y, en segundo lugar: creemos que es importante que Chile de una vez por todas cierre el debate constitucional que, objetivamente, está estorbando el desarrollo del país.
P. ¿Por qué cree que la propuesta es mejor que la Constitución actual?
R. La consagración de un Estado social y democrático de derecho es claramente una definición que faltaba en la Constitución chilena. Hay un reconocimiento de derechos que tampoco estaban, como el de la vivienda, la seguridad social y la educación. Y un asunto que ha sido parte fundamental del discurso de la izquierda: en la propiedad del agua, establece el derecho preferente al uso del agua para consumo humano, todo lo contrario que tenemos en la Constitución de hoy. Se establece, además, una suerte de paridad –aunque sea temporal–, en el ingreso y salida de la representación política para mujeres, lo que sin duda es un avance. El reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios y su interculturalidad, es un elemento que no está en la Carta Fundamental hoy día. La habilitación de leyes para la reforma del Estado que logren impedir la captura política y ayuden a mantener la democracia, es central. Hay avances importantes en materia de descentralización, la reforma del Ministerio Público para adecuarlo a la realidad delictiva de hoy día –con la creación de una Fiscalía supraterritorial– y el fin de las leyes orgánicas constitucionales, pero el establecimiento de las leyes de quórum especial que requieren la mayoría absoluta.
P. ¿Hay alguna que le parezca la más importante?
R. La más importante de todas: el rediseño del sistema político que apunta a disminuir la cantidad partidos y concentrar la representación para construir partidos más responsables que, según nosotros, es lo que hoy está fallando hoy día centralmente en Chile.
P. ¿Contiene elementos que no les gusten?
R. La propuesta de Constitución contiene cosas que no nos gustan, pero nada puede ser perfecto. Es muy difícil que hubiéramos tenido una satisfacción al 100% en una Constitución construida por una mayoría de derecha, pero tenemos que reconocer que la derecha tuvo la apertura suficiente para sentarse a conversar y negociar cosas que para nosotros eran particularmente repugnantes y que fueron modificadas.
P. ¿Cuáles?
R. Objetamos, por ejemplo, el establecimiento de la justicia militar. Era un exceso que ni Pinochet se había permitido y no íbamos a permitir que estuviera una Constitución nacida en democracia, y eso se eliminó. Otra norma irritante era una objeción de conciencia no solo de las personas, sino de las instituciones, una rareza mundial. Era una privatización de la moral pública insoportable, pero se modificó –quedó solo la personal– y, además, se bajó la especificación de la procedencia y la forma de ejercerla a un texto de ley que se tendrá que dictar en democracia. Hay cosas que no nos gustan, como la forma en que quedó la conceptualización del derecho a huelga, que es extraordinariamente restrictiva tratar de mantenerla solo dentro de la negociación colectiva.
P. ¿Y, entonces?
R. Es que en ese caso hacemos esta reflexión: la huelga es un fenómeno social que no necesita reglas ni leyes. Los empleados públicos en Chile, por ejemplo, no tienen derecho a huelga y pasan en huelga. El que sostenga que se cierra esta forma de negociación de los trabajadores, es una ilusión. Por lo tanto, en el balance final, entre las cosas que son mejores que la Constitución actual, los elementos que lograron morigerarse y las pocas cosas que no nos gustan, finalmente optamos por aprobar para cerrar el ciclo constitucional y seguir avanzando en el desarrollo del país.
P. Usted dice que la derecha tuvo la apertura para negociar. ¿No lo hizo la izquierda a través de los 17 miembros en el Consejo Constitucional?
R. No. En eso tenemos que ser muy honestos. No solo no lo vimos, sino que se negaron a dialogar con nosotros, con Amarillos. No pudimos con ellos trabajar ninguna mejora. Pudimos sentarnos con Chile Vamos [de la derecha tradicional] y tuvimos largas discusiones, impulsamos modificaciones que cristalizaron muchas mejoras. Tuvimos reuniones con el Partido Republicano, que era el mayoritario, y en ellos descubrimos una apertura a conversar cada uno de los capítulos de la Constitución y cedieron en muchas de las cosas que le pedimos. En cambio con el oficialismo nunca pudimos tener ni siquiera una conversación.
P. ¿Cómo se lo explica?
R. Yo tengo la impresión de que el oficialismo apostó desde el principio de este segundo proceso al todo o nada, al rechazo, y por eso no tenían ningún interés en conversar.
P. ¿Por qué lo haría, considerando que es un anhelo histórico de la izquierda superar la Constitución de Pinochet y escribir una en democracia?
R. Será muy difícil para el oficialismo explicar, después de que tuvo un plebiscito anterior donde dijeron que cualquier cosa era mejor que la Constitución de cuatro generales, que saldrán hoy a trabajar en contra de la aprobación de un texto generado en democracia, para justamente mantener esa Constitución de los cuatro generales. Este proceso ha sido todo lo democrático que pueda expresar el hecho que todos los consejeros fueron elegidos en una votación libre, abierta, informada, con todas las reglas de la democracia y que fue el pueblo de Chile el que generó las mayorías y las minorías de ese órgano. En el consejo se expresó un equilibrio político que dio el pueblo de Chile. El voto de cada ciudadano construyó un esquema de mayorías y minorías. Eso puede que a alguien no le guste. Es posible que alguien estime que es circunstancial, pero lo que los demócratas tienen que aceptar y respetar es que esos consejeros fueron electos por los chilenos para hacer una Constitución. Por lo tanto, esta propuesta de Constitución es la obra que decidió el pueblo de Chile.
P. Incluso sectores moderados de la centroizquierda, como lo expresó Ernesto Ottone, rechazarán porque consideran que “el texto presenta una actitud defensiva frente a una sociedad que es cada vez más liberal”. ¿No concuerda?
R. Sí, pero esa consideración cede en favor de las consideraciones de los elementos buenos que tiene el texto.
P. ¿No ratifica acaso el texto el papel clave a los privados en la provisión de derechos sociales, como en el sistema de pensiones y salud, más allá incluso que la Constitución vigente?
R. Me llama la atención que alguien le objete a la Constitución el ser expresión de principios defendidos por las derechas cuando lo que pasó fue que la ciudadanía le dio una mayoría a la derecha entre los consejeros que hicieron la propuesta. ¿Qué esperaban, que la derecha escribiera una Constitución de izquierda? Es un absurdo.
P. ¿Pero es o no una propuesta de derecha?
R. Yo no creo que sea un texto de derecha, sino con sesgos conservadores. Pero la pregunta que hay que hacerse es otra: ¿quién es el responsable de que hayamos llegado a la situación en que estamos?
P. ¿Qué responde usted?
R. Aquí hay personas con nombre y apellido que abrieron la caja de Pandora y los demonios que salieron son responsabilidad de quienes abrieron de manera irresponsable esa discusión cuando no estaban preparados ni para ganarla ni para controlarla. Finalmente, esta propuesta de Constitución es un boomerang al intento de asalto al poder de la extrema izquierda. Una reacción del pueblo de Chile en contra de los actores del intento constitucional fallido. Y, por lo tanto, gran parte de la responsabilidad de la reacción del pueblo de Chile la tienen quienes trataron de destruir la institucionalidad que este país se había dado.
P. ¿A quién se refiere?
R. A los consejeros de la Lista del Pueblo en el proceso anterior y a todas las fuerzas de izquierda que permitieron sus estropicios.
P. ¿Incluye al presidente Boric y a su Gobierno?
R. Perdón, pero el presidente Boric fue el jefe de campaña en el proceso anterior.
P. En las encuestas, los que rechazan van arriba (53% ante un 31% que la aprobará, según Feedback). ¿Ve opciones de que el escenario se revierta en seis semanas?
R. Después del rechazo al proyecto constitucional por 62% o 38% en septiembre de 2022, no ha ocurrido nada que pueda cambiar el clivaje que ya se produjo. La gente va a votar alineada de la misma manera que en el plebiscito anterior. O sea, el Gobierno va a perder otra vez por más del 60%.(por Rocío Montes, El País.es)
