Charles Scicluna viajó en dos oportunidades a Chile. En principio, para indagar una eventual responsabilidad del obispo emérito de Osorno, Juan Barros, en el encubrimiento de casos de abusos. Sin embargo, tras recoger decenas de testimonios, lo que encontró fue lo que él mismo llamaría una “caja de Pandora”. Tras su segunda visita, la Conferencia Episcopal, por decisión de los obispos, anunció, el 3 de agosto del año pasado, la creación del Departamento de Prevención de Abusos.
Y fue Pilar Ramírez la elegida para asumir como directora ejecutiva de dicho organismo, tanto por sus conocimientos de la Doctrina Social de la Iglesia como de temas de infancia y abuso sexual. En su primera entrevista desde que asumió el cargo, la abogada se refiere, entre otros aspectos, a las denuncias recibidas, la relación con Roma y el presupuesto.
¿Cuándo terminó el trabajo de la comisión de escucha encargada por Scicluna?
La recepción de denuncias del servicio de escucha finalizó en diciembre de 2018. Sin embargo, en la actualidad algunas de ellas se continúan gestionando por el Departamento de Prevención.
¿Qué pasó con esas denuncias?
Fueron enviadas a la autoridad competente en cada caso y también a monseñor Charles Scicluna. No tengo información sobre lo que él pudo haber realizado con estos antecedentes.
¿Cuántas denuncias han recibido desde entonces?
A partir de enero de 2019 hemos recibido 24 denuncias por abuso sexual a menores de edad y 13 denuncias por abuso sexual a mayores de edad.
Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, ¿siguen en contacto?
El Departamento de Prevención se relaciona con la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) a través de las vías propias para estos fines. Más allá de eso, desconozco el tipo de contacto que monseñor Scicluna o monseñor Bertomeu puedan tener con personas o instancias de la Iglesia en Chile.
¿Cuánto presupuesto tiene asignado el Departamento?
Anualmente tiene asignado $ 72.530.164. Este monto incluye las actividades que realizamos, como las jornadas de formación en prevención de abusos, viajes asociados a instancias de formación solicitadas por las diócesis, reuniones para recibir denuncias que no se desarrollan en Santiago, gastos operacionales propios del funcionamiento de una oficina y recursos humanos.
¿Es fluida la comunicación con Roma y se respetan los plazos para investigar las denuncias?
Sobre las investigaciones previas, el Papa Francisco señaló en su carta apostólica “Vos Estis Lux Mundi” que éstas no deberían durar más de 90 días. Cada autoridad competente establece el periodo de tiempo en que se desarrollará este tipo de investigaciones preliminares. En aquellas denuncias por abuso sexual de menores de edad cometidos por clérigos, esta información debe ser derivada a la CDF, y ese organismo decide, a partir de los antecedentes recibidos y otros elementos, si dicha congregación realizará un proceso canónico o si se solicitará a la autoridad en Chile llevar a cabo dicho proceso. Para esta última etapa no existen criterios de tiempo establecidos.
Tras el encuentro sobre la protección de menores en la Iglesia realizado en Roma a comienzos de año, ¿ha habido cambios en la manera en cómo abordar la temática de los abusos en la Cech?
Si bien este encuentro no tuvo como objetivo establecer nuevas normas para abordar estos casos, sus temáticas han sido posteriormente profundizadas tanto por los obispos como por el Consejo Nacional de Prevención. Sin duda, las reflexiones y los testimonios que se conocieron continúan desafiando e impulsando el caminar de quienes trabajamos en la Iglesia por ambientes sanos y seguros.
¿Cómo definiría la relación con las congregaciones en Chile? ¿Las denuncias se tramitan con toda la celeridad que se requiere?
La Conferencia Episcopal, y por lo tanto, su Departamento de Prevención, presta un servicio especialmente dirigido a las diócesis del país, como cualquier otra instancia del Episcopado. El Departamento utiliza los mismos criterios de recepción de denuncias, sin hacer una distinción entre diócesis y congregaciones. Realizamos la correspondiente derivación y seguimiento de los casos, y la respuesta de parte de la autoridad de la diócesis o la congregación, en términos generales, es muy similar. (La Tercera)