En la Reforma Tributaria aprobada en 2014, Chile introdujo por primera vez impuestos a las emisiones contaminantes de fuentes fijas denominados “impuestos verdes”, los que son reconocidos a nivel global como una herramienta central en la gestión ambiental, demostrando ser un instrumento óptimo para entregar señales apropiadas al mercado y modificar conductas perjudiciales para el medioambiente.
Su vigencia a partir del 1 de enero de 2017 es un gran paso en materia ambiental en nuestro país. No se trata, como se ha señalado, de una distorsión del mercado, sino de una herramienta que permitirá que los agentes productivos internalicen las externalidades negativas de sus procesos, mejoren las condiciones ambientales y, por cierto, disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Estamos convencidos de que este es el camino que hay que recorrer hacia adelante.
Adicionalmente, su implementación es parte de nuestro compromiso como país a nivel internacional de participar activamente en la Coalición de Liderazgo del Precio al Carbono, sabiendo que para avanzar en la mitigación de los GEI es necesario entregar señales de precio a los agentes públicos y privados para que internalicen los costos externos del calentamiento global.
Este instrumento es eficiente y eficaz en el control de las emisiones, y logra reconocer los impactos diferenciados de las contribuciones nacionales en la emisión de gases de efecto invernadero.
Y en tercer término, este instrumento de gestión ambiental ayuda a alcanzar los objetivos de política ambiental de manera más eficiente y dar cumplimiento a las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Convención Marco de Cambio Climático.
Este impuesto verde implica el cobro de US$5 a la emisión de una tonelada de CO2 para aquellas fuentes fijas que superen los 50 megavatios de generación térmica, y ratifica el liderazgo de Chile en la región en materia de acción climática, al ser un país pionero en implementar este instrumento.
Los primeros días de diciembre el Ministerio del Medio Ambiente dio a conocer la lista de los establecimientos que se encuentran en esta situación y que deberán pagar este impuesto por sus emisiones de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOX), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2).
Se identificaron en esa nómina 85 establecimientos afectos, donde la generación de electricidad lidera las emisiones sujetas a impuesto con el 68% del material particulado y más del 91% del CO2, NOx y SOx.
En total son 54 las empresas sujetas a este impuesto, de las cuales el 60% son generadoras, un 15% pesqueras, un 8% de celulosa y papel, y un 8% agrícolas. Por ello más del 60% de los establecimientos se concentran en las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Biobío.
Aunque se trata de un impuesto relativamente bajo -hay estudios internacionales que cuantifican el daño ambiental de una tonelada de CO2 en hasta US$120-, creemos que este nuevo instrumento es clave en el apoyo a la política de descontaminación atmosférica del país y en el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales de reducción de los GEI.
Asimismo, la implementación de estos impuestos verdesconstituye un enorme desafíoen materia de política pública.A diferencia de los impuestostradicionales, este requiere de coordinación entre los ministerios de Hacienda y del Medio Ambiente, así como el diseño e implementación de un completo sistema de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones afectas.
Esto es fundamental para incluir a Chile en esquemas internacionales de transacción de emisiones o mecanismos de desarrollo limpio, que se prevén en la implementación del Acuerdo de París.
Este nuevo impuesto verde, pionero en Sudamérica, es un primer esfuerzo por introducir instrumentos de mercado en la gestión ambiental. Ello es fundamental para el desarrollo de una política ambiental más moderna y eficiente, pero también para situar a Chile en la senda del desarrollo sostenible. (Pulso)
Pablo Badenier, ministro de Medio Ambiente
