En los últimos años, la credibilidad de nuestras estadísticas públicas se ha deteriorado. En justicia, habría que decir que todas las confianzas se han deteriorado, pero en este caso, el hecho parece particularmente preocupante. Como sociedad podemos convivir con opiniones diferentes, pero no con números diferentes. No contar con indicadores comúnmente aceptados produciría un colapso total. ¿Alguien puede imaginar lo que sucedería si, por ejemplo, el valor de la UF fuera modificado retroactivamente?
Pues bien, hace algunas semanas, el INE procedió a rectificar una importante serie histórica de datos, y con efecto retroactivo; nada menos que el Índice de Remuneraciones de Mano de Obra. Primero hubo observaciones del Banco Central, luego el mismo INE procedió a declarar que existía “un desacople” entre el Índice y registros administrativos. A continuación, se publicó un índice revisado de las cifras actuales y hacia atrás. Los nuevos guarismos, hay que decirlo, mostraron una evolución más favorable. Quizás el cambio era necesario, quizás el indicador corregido es más correcto, pero convengamos que el episodio no aporta a la credibilidad de los números.
Antes estuvo el lamentable proceso de anulación del Censo 2012, también las polémicas respecto a medición de pobreza en la Casen 2011, o las sucesivas modificaciones que ha tenido la encuesta que mide evolución de la delincuencia (Enusc).
Desde 2015 se tramita en el Congreso una ley que crea un nuevo diseño del sistema estadístico nacional, y que aborda la independencia del INE. Esta reforma vendría a reemplazar la actual ley, dictada hace casi 50 años (1970). Desgraciadamente, el proyecto duerme en interminable trámite, sin avance perceptible. Peor aún, esta semana, el director del INE ha afirmado que la autonomía del instituto no es prioridad, pues “para todos los fines que de verdad importan, el INE es y ha sido autónomo”.
La OCDE ha recomendado, repetidamente, aumentar la autonomía del INE y reforzar su gobierno corporativo. Postulo que es urgente avanzar en este sentido. Sea con el proyecto en trámite, o con otro. Debemos hacer lo posible por recuperar la confianza en nuestras estadísticas públicas, una de nuestras históricas fortalezas.
Muchos especialistas han manifestado la necesidad de reforzar al ente estadístico rector, dotarlo de mayores capacidades y, ante todo, independizarlo del proceso político. Espero que el actual gobierno avance en este sentido. Está en juego la imprescindible confianza en las estadísticas públicas, pero no sólo eso, tenemos que intentar revertir, o al menos detener, lo que parece ya una demolición de la confianza en las instituciones. (La Tercera)
Roberto Méndez
